El juicio se reanuda con tres testigos que no vieron "tacha alguna" en las ayudas de los ERE

Dos testigos propuestos por la defensa de los ex altos cargos de la Junta juzgados en el caso de los ERE dijeron este martes que ningún técnico vio "ninguna tacha de irregularidad" en las ayudas investigadas. Otro alto funcionario confirmó la autonomía de las direcciones generales a la hora de decidir sus presupuestos y el papel de "mero trámite" por parte de los secretarios generales técnicos juzgados.

El juicio reanudó sus sesiones después del paréntesis de las vacaciones de verano con la retirada de dos testigos clave: la primera, Soledad Córdova, ex alto cargo en el ministerio de Trabajo que durante la fase de instrucción declaró que las ayudas investigadas en Andalucía tenían el mismo marco legal que una orden ministerial de 1995.

Tampoco va a comparecer como testigo Margarita Regli, letrada jefe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en este caso por problemas de salud que arrastra desde que su primera comparecencia estaba prevista hace dos meses.

Ante un nuevo informe forense que desaconseja su comparecencia en el juicio, el tribunal ha decidido visionar el vídeo de su declaración en el juzgado de instrucción.

En cuanto a Córdova, había sido propuesta por la defensa del ex consejero de la Junta José Antonio Viera. Su abogado explicó a los periodistas que su renuncia se debe a que ha quedado acreditado en el juicio que existía ese marco legal estatal, aunque otros letrados recordaban la circunstancia especial en que se encuentra Córdova, ahora también imputada en los ERE en el sumario por las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva.

Ante la renuncia de la defensa de Viera, el tribunal decidió suspender definitivamente la comparecencia de Córdova pese a un intento de otros abogados defensores de mantener su declaración alegando que ellos se habían adherido a la propuesta, aunque no lo hubieran hecho nominalmente.

La defensa de Viera también renunció a otro de sus testigos, Isabel Alonso, que fue secretaria del ex consejero.

La reanudación del juicio contó en primer lugar con el testimonio de Victoria Pérez Martínez, ex jefa del servicio de Gestión Económica en la secretaría general técnica de Empleo, quien declaró que nunca detectó ninguna irregularidad o deficiencia en relación con las ayudas sociolaborales que concedía la Junta ni transmitió ninguna "sospecha" a su superior jerárquico, Lourdes Medina.

Lourdes Medina, que fue secretaria general técnica de la consejería, "siempre cumplió estrictamente el procedimiento" y la testigo "nunca recibió de ella ninguna instrucción contraria al ordenamiento jurídico", afirmó. Cada centro directivo de la consejería determinaba sus propias partidas presupuestarias y la secretaria general solo tenía que "compilarlas" en un "acto de mero trámite".

El segundo testigo de la jornada fue Antonio Marmolejo, consejero de la Cámara de cuentas de Andalucía durante 19 años a propuesta del PSOE.

Este testigo aseguró que en los sucesivos informes de la Cámara de Cuentas no se observó ninguna "tacha o duda" sobre la partida 31 L, utilizada para pagar las ayudas investigadas ni sobre su clasificación presupuestaria.

En dichos informes "no aparecía ninguna irregularidad ni advertencia y no es que se le pasara a nadie, porque los auditores son personal muy cualificado y lo ven todo", según el testigo.

El juicio de los ERE vivió este martes una celeridad inusual: pocas preguntas, rápidas y renuncia a cuatro de los once últimos testigos previstos para estos dos días. Con ellos concluye el listado de 150 personas que han testimoniado desde que la vista oral empezó en diciembre de 2017. Los cuatro últimos testigos cierran mañana la nómina antes de dar paso a un mes de declaración de los peritos.