“La respuesta a la corrupción se está dando sin mirar nombres ni apellidos”

Está al frente de la Fiscalía de Sevilla desde octubre de 2018, a la que llegó desde la jefatura de la Fiscalía de Huelva para sustituir a María José Segarra, tras su nombramiento como fiscal general del Estado. En la primera entrevista que concede, Luis Fernández Arévalo (Sevilla, 1958) destaca la labor realizada en este primer año de mandato, hace un repaso de las necesidades del Ministerio Público y muestra su preocupación por la demora en la celebración de los juicios de las macrocausas, que están colapsando la Audiencia de Sevilla.

–Acaba de cumplir su primer año de mandato, ¿cómo resumiría esta etapa?

–Yo venía con la enorme ventaja de conocer perfectamente a todos los compañeros que están aquí en Sevilla y las peculiaridades de la Fiscalía y entonces eso me da bastante ventaja, y haber venido con la mochila de la jefatura de Huelva. Creo que se ha profundizado en determinadas medidas, siempre contando con el parecer de los compañeros. Ha sido novedoso el establecimiento de una reunión del fiscal jefe o la teniente fiscal con los fiscales que van a celebrar juicios en la Audiencia en donde todos los días se comentan y se busca solución a los problemas que se pueden plantear en los juicios.

En segundo lugar, hay un equipo para juicios con jurado que ya se había establecido en la etapa de María José Segarra, se han restablecido, y todo fiscal que va a un juicio de jurado puede plantear las cuestiones a este equipo integrado por dos fiscales muy experimentadas en la materia y el fiscal jefe o en su caso la teniente fiscal. Los resultados se están viendo porque las sentencias de los juicios con jurado se ajustan por completo a la petición del fiscal.

En materia de protección de víctimas otra innovación ha sido en el control de los señalamientos de la Audiencia cuando vemos delitos cometidos contra menores o víctimas especialmente vulnerables le pasamos la referencia al servicio de protección de víctimas. Si la Audiencia celebrada 300 o 400 juicios anuales, unos 70 son con víctimas especialmente vulnerables, que es un porcentaje importante. Eso permite además una labor de coordinación con el Servicio de Asistencia a las Víctimas de Andalucía (SAVA) para posibilitar el acompañamiento de las víctimas. La fiscal delegada informa al SAVA.

–¿Qué es lo que más quebraderos de cabeza le ha dado en este año?

–Cada día tienes un reto y entre los programados y los ejecutados hay una enorme distancia. Se van apagando incendios según van surgiendo. Hay muchos días que llego pensando: hoy tengo que hacer esto y raramente lo puedo hacer. Porque tengo que estar resolviendo contingencias de que van planteando.

–¿Es Sevilla una ciudad segura según las estadísticas de la Fiscalía?

–En principio nos encontramos con un país que es bastante seguro, es el tercer país de Europa con tasa de criminalidad más baja y Andalucía y Sevilla tienen una tasa de criminalidad muy baja. Es cierto que en el último año la tasa de criminalidad, según el balance policial acumulado del último trimestre de 2019, refleja que está subiendo la tasa de criminalidad aunque moderadamente en Sevilla capital y provincia. Aunque haya subido, las tasas eran tan bajas que podemos confirmar que, efectivamente, Sevilla provincia y capital son espacios muy seguros.

–En los últimos años se está experimentando un repunte de los delitos sexuales y la aparición de nuevos fenómenos como la manada y las violaciones grupales, ¿Qué está ocurriendo?

–Yo creo que existe un repunte de los delitos sexuales en los últimos tiempos y que el tema viene muy asociado al incremento de la protección de la edad de consentimiento por parte de los menores. Hemos pasado de un Código Penal en la redacción de 1995 que era muy liviano en las consecuencias penales de los delitos referidos a menores y en las últimas reformas de 2015 se han ido incrementando. En el año 2015 la edad de consentimiento se elevó de 13 a 16 años, por consiguiente es lógico que que se haya incrementado el número de procedimientos penales abiertos. En cuanto al fenómeno de la actuación en grupo, yo creo que siempre ha existido pero últimamente genera más alarma social y cuando algo genera alarma se hace noticia su repetición.

–¿Existe un efecto llamada?

–Es una pura especulación lo que podemos hacer, pero yo creo que esto ha existido siempre y siempre va a existir. Lo único que tenemos es una mayor alarma ante la aparición de fenómenos que antes podían pasar más desapercibidos.

–Sevilla es una ciudad segura, pero la tasa de criminalidad está creciendo...

–La tasa de criminalidad desde el 2016, según los datos policiales se viene incrementando después de muchos años de bajada. El nivel más bajo se alcanzó en 2016 con una tasa de criminalidad del 43,2 por cada 1.000 habitantes. En 2017 subió al 43,9 por 1000 habitantes y en 2018 al 45,6 por mil habitantes.

