La Justicia no da votos

Es evidente que la Justicia no da votos y ello debe ser la causa de que tengamos una Administración de Justicia con pretensiones nórdicas y con prestaciones subsaharianas. Según los informes de la Comisión Europea estamos entre los ciudadanos de la Unión Europea que tenemos menos confianza en su Justicia; si en el años 2017 el 39% de los españoles encuestados estimaban que la situación de independencia de los jueces y magistrados era muy mala y el 45% opinaba que los jueces trabajan bajo la influencia y la presión de los poderes económicos, un año después, era un 49% de los españoles los que consideraban que la independencia de los jueces y fiscales era bastante mala o muy mala (1), explicando esta falta de independencia, un 40% de los españoles “por la interferencia opresión del Gobierno y los políticos” y un 30% debido a la “interferencia o presión de los poderes económicos o de otros intereses específicos”.

Y digo que no debe dar votos porque en España hay entre magistrados, jueces, jueces de paz, fiscales y letrados de la Administración de Justicia 19.419 personas; además hay 46.236 funcionarios de Justicia, Fiscalía, Juzgados de Paz y Registros civiles; y otras 180.652 personas que somos abogados/as, procuradores/as y graduados/as sociales. Si a esto sumamos que en el año 2018 se ingresaron en el sistema 5.873.689 procedimientos nuevos, incluso ignorando que en cada procedimiento hay dos partes, se puede afirmar que más de 6.119.996 españoles/as, lo que quiere decir, a la vista de nuestro censo electoral, que más de un 18% del censo electoral tuvo relación directa con la Administración de Justicia. (2)

En cuanto a la relación indirecta es difícil de calcular, desde los que estaban pendientes de qué hacer con sus “cláusulas suelo”, hasta familiares de víctimas de procesos penales, de los imputados, testigos de procedimientos, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y un largo etcétera de ciudadanos y ciudadanos que por uno u otro motivo estuvieron durante el año 2018 en contacto con la Administración de Justicia.

Así, si somos mínimamente empíricos, la mala opinión de los españoles sobre su Administración de Justicia y, sobre todo, con relación a la independencia de sus jueces y magistrados no podremos achacarla al “desconocimiento” toda vez que somos millones los que de una forma u otra estamos en contacto directo con esta Administración; sin embargo, esa mala opinión no debe de coincidir con un interés generalizado de que cambie el sistema porque si tomamos como muestra de interés los programas electorales de los partidos políticos y sus mensajes de campaña sobre la Administración de Justicia comprobaremos que ésta es una de las grandes olvidadas, situación que me lleva a confirmar la afirmación de que la Justicia no da votos.

Y no nos estamos centrando en la carencia de medios, que también, ni en las demoras dolorosas de muchísimos procedimientos judiciales, ni en el tremendo retraso que lleva la digitalización de esa Administración en relación a otras rabiosamente modernas y eficaces, tales como la Administración Tributaria o la Dirección General de Tráfico, sino que lo que se está dudando es que el poder judicial esté integrado por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley tal como prevé el artículo 117 de nuestra Carta Magna. Lo que se cuestiona, lo que españolas y españoles reflejamos en las estadísticas, es nuestra escasa confianza en la independencia de los jueces y magistrados frente al poder político y al poder económico, lo que muchos nos cuestionamos es que no parece que todos nuestros jueces y magistrados estén siempre y únicamente sometidos al imperio de la Ley.

No creo que a estas alturas nadie mínimamente sensato albergue dudas sobre la necesidad de un Poder Judicial independiente, si es que queremos vivir en un Estado social y democrático de Derecho ni, tampoco, sobre la situación de la Justicia en España que a todas luces clama por una reforma seria y responsable, por lo que la única razón para entender la pérdida permanente de independencia de nuestros jueces y magistrados es la desidia de muchos y el interés de unos pocos en que el Poder Judicial no sirva de control, de contrapeso de otros poderes del Estado; por eso tenemos que ponernos a ello, y cuanto antes mejor porque, lamentablemente, no serán los partidos políticos quienes encabecen la necesaria reforma, al menos, mientras la Justicia no de votos.

(1) Flash Eurobarómetro de la Comisión Europea. Abril 2019.

(2) Datos extraídos de “La justicia dato a dato“. Estadística Judicial. CGPJ