“Política ambiental y social deben ir de la mano”

Blanca Soro Mateo, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia, es uno de los organizadores del VIII Congreso Nacional de Derecho Ambiental que se celebra a partir del jueves en Sevilla. Se va a centrar, como materia transversal, en la vulnerabilidad ambiental. En esta entrevista, Blanca Soro repasa las principales amenazas que se ciernen sobre España, la respuesta de las administraciones y la sensibilización de las generaciones más jóvenes.

— ¿Cuales son las zonas de España y los sectores más vulnerables desde el punto de vista ambiental?

Hablando de vulnerabilidad climática, las zonas más vulnerables son las costeras, las zonas inundables y el sureste por lo que se refiere a olas de calor. En otras partes de España, menos habituadas al calor y acostumbradas a un volumen considerable de precipitación, tendrán que afrontar la adaptación a temperaturas más altas y a sequías poco habituales. También son vulnerables las ciudades más industriales y las grandes ciudades, pues la exposición a la contaminación atmosférica incrementa la vulnerabilidad de las poblaciones. Sevilla y las ciudades del sur son muy vulnerables al ruido porque se hace mucha vida en la calle.

— ¿Qué respuesta puede y debe dar el Derecho y la sociedad a las presiones que ejercen esos sectores?

Hay sectores ciertamente muy agresivos (la industria energética, las químicas, la minera, el urbanismo o el transporte). El Derecho Ambiental no ofrece siempre una respuesta satisfactoria. Existen dificultades para imponer prohibiciones u obligaciones. Hace falta una política comprometida y valiente.

Puede afirmarse que, a pesar de la conciencia global del problema ambiental y climático, no existe una apuesta clara de los poderes públicos a nivel mundial que acabe de una vez por todas con el uso de combustibles fósiles y que obligue a la definitiva generalización de las energías renovables.

—¿Es demasiado lenta la respuesta de la Justicia, como en el caso de El Algarrobico?

La lentitud de la Justicia es una patología generalizada, que quizá se haga muy visible cuando se trata de cuestiones ambientales como esa. Son necesarios más jueces porque una Justicia que llega tarde, no es tal. Además, en el terreno ambiental la cuestión competencial, la descoordinación de políticas, la irresponsabilidad de las administraciones públicas, unida a la falta de especialización de los jueces, las costas procesales, las dificultades de ejecución de las sentencias, nos lleva a situaciones lamentables. Casos como el del Algarobico desaniman a cualquiera en la lucha por el Derecho, como diría el célebre jurista Ihering.

"Huelva, Bilbao y Murcia fueron zonas vulnerables por la concentración de empresas contaminantes"

— ¿Existe el riesgo de que las actividades más dañinas se trasladen a las regiones más pobres?

Por supuesto que una legislación permisiva o una aplicación incorrecta provoca una deslocalización y concentración de empresas contaminantes en algunas zonas. En estos lugares hablamos de poblaciones vulnerables. Cartagena, en la Región de Murcia fue un claro ejemplo, como Huelva o Bilbao. El cierre progresivo de explotaciones mineras y después de fábricas muy contaminantes, que acabó con ese aire irrespirable, hizo crecer entonces el desempleo. Por eso política ambiental y social deben ir de la mano.

— ¿Es suficiente la sensibilidad de los jóvenes españoles?

En España la sensibilidad ambiental ha tardado más en llegar que en otros lugares de Europa. Pero creo que uno de los efectos de la globalización, y también de la crisis, ha sido el incremento de la sensibilidad ambiental de los jóvenes españoles, que ha llegado a la altura de otros países del entorno que nos llevaban bastante ventaja.

Se nota en las aulas de las Facultades, en la calle, en el ambiente. A mí me alegra mucho comprobar que son más conscientes de las relaciones entre el bienestar presente y el futuro. La educación ambiental y el Derecho Ambiental comienzan a dar sus frutos, y cada vez observamos más conductas ecológicas. Van a clase en bici, reutilizan el papel, reciclan ropa, consumen lo local ... y, lo más importante, comienzan a tener interés por los asuntos públicos. La consecuencia es que los jóvenes están saliendo del letargo y ahora quieren participar en los asuntos que les atañen y salvar el planeta es uno de ellos.

— ¿Tener tantas legislaciones autonómicas dificulta la eficacia?

Aunque es cierta la complejidad del ordenamiento ambiental en el Estado autonómico, se trata más bien de la falta de compromiso de algunos gobiernos a la hora de aplicar el Derecho Ambiental. Los poderes públicos se enfrentan a las dificultades que entraña la ponderación de intereses en conflicto, públicos y privados, individuales y colectivos, presentes y futuros… pero la sensibilidad ambiental que predicábamos de la juventud no puede predicarse de la clase política, lamentablemente guiada en la mayoría de los casos por el cortoplacismo. Ese es el problema de fondo.

“Se usa una terminología bélica para hablar de alerta climática”

— ¿Cuáles son las principales amenazas para España como península Ibérica?

Sin duda la gran amenaza, por nuestra estratégica posición, viene constituida por los efectos del cambio climático, que ya se hacen notar en las playas, en la agricultura, en la biodiversidad… se habla ya de “especies ganadoras y perdedoras”, de “guerra del agua”, de “refugiados climáticos” … Se usa una terminología bélica, caricaturizada, apocalíptica, a menudo nada exagerada para llamar la atención sobre la alerta climática.

Muy en conexión con lo anterior, no debemos olvidar la desertificación, esto es, que la inexistente o defectuosa planificación, los incendios forestales, la agricultura intensiva … han acelerado el avance del desierto en el Sur de España.

— ¿Qué opina sobre el proyecto de dragar el Guadalquivir?

No he estudiado a fondo el asunto, pero a priori puedo decir que la desnaturalización de los ríos, de los cursos de agua, de las lagunas costeras, del trazado de la costa … casi siempre trae más problemas que soluciones e incrementa la vulnerabilidad. En este caso el impacto de esas obras y de la multiplicación del tráfico que supondría para un espacio natural como Doñana creo que puede ser razón de peso para abandonar la iniciativa.

En Murcia sabemos bastante de esto, dragamos las playas del Mar Menor para favorecer el turismo y a la vez no hacemos prácticamente nada para frenar el desastre: Acabamos con parte de la biodiversidad, no controlamos urbanizaciones y explotaciones agrícolas y vertidos ilegales, desprotegemos espacios naturales, modificamos el curso de las ramblas, no descontaminamos las balsas mineras que rodean la laguna … y el turismo se resiente y la población también.

— ¿Qué le parecen las presiones sociales y económicas para reabrir a mina de Aznalcóllar?

En épocas de crisis o cuando sube la cotización de los minerales se observa movimiento en las áreas mineras, y las administraciones públicas son receptivas con esta iniciativa, obviamente por motivos económicos. Es cierto que las explotaciones mineras que tenemos en el recuerdo nacieron y se desarrollaron al amparo de un ordenamiento insensible desde el punto de vista ambiental y que, a día de hoy, el legado que esta actividad nos ha dejado en algunas zonas de la geografía española es desolador. La Sierra minera de La Unión o la aterrada bahía de Portman en la Región de Murcia también son ejemplos que se suman a los de Huelva.

Deberíamos indagar otros nichos de mercado en la respuesta al cambio climático.

—¿Qué batallas ambientales importantes se han ganado y se han perdido en España?

Se perdieron muchas antes de integrarnos en la UE. La batalla ambiental encuentra trabas importantes que debemos ir despejando, sobre todo las dificultades en el acceso a la Justicia de las cuestiones ambientales.