Pesadilla en el banco

Una joven ingeniera de Sevilla está envuelta desde septiembre pasado en un huracán judicial y policial después de que su DNI fuese pirateado para abrir tres cuentas bancarias que se han usado para cometer decenas de estafa. Han empezado a llegarle demandas y hace unos días fue detenida en la Comisaría de Policía de Dos Hermanas cuando acudió a poner una nueva denuncia y se enteró de que estaba en búsqueda y captura por orden de un juzgado de Valencia.

Marta explica a este periódico que se siente “angustiada e impotente porque no puedo hacer nada”, pero a la vez “indignada y frustrada con los bancos que permiten abrir cuentas con una simple videollamada”. “Lo peor es no saber cuándo va a terminar este sinvivir”, afirma.

Observa con ansiedad que “esto no termina, ya tengo antecedentes policiales y me pueden volver a detener en cualquier momento”.

A finales de marzo le notificaron que tenía una denuncia contra ella interpuesta en Chiclana (Cádiz) por una cuenta que ella no había abierto, acudió el día 26 a la Comisaría de Dos Hermanas a denunciar la suplantación que había sufrido y en ese momento la Policía le comunicó que no solo no podía recibir su denuncia, sino que debía detenerla en cumplimiento de una orden de búsqueda y captura dictada por un juzgado de Valencia.

La Policía la fichó, le tomó las huellas, le hizo las fotos de rigor y Marta declaró por videoconferencia como investigada ante el juzgado de Dos Hermanas. La denuncia se refería a un alquiler vacacional de 880 euros que una mujer había ingresado en una cuenta en la que Marta figuraba como titular.

Imputada en juzgados de Cádiz, Zaragoza y Valencia

De nuevo este miércoles 7 de abril está citada en un juzgado de Alcalá de Guadaíra, en esta ocasión por exhorto de un juzgado de Zaragoza referido a una transferencia de 7.026 euros realizada tras interceptar un correo electrónico entre dos empleados de una misma empresa.

Sus abogadas, Carmen Quintana y Emilia del Río, no ocultan los problemas a que se enfrenta: la cancelación de antecedentes policiales no puede hacerse hasta que el procedimiento judicial esté archivado y Marta puede ser detenida en cualquier momento, especialmente en un aeropuerto si sale de España por trabajo o vacaciones.

Las letradas echan de menos un protocolo policial que se aplique desde la primera denuncia del ciudadano cuyos datos hayan sido pirateados. Creen además que “a petición del afectado, el Banco de España debería hacer un barrido para localizar todas las cuentas abiertas a su nombre, poder cerrarlas y tomar medidas preventivas”, opina Carmen Quintana.

En el caso de Marta, hasta ahora han aparecido tres cuentas abiertas en Bankia, Openbank y BBVA, que se han usado para conceptos tan variopintos como el pago de alquileres, una “devolución Comunión”, provisiones de fondos, cursos se enseñanza e indemnizaciones judiciales.

Una de esas cuentas tuvo una veintena de movimientos en 17 días con un importe total de unos 20.000 euros, por lo que Marta sospecha que es utilizada por un hacker y teme que le “empiecen a llover denuncias en cualquier momento”.

Las investigaciones de la Policía han descubierto que dos de las cuentas fueron abiertas el mismo día (27 de agosto de 2020), desde el mismo correo electrónico, mismo ordenador y por la misma persona.

Marta asegura que siempre ha tenido su DNI, no lo ha perdido ni se lo han robado pero una de las cuentas se abrió mediante reconocimiento facial por videollamada con una mujer que se parecía a ella.

Por ello su principal queja es contra el sistema bancario que permite estos procedimientos, pero también lamenta la facilidad con la que un juez dicta búsqueda y captura. “No soy una fugitiva, llevo siete años en la misma empresa, viviendo en el mismo domicilio, pago una hipoteca, tengo coche y todos los años hago la declaración del IRPF”, se lamenta.