Un impedido fallece con su juicio fijado para dentro de dos años

Un discapacitado residente en el Polígono Norte de Sevilla ha fallecido con el juicio sobre su derecho a pensión fijado para dentro de dos años, el 22 de marzo de 2021. Impedido debido a graves problemas de movilidad, la Junta de Andalucía le reconoció en noviembre de 2018 el derecho a aumentar sus horas de asistencia domiciliaria de 16 a 45 mensuales pero el Ayuntamiento de Sevilla no atendió su petición por falta de personal.

Francisco tenía 57 años y falleció el 6 de febrero. Vivía en un segundo piso sin ascensor y desde diciembre de 2017 apenas salía de casa debido a su insuficiencia respiratoria, complicada con patologías circulatorias, digestivas e hipertensión.

María Luisa, una religiosa seglar que trabaja en el Polígono Norte, explica a este periódico que Francisco vivió sus últimos años “gracias a muchos vecinos que le han ayudado”. Le llevaban el pan, le hacían el papeleo, le acompañaban al dentista o al tribunal médico y el cartero le subía las cartas. Pero apenas salía de casa y su único consuelo era abrir el balcón y dejar entrar la luz del sol.

Francisco percibió durante unos meses dos pensiones: una no contributiva de invalidez de unos 400 euros, abonada por la Consejería de Igualdad, y otra de 553 euros mensuales del Instituto Nacional de la Seguridad Social por incapacidad permanente en grado de gran invalidez.

En febrero de 2018, la Junta de Andalucía le retiró la pensión no contributiva y le reclamó 4.959 euros que declaró haber sido percibidos indebidamente, por haber estado cobrando dos pensiones. Francisco pasó los últimos meses de su vida preocupado por esta demanda de la Junta y con el miedo a ver su vivienda embargada, según María Luisa.

En un bloque sin ascensor, vivía en un piso-cárcel como los denominan las personas dependientes. Francisco tenía colgado de su balcón un cartel que pedía “Viviendas accesibes, ya!”.

Tenía reconocidas 16 horas al mes de asistencia domiciliaria como persona dependiente, que en noviembre de 2018 la Junta elevó a 45 horas mensuales. Pero cuando María Luisa acudió al distrito municipal para solicitar ese incremento de atención domiciliaria, le respondieron que no podían atender su petición por falta de personal.

La abogada de Francisco, Aurora León, afirma a este periódico que María Luisa y el resto de vecinos “suplieron lo que tenía que haber sido una asistencia social pública”. “Este caso ha sido un despropósito de principio a fin. Las administraciones están muy burocratizadas y ajenas al problema real del ciudadano”.

En el caso de Francisco, afirma, hubo una “negligencia” de la Administración andaluza, pues pudiendo conocer desde abril de 2017 la existencia de la pensión de la Seguridad Social, en noviembre de ese año confirmó la no contributiva que abonaba la consejería de Igualdad y no reclamó el cobro supuestamente indebido hasta un año después.

El pago de los 4.959 euros que reclama la Junta era “imposible de efectuar por Francisco, dada su precaria situación”, argumentó su abogada en una demanda presentada en octubre de 2018. El juicio en el juzgado Social 5 fue fijado para el 22 de marzo de 2021, dos años y medio después.

Sobre este extremo, Aurora León mantiene que “dos años y medio de retraso en el juicio equivale a denegar la Justicia y atenta directamente contra el artículo 24 de la Constitución” en lo referente a las dilaciones indebidas. “Francisco ha muerto sin ver su derecho atendido. El ciudadano cree que hay una última instancia que es la Justicia y le responde a dos años y medio de plazo”.