“Mi peor momento como juez fue el asesinato de Alberto y Ascensión”

Tras más de 36 años de servicio a la Justicia, el magistrado de la Audiencia de Sevilla Juan Antonio Calle Peña (Utrera, 1961) se acaba de jubilar anticipadamente. Su marcha de la Audiencia no significa que dejará de trabajar, puesto que en esta entrevista anuncia su inminente incorporación a un bufete de abogados como especialista en materia Penal. Calle Peña, al que muchos recuerdan como el magistrado que redactó los 1.821 folios de la histórica sentencia del caso de los ERE, aprobó las oposiciones a la carrera judicial en mayo de 1987, con tan sólo 25 años. Tras unos meses en la escuela judicial, ocupó su primer destino en Palma del Río (Córdoba), pasando luego por los juzgados de Familia de Sevilla, el juzgado de Instrucción número 20 y el Penal número 12, hasta su incorporación en 2008 a la Audiencia Provincial.

–Se acaba de jubilar de forma anticipada y tras haber prestado servicio en la judicatura durante más de tres décadas, ¿cómo valora su paso por la Justicia?

–Han sido más de 36 años de servicio, computando los prestados antes de haber aprobado la oposición. La valoración de estas más de tres décadas, es de un deterioro progresivo de la Administración de Justicia, ante un constante aumento de la carga de trabajo, a la que no se ha dado la adecuada respuesta por los sucesivos gobiernos, en la dotación de medios personales y materiales.

–¿Qué es lo que más ha cambiado en la Justicia desde que comenzó a impartirla?

–Como he referido anteriormente, el deterioro de la misma por la sobrecarga de trabajo, que ha ido aumentando progresivamente en el tiempo, no sólo por el aumento de asuntos, sino también por la mayor complejidad de los mismos. Ha habido un aumento significativo de causas seguidas, por ejemplo, por delitos económicos y criminalidad organizada, entre otros. Por otro lado, el Derecho no es una ciencia exacta, existen muchas cuestiones controvertidas y susceptibles de diversas interpretaciones, que requieren de estudio y reflexión. El progresivo aumento de la carga de trabajo, con la consiguiente necesidad de aumentar el número de asuntos resueltos, ha redundado en una merma en la calidad de las resoluciones judiciales, lo que conlleva, en algunas ocasiones, a que la respuesta judicial no sea satisfactoria para el justiciable, ni para los profesionales.

–¿Cuáles han sido el mejor y el peor momento que ha tenido que afrontar como juez a lo largo de su trayectoria?

–Durante tantos años de servicio, son muchos los momentos buenos y malos. Resulta difícil elegir uno. El que viene a mi memoria como peor momento fue la actuación judicial denominada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal como “diligencia de levantamiento de cadáver”, con motivo del asesinato por ETA de Alberto Jiménez-Becerril y su esposa, que tuve que realizar durante una guardia en mi etapa de juez de instrucción. Recuerdo que nos llamaron al juzgado diciendo que había una persona muerta, por un disparo de arma de fuego. Por el camino me informaron de que se trataba de un atentado de ETA. Nos bajamos del coche y vimos una escena dantesca, fue un mazazo emocional. Cuando estás haciendo tu labor profesional tienes que guardar la compostura, tragarte tus emociones. Cuando a las nueve de la mañana de ese día terminó la guardia y llegué a casa es cuando los sentimientos se adueñan de ti y te quedas hecho polvo con lo que has visto.

–¿Y el mejor?

–Como uno de los momentos de mayor satisfacción ha sido que uno de los juicios más complejos de la historia judicial española, el juicio de los ERE, se celebrara en el primer señalamiento y sin suspensión alguna.

–Supongo que en todos estos años habrá visto muchas cosas y situaciones que le habrán llamado la atención… ¿recuerda algún caso concreto que le impresionara además del que acaba de contar sobre el asesinato de Alberto y Ascensión?

