El archivo de la Audiencia guarda 30.000 cajas y dos garrotes

El Archivo de la Audiencia de Sevilla guarda todos los pleitos que ya tienen sentencia firme. Ello significa dar entrada cada año a 300 metros lineales de estantería o 2.500 nuevas cajas archivadoras. Todo son documentos, salvo dos objetos: los dos garrotes que se usaron para las últimas condenas a muerte hasta su abolición en 1977.

En la actualidad almacena 30.000 cajas archivadoras, correspondientes a pleitos celebrados desde 1977 hasta la actualidad en la Audiencia y en las salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que tienen su sede en Sevilla. La Fiscalía tiene su propio archivo, así como los juzgados y la Junta Electoral.

El archivo es una dependencia desconocida para los profesionales que frecuentan los tribunales. Está situado en el sótano del Palacio de Justicia y sufre la misma precariedad de medios que toda la Administración de Justicia andaluza. Las humedades afloran por doquier en el suelo y en las paredes. Una parte cuenta ya con archivos rodantes pero la otra mitad está todavía en estanterías metálicas. La ventilación procede de una única ventana que da a un patio interior y hasta hace poco el archivo estaba junto a la caldera de la calefacción.

Eso sí, cuenta con un moderno sistema antiincendios que, en cuanto detecta una llama, crea un ambiente hipóxico, es decir, sin oxígeno, que impide que se propague el incendio.

Los pleitos más antiguos que conserva la Audiencia de Sevilla datan de 1528 y están en el Archivo Histórico Provincial de la calle Almirante Apodaca. Los intermedios -otras 30.000 cajas- están en unos almacenes externos contratados por la Junta de Andalucía. Cada año, el responsable del Archivo Territorial, José Luis Rodríguez, hace una propuesta a los secretarios judiciales para decidir cuántos expedientes trasladarán al almacén del sótano desde su secretaría.

A su vez, hace una propuesta a la Junta para retirar documentos. La última, que se lleve 15.000 cajas.

Este año, el archivo está de enhorabuena porque la Junta Electoral Provincial ha retirado todos sus archivos, que guardaban todas las papeletas depositadas en todas las mesas electorales y todas las actas de todas las elecciones celebradas en democracia. Cada proceso electoral suponía entre 200 y 300 cajas.

El año 2018 fue de relativa poca actividad y el archivo dio entrada a 917 cajas nuevas, con un total de 6.410 expedientes.

Pese a ello, los casos complicados se atascan. El legajo del caso Arny de prostitución de menores, uno de los más voluminosos juzgados en Sevilla, sigue aún en la secretaría de la Sección Tercera de la Audiencia pese a que desde el año 2000 tiene sentencia firme del Tribunal Supremo.

El sumario del quíntuple crimen de Los Galindos sigue desaparecido

A pesar del celo y profesionalidad de los encargados del registro, hay hechos lamentables como la desaparición del sumario por el triple crimen del cortijo de Los Galindos, ocurrido en 1975 y que sigue sin esclarecerse.

Cuando en 2015 surgieron las primeras informaciones sobre la pérdida del sumario instruido en el juzgado de Marchena, los expertos de la Junta revisaron los legajos y confirmaron que el sumario 20/1975 no aparecía por ningún sitio. La pérdida se produjo posiblemente en 2014, cuando se derrumbó un techo del juzgado de Marchena y 1.045 cajas fueron cambiadas de ubicación.

Pleitos históricos por compra de esclavos y naufragio de naves

El Archivo Histórico Provincial custodia 581 cajas con causas judiciales de la Real Audiencia de Sevilla entre los años 1528 y 1872. Luego se convirtió en Audiencia Territorial y de esa época (1871-1989) existen 570 libros con expedientes encuadernados y otras 142 cajas.

El contenido de esos primeros pleitos se puede consultar en internet. En los siglos XVI y XVII eran frecuentes las demandas por dotes matrimoniales incumplidas, por lo que hoy sería intrusismo profesional entre artesanos y por el seguro o la propiedad de naves naufragadas o apresadas por corsarios.

Consta en ese archivo que en 1560 un hombre denunció a otro por el impago de la compra de 220 esclavos y que en 1561 el vendedor de una herrería fue denunciado por ocultar que estaba confiscada por el Santo Oficio de la inquisición.

También está guardado un pleito de 1584 en el que el administrador de los presos pobres de la cárcel de Sevilla demandó a la viuda de un comerciante, natural de Córcega, por incumplir una cláusula del testamento de su marido a favor de los presos de la cárcel.