Juan Antonio Calle Peña, magistrado que juzgó el caso ERE: “He echado en falta un gabinete técnico para dictar la sentencia antes”

El magistrado Juan Antonio Calle Peña (Utrera, 1961) estuvo once meses redactando la histórica sentencia del denominado "procedimiento específico" de los ERE, la que ha condenado a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 17 ex altos cargos de la Junta por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En la primera entrevista que concede a un medio de comunicación, Calle Peña hace un repaso de cómo se enfrentó, junto a las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez Caselles, a la celebración de uno de los juicios más largos en la historia judicial española y a la ardua labor que vino después con la deliberación y redacción de la sentencia. Calle Peña no se pronuncia sobre el contenido de la sentencia, dado que el asunto se encuentra actualmente sub iudice, al tener que pronunciarse el Tribunal Supremo sobre los recursos presentados.

–¿El juicio de los ERE ha sido el mayor reto al que se ha podido enfrentar en su dilata trayectoria profesional? ¿Por qué?

–Sí, sin duda. Por varios motivos. Primero, por la dificultad que suponía su celebración. Había quien decía que ese juicio no se iba a celebrar nunca, porque al haber tantos acusados, abogados y testigos, se sucederían las suspensiones. Segundo, por la dificultad de organizar un juicio tan complejo, entre otros motivos, por el elevadísimo volumen de las actuaciones, y el gran número de documentos que había que exhibir durante las sesiones del juicio. Por ello, se optó por la exhibición a través de pantallas, que permitía verlo simultáneamente a todos los intervinientes. De lo contrario, la exhibición en papel se tendría que haber realizado uno por uno, a todas las partes, además de al acusado, testigo o perito, al que se le preguntara por el documento, lo que hubiera alargado enormemente la duración del juicio. Y tercero, por la complejidad de los hechos enjuiciados. Debido, al elevado número de acusados, al dilatado período de tiempo en el que sucedieron los hechos, más de diez años, y a la complejidad de las materias objeto de enjuiciamiento.

–A nivel de una Audiencia Provincial, ¿la Justicia está preparada y dispone de los medios necesarios para afrontar este tipo de macroprocesos con tantos acusados, testigos y peritos?

–Con los medios ordinarios de una Audiencia Provincial no hubiera sido posible la celebración de este juicio, que ha requerido de medios personales y materiales de los que habitualmente no se disponen.

–¿Las leyes procesales se han quedado antiguas para estos procesos?

–La Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de finales del siglo XIX, a pesar de sus reformas, no ha sido adaptada para este tipo de juicios.

Así, en un juicio ordinario, de los que no duran más de una mañana, se puede cumplir la previsión de que los testigos permanezcan sin comunicación con los que ya hubiesen declarado, ni con otra persona, hasta tanto sean llamados a declarar. Ello no es posible en un juicio de un año de duración, ni siquiera en otro de menos tiempo.

Por otro lado, no contempla la posibilidad de que los acusados puedan no acudir a todas las sesiones del juicio, permitiendo conjugar su derecho de defensa con acudir a su trabajo, en un juicio que ha durado un año.

–Como ponente de los ERE, ¿qué ha echado en falta a la hora de celebrar el juicio, que se prolongó durante un año, y en la labor posterior de redacción de la sentencia?

–Fundamentalmente, en la fase de redacción de la sentencia, haber contado con un pequeño gabinete técnico de apoyo. Ello hubiera permitido concluir la redacción de la sentencia en menos tiempo, dando una respuesta más ágil, que es lo que demanda la sociedad.

–¿Qué funciones tendría ese “gabinete de apoyo” al tribunal que considera necesario?

–Funciones similares a las que tiene atribuida el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, en su vertiente de asistencia y apoyo en el despacho de los asuntos.

Por ejemplo, en esta macrocausa se han planteado múltiples cuestiones jurídicas, para cuya resolución resulta necesario conocer el criterio del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Para ello, es necesario buscar y analizar la jurisprudencia de ambos Tribunales. Esa es una labor que podía haber realizado ese gabinete técnico de apoyo.

–¿Cuál ha sido el momento más duro desde que le correspondió el enjuiciamiento de la “pieza política” de los ERE?

–El período de redacción de la sentencia. En el despacho ordinario de los asuntos, cuando se terminan los juicios a mediodía, para los jueces sólo ha terminado una parte de su jornada de trabajo, la siguiente parte continúa en casa, con el estudio y resolución de los asuntos, por las tardes e incluso fines de semana.

Si ello es así con los asuntos ordinarios, en un asunto de extraordinaria complejidad, como es el proceso del que estamos hablando, la dedicación al mismo ha sido total, en detrimento del tiempo de dedicación a la familia, ocio y descanso.

–Después de un año de juicio, estuvo once meses literalmente “encerrado”, y en el mes de agosto apenas se tomó cinco días de vacaciones... ¿Sería muy duro para usted y su familia?

–Sí, lógicamente lo ha sido.

–¿Por qué resultaba tan compleja y voluminosa esta macrocausa?

–Compleja, por el elevado número de acusados, las materias objeto de enjuiciamiento, y porque hay cuestiones administrativas, contables y presupuestarias íntimamente relacionadas con las cuestiones penales a resolver, que son muchas.

Voluminosa, entre otras razones, pero fundamentalmente, porque están incorporados los expedientes, actas y otros documentos de la Junta de Andalucía, relacionados con los hechos enjuiciados, que abarcan un período de más de 10 años.

–A la hora de dictar la sentencia, ¿cómo lograron evitar usted y las otras dos magistradas que componían el tribunal que se filtrara el fallo?

–La manera de evitar que se filtrara el fallo o parte del contenido de la sentencia, fue que ésta no saliera del ámbito de control de los tres miembros del tribunal. De manera que fuimos los únicos que la teníamos hasta el momento de proceder a su notificación.

–Usted elaboró el resumen de 50 folios de los 1.821 que tenía la sentencia que fue entregado a la prensa, ¿le pareció que era necesario para dar una información veraz en los primeros momentos?

–Sí, efectivamente. Era notorio el interés que había por conocer la sentencia, y que una vez notificada, la prensa, como es lógico, querría dar la noticia lo más rápidamente posible. Por lo que era consciente de la imposibilidad de conocer en poco tiempo los argumentos de una sentencia de 1821 folios. Por ello, elaboré el extracto de la misma para el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que lo facilitó a los medios de comunicación.

–¿Qué sintió cuando pronunció la frase "Visto para sentencia"?

–Un sentimiento ambivalente. Por un lado, la satisfacción de haber concluido un juicio difícil de celebrar sin suspensiones. Y por otro, que en ese momento comenzaba la tarea más ardua, la redacción de la sentencia.

–¿Hubo algún momento en que sintió que aquello no acabaría nunca?

–No. Pero sí que algunos interrogatorios podían haberse alargado menos tiempo.

–¿A qué tenía más miedo antes de empezar: a las enfermedades, a que fallara la informática....?

–Afortunadamente, los avances en la informática la han convertido en una herramienta cada vez más estable y segura. Además, se hicieron pruebas y ensayos para asegurarse que todo funcionara correctamente.

Las enfermedades en un juicio tan largo, sí que era un riesgo.