–He desarrollado la mayor parte de mi trayectoria profesional en la jurisdicción penal, y es aquí donde se ven las cosas más espeluznantes que puede llegar a realizar el ser humano. Han sido muchos casos, homicidios, asesinatos, violaciones, abusos sexuales, por lo que resulta difícil mencionar alguno en particular. Aunque los que más me han impresionado han sido los abusos sexuales hacia menores, sobre todo, cuando los menores son de corta edad.

–¿Y alguna anécdota?

–Anécdotas, en tantos años, han sido muchísimas. Recuerdo que estando en el Juzgado de Instrucción 20, un día me trajeron detenido a un joven que había cometido delitos durante su minoría de edad, y era la primera vez que lo detenían por la comisión de un delito tras alcanzar la mayoría de edad. A fin de intentar que recondujera su vida y se alejara del delito, le dije: por esta vez, te voy a poner en libertad, pero si vuelves a cometer delitos, no me dejarás otra opción que ingresarte en prisión. Poco tiempo después, lo volvieron a detener por un nuevo delito y mientras era conducido desde los calabozos a los juzgados, preguntó a uno de los policías a qué juzgado lo llevaban, el policía le contestó que al número 16, y respiró aliviado. Aquel día yo estaba sustituyendo a mi compañero del 16, que se encontraba de permiso, y la cara del joven fue un poema cuando al entrar en el despacho vio que era yo el que estaba allí sentado.

–Siempre se critica la falta de medios de la Justicia y su lentitud… ¿A qué cree que se debe? ¿Son circunstancias concurrentes?

–La falta de medios de la Justicia es un lastre que se viene arrastrando desde hace muchos años, sin que los responsables políticos hayan adoptado las medidas necesarias para solucionarlo.

Tenemos una ratio de jueces por 100.000 habitantes por debajo de la media de Europa. La media europea es de 21 jueces por cada 100.000 habitantes. España cuenta con 11,5 jueces por cada 100.000 habitantes; Portugal, por ejemplo, tiene 19,3 jueces por cada 100.000 habitantes, y Alemania cuenta con 24,5 jueces. Por lo que España está nueve puntos y medio por debajo de la media europea.

Esa falta de medios, unida a una estructura obsoleta de la Administración de Justicia, que supone la pérdida de eficacia de los recursos existentes, son las causas principales de la lentitud de la justicia.

A pesar de esa carencia de medios, las estadísticas demuestran que el porcentaje de asuntos resueltos no ha parado de crecer, y ha sido a costa del esfuerzo personal de los jueces.

–La Audiencia de Sevilla, sobre todo las Secciones Penales, no pasan ahora por su mejor momento, con el colapso derivado de los más de un centenar de juicios de las macrocausas que están por llegar… ¿Qué cree usted que está pasando?

–Hace años que los magistrados de las secciones penales de la Audiencia Provincial de Sevilla hemos venido advirtiendo que la sobrecarga de trabajo derivada de esas macrocausas provocaría un colapso de las secciones penales de la Audiencia. Para afrontar la carga de trabajo ordinaria y la extraordinaria derivada de esas macrocausas, haría falta crear dos secciones penales más en la Audiencia, y hasta tanto, sería necesario adoptar medidas de refuerzo equivalentes, pues las adoptadas hasta ahora han sido insuficientes.

En un acuerdo del Pleno de la Audiencia Provincial de Sevilla de 21 de noviembre de 2008, ya se reclamaba la creación de una quinta sección penal, ante el aumento de un 33% del número de asuntos. El aumento de la carga de trabajo desde esa fecha hasta ahora ha sido abismal.

–La última vez que se puso la toga fue precisamente durante un juicio por una macrocausa, la de Invercaria. ¿Qué sensación tuvo cuando pronunció el visto para sentencia?

–Fue un sentimiento agridulce. Por un lado, suponía el punto y final en la carrera judicial, donde he estado prestando servicios durante tantos años, y en mi etapa en la Audiencia, como órgano colegiado, compartiendo tareas con unos magníficos compañeros. Y por otro, una sensación de alivio, ante la situación de sobrecarga de trabajo y colapso, que está provocando, por un lado, que algún magistrado también se haya prejubilado, que otros lo vayan a hacer próximamente, y otros piensan hacerlo en cuanto puedan; y por otro, que otros magistrados se estén marchando de la Audiencia para regresar a los juzgados. Es una situación inédita, la que se está produciendo en las secciones penales de la Audiencia.

