Dos años de la muerte de una joven en el Hospital de Valme por la caída de un ascensor

El 20 de agosto se cumplen dos años de la muerte de la joven Rocío Cortés Núñez al quedar atrapada en un ascensor del Hospital de Valme momentos después de dar a luz. Por ahora, hay dos personas investigadas por el trágico suceso: el celador y el ascensorista que estaban trabajando en ese fatídico momento. La joven de 25 años y vecina de la barriada nazarena de los Montecillos, murió pasadas las 14:30, horas después de que le hubieran practicado una cesárea, por la que dio a luz a su tercera hija. Rocío iba a ser trasladada de la segunda planta, donde está la sala del despertar, a la tercera, donde estaría su habitación.

La última novedad en este procedimiento se produjo en marzo cuando el laboratorio de la Policía Científica de Madrid no pudo recuperar los datos de la CPU del ascensor donde se produjo el accidente. La juez de Instrucción número 1 de Sevilla, Elvira Alberola encargó esta investigación al laboratorio de la Policía Científica de Madrid porque estos datos no aparecieron cuando se investigó el aparato a pesar de que el mismo cuenta con una batería auxiliar.

Actualmente el caso está a la espera de varias decisiones, según José María Núñez, abogado de la familia de la víctima. Por un lado, el letrado está pendiente de que la jueza se pronuncie acerca de la pérdida de datos de la CPU del ascensor. "Es decir, si ha sido intencionada o no". Po otro, el letrado espera que la jueza se pronuncie acerca de la solicitud de archivo presentada por el abogado del ascensorista. Simón Fernández, el abogado de éste último explicó que espera además a que el fiscal se pronuncie sobre contra quién o quiénes se dirige la causa y si la instrucción se puede dar ya por finalizada.

Entre los informes solicitados durante la etapa de instrucción, además de la investigación llevado a cabo por la Policía Científica de Madrid hubo uj informe policial inicial realizado por la Policía, además de otro peritaje ejecutado por los ténicos de Atisae, que fue encargado por la Delegación de Industria.

En el informe inicial realizado por la Policía atribuyó lo ocurrido a un "fallo humano", sospechando que el ascensorista pudo "manipular el freno de mano" sin adoptar las medidas de seguridad. Sin embargo, en su declaración como investigado, en enero de 2018, el ascensorista del Hospital de Valme que estaba de servicio aquel trágico 20 de agosto de 2017 defendió que no tuvo ninguna "intervención o manipulación" en el aparato que determinara el trágico suceso. Por otro lado, los peritos de la empresa Atisae, a quienes la Delegación de Industria encargó un informe técnico, descartaron que el ascensor tuviera ningún tipo de problema técnico que incidiera en el suceso y atribuyeron lo ocurrido a un "fallo humano".

Durante la declaración de A. J. F. G., el celador que llevaba la camilla de la joven Rocío Cortés ante la juez instructora del caso, éste reconoció en septiembre de 2018 que intentó abrir las puertas del ascensor con sus propias manos. Durante su testimonio, en calidad de investigado, explicó que cuando la puerta del elevador se cerró, no lo hizo completamente, sino que la parte inferior no se cerró bien, y como vio que no se movía, le dio a la botonera e intentó abrir las puertas con sus manos.

A partir de ahí, relató que llamó a centralita para informar de que el ascensor no funcionaba y que la paciente "se estaba poniendo nerviosa".

El juzgado, pidió además al Hospital de Valme el protocolo de traslado de enfermos por parte de los celadores, aunque durante su declaración, el celador investigado indició que no hay ninguna normativa sobre cómo actuar en caso de quedarse encerrado en el ascensor con los enfermos".

Denuncias previas

Al comienzo de la instrucción se supo que los celadores del Hospital de Valme alertaron hasta siete veces de fallos en el ascensor del accidente. De hecho, el sindicato USO presentó dos denuncias ante la Inspección de Trabajo, que se archivaron, y cinco escritos en dos años ante el hospital. Por su parte, el SAS aseguró que estas denuncias fueron previas a la renovación de los elevadores. El primero de los escritos de denuncia tiene fecha de octubre de 2015 y el último, del 21 de diciembre de 2016.