El rebrote de la "mafia del taxi"

Vuelve el conflicto generado por el monopolio de la parada de taxis del aeropuerto. De nada ha servido el reciente auto dictado por la juez que investiga la denominada “mafia del taxi”, que ha procesado a 27 taxistas por las coacciones y actos vandálicos para mantener el control de la parada. La vuelta de los turistas una vez que la pandemia parece estar controlada ha provocado un rebrote de los incidentes entre los taxistas en San Pablo, como adelantó ayer este periódico.

Es lo que sucedió el pasado 25 de febrero, cuando varios taxistas que habían acudido a recoger a clientes al aeródromo fueron increpados por sus compañeros, en presencia de los turistas que habían contratado el taxi mediante una plataforma de viajes. De nada ha servido, por ahora, que los taxistas afectados hayan puesto los hechos en conocimiento del Instituto del Taxi. En los dos años anteriores la normalidad había imperado en el gremio, no se habían conocido nuevos altercados hasta ahora.

Estos incidentes, que afortunadamente no han pasado a mayores como en las etapas anteriores, se produjeron tan sólo unas semanas después de que la juez de Instrucción 8 de Sevilla, Reyes Flores, pusiera punto y final a una parte de la investigación que desde hace años realiza sobre los actos violentos cometidos presuntamente por taxistas y su enfrentamiento con los conductores de los VTC.

La instructora realizó en el auto un exhaustivo análisis de la situación generada por la “mafia del taxi” –la magistrada ha procesado a los 27 taxistas por delitos de organización criminal, coacciones y daños– y en la misma resolución incluía un reproche a la conducta omisiva que durante años ha tenido el Ayuntamiento de Sevilla. En este sentido, la juez llegó incluso a citar inicialmente como investigado al actual delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, quien negó cualquier tipo de “acuerdo o permisividad” para el uso exclusivo de la parada por parte de Solidaridad del Taxi.

Para la magistrada, es un hecho “público y notorio” en la ciudad que la parada del aeropuerto “sólo es cubierta por quienes son miembros de la asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi”.

Pero a pesar de este conocimiento, la juez recuerda que no hay constancia de que el Ayuntamiento de Sevilla “haya adoptado medida alguna para intentar vigilar esta situación o velar porque no se continuara produciendo, por cuanto es cierto que si bien se creó una brigada de Policía Local que entre otras funciones tenía el de la vigilancia y control de esta parada, los propios agentes que la integran llegan a declarar que eran insuficientes, que carecían totalmente de recursos, que no podían estar permanentemente vigilando y que en todo caso cuando recibían un aviso de un incidente en el aeropuerto tenían dificultades para poder reconstruir los hechos y únicamente podían denunciar en los casos en que así se constataba”, aseveró.

Esta argumentación llevó a la instructora a concluir que Solidaridad del Taxi, inicialmente constituida desde el punto de vista formal como una asociación sin ánimo de lucro y tendente a salvaguardar los derechos e intereses de sus afiliados como titulares licencias de taxi, se “convierte y opera como una verdadera organización criminal, siendo un grupo perfectamente estructurado y jerarquizado a cuyo frente se encuentra el entonces presidente Enrique Filgueras y tras éste los demás miembros de la directiva, quienes vienen recibiendo instrucciones e indicaciones directas de éste”.

Para la instructora también resulta llamativo que la asociación dispusiera de un “catálogo interno de infracciones y sanciones de estricto cumplimiento, con un marcado carácter de sometimiento a las instrucciones y criterios del presidente que incluso se pone de manifiesto en los términos en que deben dirigirse al mismo cuando pretenden recurrir o hacer alegaciones a una de esas sanciones internas, todo ello con el objetivo esencial de obtener un beneficio económico”.

Esta asociación, continuó, se atribuyó “por la fuerza y con medios coactivos y vandálicos, el uso exclusivo de la parada de la terminal del aeropuerto, impidiendo así que el resto de los taxistas con licencia municipal en esta ciudad en una gran mayoría, no puedan acudir a dicha parada”.

La investigación judicial se inició en el año 2017, pero el problema del taxi en Sevilla no es nuevo. Se remontan a las últimas dos décadas y ninguno de los últimos alcaldes de Sevilla, desde Alfredo Sánchez Monteseirín, lo han afrontado de manera contundente para atajarlo. Ni siquiera se ha implantado el turno rotatorio que acabaría con el monopolio de la parada del aeropuerto, a pesar de que una sentencia del años 2002, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), declaró legal el acuerdo alcanzado el 30 de octubre de 2000 (en el primer mandato de Monteseirín) por el que se estableció el turno rotatorio en el aeropuerto de San Pablo.

De esta forma, sólo podrían operar en ella los taxis con la letra de la matrícula correspondiente al calendario oficial de descansos.

No sé si realmente esa sería la solución al problema de la mafia del taxi, aunque hasta ahora el Ayuntamiento se ha negado a implantarlo. Lo que sí está claro es que el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y su delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, no pueden consentir que, con la vuelta de los turistas, se reactive el escándalo de la mafia del taxi y que vuelvan los altercados más graves, como las agresiones y los lanzamientos de piedras o huevos.

Sevilla no puede permitirse el rebrote de la mafia del taxi, porque no debe olvidarse que esos insultos o agresiones es la primera imagen con la que pueden quedarse los turistas que cada año visitan la ciudad. Si hace falta reforzar la presencia policial, es el momento de hacerlo, cuanto estamos a las puertas de la Semana Santa y la Feria de Abril.