–Los jueces lo están pasando realmente mal por la sobrecarga de trabajo...

–Hay una sobrecarga de trabajo generalizada, más acentuada en unas jurisdicciones que en otras. Los juzgados penales y las secciones penales de la Audiencia, tienen muchos días de juicios orales, que otras jurisdicciones no tienen, lo que repercute significativamente en la carga de trabajo. En las secciones penales de la Audiencia esto se agrava por el elevado número de macro causas, que hace que se trabaje con unos niveles de estrés excesivos. El último juicio al que asistí, de Invercaria, fue una vuelta de tuerca más, porque se celebró compaginando esa vista con los señalamientos ordinarios y con el trabajo que representa la resolución de los recursos de apelación, que suponen en torno al 80% del trabajo de las secciones penales de la Audiencia, muchas de ellas son causas con preso, y son asuntos urgentes que hay que resolver rápidamente, por lo que se acumula un nivel de estrés constante.

–¿Su mayor reto profesional fue presidir el juicio de los ERE?

–Sí, así es. Tanto por la preparación y organización del juicio, debido al elevado número de acusados, testigos y peritos, y a lo voluminoso de las actuaciones. Como por el dictado de la sentencia, en la que había que resolver cuestiones muy complejas.

–Estuvo “encerrado” once meses para deliberar con sus compañeras y redactar los 1.821 folios que tiene la sentencia. Serían unos meses muy duros…

–Sin duda, han sido los meses más duros de mis años en la carrera judicial.

–¿La Justicia cuenta actualmente con los medios suficientes para afrontar los macroprocesos?

–Ni se cuenta con suficientes medios personales, como he señalado anteriormente, ni tampoco se cuenta con suficientes medios materiales, de hecho, hay lista de espera para poder celebrar las macro causas, porque no todas las salas de vistas tienen cabida, ni están acondicionadas, para la celebración de este tipo de juicios.

–¿Qué opina de la falta de acuerdo para la renovación del CGPJ?

–La falta de acuerdo para la renovación del CGPJ es consecuencia de la politización que se ha hecho de este órgano constitucional. La Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial de 1980 estableció que los doce vocales de procedencia judicial serían elegidos por los propios jueces y magistrados. Sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 estableció que todos los Vocales serían elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado. La sentencia del Tribunal Constitucional que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra esta ley, declaró la constitucionalidad de este sistema, pero advirtió del riesgo de politización del Consejo. Y esa politización de la que ya advirtió el Tribunal Constitucional, es lo que está ocurriendo.

–Ahora que está jubilado, ¿a qué se va a dedicar?

–De no haber sido por la sobrecarga de trabajo y colapso que sufren las secciones penales de la Audiencia, que se prevé que va a durar no menos de 10 años, no me hubiera jubilado anticipadamente. He aceptado una de las propuestas que me han realizado de despachos de abogados, para incorporarme como especialista en penal.

–¿Y cómo es que ha decidido ahora ejercer la Abogacía?

–La verdad es que no entraba dentro de mis planes. Cuando decidí jubilarme no me lo planteaba, pero he recibido varias propuestas. Tras sopesarlas, he descartado alguna propuesta de despachos grandes, porque en éstos se valora mucho el rendimiento económico y requieren una implicación total en el despacho, que no es lo que yo quiero. Voy a trabajar con un bufete que viene dedicándose a asuntos civiles, contenciosos y fiscales, que cuenta con una buena clientela, pero aún no tenía un especialista en penal. Así pues, será un complemento perfecto, pues yo aporto mi experiencia y conocimientos en penal, y me ofrecen más libertad e independencia en el desempeño del trabajo. Para ello, se va a constituir la sociedad LGS Abogados.