–¿Eso refleja una mayor confianza de la ciudadanía en la policía y en su capacidad de investigar los delitos?

–Los recursos policiales han venido disminuyendo en los últimos años y yo siempre digo que existe una ecuación: Donde hay Policía, actúan menos los delincuentes.

La disminución de plantillas puede conllevar un aumento de la tasa de criminalidad pero existe un segundo factor que, particularmente en el medio urbano, suple la limitación de efectivos policiales y es la multiplicación de las cámaras urbanas, tanto las públicas como las de los bancos. Los delincuentes son conscientes de que pueden ser grabados y eso les disuade.

–En algún momento se planteó la duda de que el juicio de los ERE no llegara a celebrarse por cualquier contingencia, como por ejemplo si alguien se ponía enfermo.

–Si nos referimos a los temas de Anticorrupción, hay seis fiscales delegados anticorrupción que trabajan además en equipo, con lo cual esa contingencia era la que menos me podía preocupar.

–De las más de 100 macrocausas, apenas se han juzgado un par de ellas, ¿le preocupa el colapso en la Audiencia?

–En cuanto a los temas de los ERE y de Invercaria, me preocupa que están saliendo los asuntos de los juzgados de Instrucción que los tramitan, pero se está empezando a producir un frenazo en la Audiencia. Esta semana tuve una reunión con el presidente de la Audiencia porque actualmente puede haber 17 o 18 asuntos que están pendientes de señalamiento. Se han juzgado dos muy importantes pero hay varios que pueden durar entre tres y seis meses y es un tema que me inquieta. Aunque corresponde al fiscal de Sala Anticorrupción, pero a mí, como fiscal jefe provincial, me preocupa esa demora. Di al presidente de la Audiencia una lista y yo creo que lo va a trasladar al tribunal superior.

–De hecho, el segundo juicio de los ERE está fijado para septiembre de 2020 y quedan más de cien juicios por llegar...

–Ahora hay 17 pendientes de juicio y están saliendo media docena trimestral de acusaciones, son vagones que se van parando. La gestión de los asuntos penales se está demorando y es un hecho, hay que activarlo ya.

–¿Ha propuesto algo al presidente de la Audiencia?

–Hemos comentado la situación, le he expuesto la relación de asuntos con indicación de las respectivas secciones y vamos a ver qué medidas se toman, porque es verdad que también se plantean problemas de agenda, coincidencia en algunas ocasiones de letrados, pero hay que empezar ya a señalar.

–¿Qué está pasando en España con el fenómeno de la corrupción que cada vez hay más casos?

–Yo no creo que se esté incrementando lo que pasa es que son noticia. Si comparamos los asuntos que han surgido con los que están surgiendo en los últimos tiempos, yo creo que los que están surgiendo últimamente no se puede decir que sean mucho mayores y en mayor número de los que se han detectado en años anteriores. Tenemos seis fiscales delegados de Anticorrupción que están dando respuesta a la práctica totalidad de las causas que van apareciendo.

La Fiscalía Anticorrupción funciona fundamentalmente con asuntos territoriales, no locales, pero yo creo que la reacción de la Justicia ante el fenómeno de la corrupción está dando un tratamiento y de lo que se trata es de que el sistema penal tenga un efecto disuasorio y yo creo que las condenas a nivel nacional y a nivel territorial están poniendo en evidencia que efectivamente la Justicia está respondiendo.

–¿Los fiscales y los jueces son el último eslabón contra la corrupción?

–La corrupción ha existido siempre y en todos los lugares. Y lo que se debe de buscar son mecanismos preventivos para evitar su aparición. Ahora, una vez que surgen, deben depurarse las responsabilidades y yo creo que, efectivamente, la figura de la Fiscalía Anticorrupción y las últimas reformas procesales de alguna manera tratan de dar respuesta a este fenómeno.

–¿Están tomando nota los políticos y los empresarios de esa función preventiva?

–Disuasorio no es lo mismo que preventivo, preventivos son los mecanismos que deben ponerse: administrativos, sociales y económicos. Existe un rechazo social y deben establecerse mecanismos que yo creo que se han venido estableciendo muchos, pero siempre la corrupción ha existido siempre y en todos lugares. Hay que conjurar ese tipo de excrecencias…

–¿Ahora se persigue más eficazmente la corrupción?

–Yo creo que lo que ha existido en los últimos años es que han aflorado asuntos muy llamativos y ahí están en el día a día de la prensa y se ve la respuesta que le están dando la justicia.

De lo que se trata es de que el sistema penal tenga eficacia disuasorio, que todos vean lo que va a ocurrir a quien haga lo mismo. Tenemos recientemente nombres muy ilustres, directores de banco, personas vinculadas a la Casa Real, de manera que lo que se está viendo es que la respuesta se está dando sin mirar nombres ni apellidos.

–La sentencia de los ERE que condenó a 19 de los 21 ex altos cargos supuso un rotundo aval de la labor que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción y también de la anterior instructora, Mercedes Alaya. ¿Realmente, la Fiscalía esperaba una sentencia tan dura?

–Era la que pedíamos básicamente, ha habido pequeñas discrepancias pero la Fiscalía está satisfecha de la respuesta dada por el tribunal. De todas formas, hay que tener en cuenta que el marco de recurso contra determinadas sentencias es muy estrecho.

–En el caso de los ERE, ¿se ha abierto un camino con esta sentencia favorable para la acusación?

–Muchas veces hay acusaciones arriesgadas. Yo me acuerdo de un asunto de los años 90 donde la Fiscalía sostenía que podía cometer el delito no sólo el funcionario sino la persona que lo inducía, el conocido extraneus. Y ahí la Fiscalía de Sevilla abrió camino. Ahí vienen también las urgencias de los partidos cuando formulan los escritos de acusación. Hubo un asunto donde la Fiscalía de Sevilla, una vez que ya había caído el partido en el gobierno entonces, que era el PSOE, se empeñó en que había un delito, se retiraron todos los partidos porque ya no importaba y hubo una condena. Y se quedó sola la Fiscalía acusando.

–Los fiscales Anticorrupción de Sevilla tuvieron sus roces en su momento con la anterior a instructora Mercedes Alaya y luego con María Núñez Bolaños pero nunca se había llegado al extremo de presentar una denuncia por el Fiscal jefe anticorrupción. ¿Qué ha pasado para que los fiscales hayan dado ese paso?

–No voy a hacer comentarios porque fueron decisiones promovidas por los fiscales Anticorrupción y decididas por la Fiscalía General del Estado, de manera que no creo que procedan comentarios.

–¿Cuáles son las necesidades actuales de la Fiscalía de Sevilla en cuestión de medios personales y materiales?

–Llevamos cinco años sin incremento de plantilla, tenemos una necesidad objetiva al menos de seis fiscales en la Fiscalía Provincial, que excluye la de Dos Hermanas. Ahora tenemos cinco fiscales de refuerzo y probablemente vamos a necesitar uno o dos porque el 31 de marzo entra en funcionamiento un nuevo juzgado de lo Penal y otro de Familia.

En total, Sevilla y su provincia, incluida Dos Hermanas, tiene 92 fiscales más los cinco de refuerzo. La creación del juzgado de lo Penal número 16 no viene acompañada de la creación de una plaza de fiscal y la plaza de magistrado de la Audiencia que se creó el 30 de diciembre tampoco viene acompañada de una plaza de fiscal. Debido a la creación de esos nuevos juzgados, también he pedido cuatro funcionarios más para la Fiscalía. Actualmente, excluida Dos Hermanas, la Fiscalía de Sevilla tiene 65 funcionarios.

“El fiscal general del Estado debería ser elegido por 5 años”

–¿Sería partidario de tomar algún tipo de medidas para excluir al fiscal general de los debates políticos?

–Totalmente. Muchos pensamos que sería lo ideal. Ya la reforma de 2007 con Cándido Conde-Pumpido desvinculó al fiscal general de la posible remoción libre por parte del gobierno y fue un avance muy importante.

Es notorio que desde el año 2012, cuando se fue Cándido Conde-Pumpido, hemos tenido a Eduardo Torres dulce, que dimitió, a Consuelo Madrigal, que cesó con el Gobierno que le había nombrado, a José Manuel Maza, a Julián Sánchez Melgar, y a María José Segarra. Seis fiscales generales en ocho años.

–¿Eso es malo para la institución?

–Yo creo que el nombramiento del fiscal general del Estado debería ser por cinco años, así tendría una garantía de inamovilidad que ahora mismo se soslaya con el cese con el Gobierno que lo nombró, eso no requeriría modificación constitucional. El artículo 124 de la Constitución dice que lo nombra el Gobierno, pero no dice que cese cuando cesa el gobierno. Si yo soy el Gobierno y nombró un fiscal general del Estado por cinco años, yo no sé si voy a ganar las próximas elecciones, de modo que tengo que buscar a una persona que sea notoriamente imparcial por mi quinto año. Para mí, el ideal serían cinco años porque ese es el mandato de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros cargos, lo que demuestra una voluntad de trascender a la mayoría parlamentaria que lo elige. Eso reforzaría la garantía de imparcialidad del Ministerio Fiscal.

–¿Qué le parece el nombramiento de Juan Carlos Campo como ministro de Justicia?

–Entra dentro de las competencias del Gobierno y éste ha buscado a la persona que ha considerado conveniente. Lo que es indiscutible es que es una persona con una amplísima experiencia en materia de Justicia: ha sido director general, secretario general en la junta de Andalucía, secretario de Estado de Justicia y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Tiene una experiencia tremenda.