"He tardado cinco años en echar a mi inquilina morosa y encima me denunció dos veces"

La historia de José Vidal Saborido es la de un sevillano que ha tardado nada más y nada menos que cinco años en echar a su inquilina morosa, que sólo le pagó tres mensualidades del alquiler de su casa, en el corazón de Triana, y que a partir de ahí tuvo que sufrir un auténtico calvario para lograr el lanzamiento. La mujer no sólo no le abonaba el alquiler, sino que además lo denunció en dos ocasiones por haberle taponado con silicona la puerta de la vivienda y por tratar de envenenar a sus perros, acusaciones que fueron finalmente rechazadas y archivadas por la Justicia, una de ellas porque José se encontraba visitando a su hija en California, con lo que era imposible que cometiera los hechos que le atribuía la inquilina.

José Vidal recibe a este periódico a las puertas de su casa, en una calle muy próxima a la Plaza del Altozano. Está acompañado por su abogado, Álvaro Höhr, que le ha asesorado en su lucha por echar a la morosa y también le ha defendido de las denuncias de su arrendadora. Nada más entrar en la vivienda, José Vidal muestra el estado en que quedó la casa, en la que está haciendo reformas por el estado lamentable en el que se lo ha encontrado, con un techo de escayola incluso caído, paredes sin pintar, un cuarto de baño que necesita una reforma completa y otros daños.

José cuenta que alquiló la casa hace cinco años a una mujer de nacionalidad extranjera que estaba trabajando en un local de copas de una amiga suya. El contrato era por un año y habían pactado una renta de 400 euros mensuales. Antes se la había alquilado a un cocinero que estuvo 14 años alquilado y con el que no tuvo "ningún problema".

A los tres meses, la inquilina comenzó a "darle largas", diciéndole que la habían echado del trabajo y que había pedido ayuda a Asuntos Sociales, que le iban a ayuda pagándole seis meses de la renta, pero "era mentira". José aguantó como pudo los impagos durante un año hasta que decidió llevarla a los tribunales e iniciar un proceso de desahucio. Mientras tanto, tenía que sufragar los gastos de comunidad -80 euros mensuales- y seguía sin recibir ningún ingreso por el alquiler.

Pero la cosa no quedó ahí porque su sorpresa fue a más cuando recibió hasta dos denuncias de su inquilina. En la primera lo acusaba de amenazas y coacciones, por haberle puesto silicona a la puerta de la vivienda para impedir su entrada, y aquí es donde José aprecia un doble rasero en la actuación de la Policía y de la Justicia. "Tras su denuncia, la Policía me localizó urgentemente, en cinco minutos me tenían localizado, lo que contrasta con los cinco años que ha tardado la Justicia en acordar el lanzamiento de ella".

Por esa primera denuncia, José fue a juicio pero la notificación de la vista oral le llegó una semana después de que se celebrara, porque era la época de la pandemia del coronavirus, y fue condenado a pagar una multa de 240 euros y a indemnizar a la mujer con 96,80 euros por la reparación de los desperfectos. Sin embargo, recurrió ante la Audiencia de Sevilla, que le dio la razón y revocó esta condena porque el tribunal señaló que el artículo 263 del Código Penal castiga a quien "causare daños en propiedad ajena" y en este caso el condenado es el propietario de la vivienda, al tiempo que los hechos "evidenciaban no tanto una intención de dañar sino de molestar, fastidiar, importunar o, sobre todo, perturbar la vida en la vivienda alquilada por la denunciante para que la abandonara, algo más propio de unas coacciones, infracción penal por la que no se ha acusado", señala la sentencia, aunque José insiste en que él no tuvo nada que ver con este incidente.

Mientras tanto, su inquilina le presentó una segunda denuncia, esta vez por haber tratado supuestamente de envenenarle a los perros. Pero en esta ocasión, José tenía a su favor algo con lo que la denunciante no había contado, y es que en la época en la que ocurrieron los hechos llevaba cuatro meses en California, visitando a una hija suya. Aún así tuvo que trasladarse en coche, en un viaje de ocho horas, hasta el consulado de España en San Francisco, porque tenía que hacerle un poder para que su abogado pudiera representarlo. De esta forma, José pudo demostrar su inocencia y ganó el juicio.

"La broma me ha costado 40.000 euros"

Cuando José hace cuentas de todo lo que le ha costado esta inquilina, no de duda en afirmar que la "broma" le ha costado más de 40.000 euros, entre la renta no percibida y las reformas que ha tenido que hacer, más el coste de los pleitos. Una cantidad que no confía en recuperar, "a menos que le toque la primitiva" a la okupa, bromea.

Su abogado, Álvaro Höhr, comenta que hasta la fecha el juzgado ha sido incapaz de localizar a la inquilina moral, por lo que la multa que debía satisfacer sigue sin poder embargarse.

El día en el que se produjo finalmente el lanzamiento de la mujer, José relata que además de los desperfectos vio que se había llevado un secador y la televisión, y además le dejó "cuatro sacos de bolsas de basura llenos de zapatos, muchos de ellos sin estrenar". Y tuvo suerte, asegura, de que la mujer se llevó los tres perros que tenía en la casa porque, de lo contrario, "no se habría podido ejecutar el lanzamiento".

Con todo lo que le ha ocurrido, José Vidal se siente más que impotente. "Estoy lo siguiente a indignado", afirma con tranquilidad, a pesar de todos los perjuicios que ha sufrido. La indignación no le impide hacer una propuesta para que casos como el suyo no se vuelvan a repetir. "Creo que debería haber una lista de este tipo de morosos de alquileres para prevenir a otras personas, como ocurre con los delincuentes sexuales, porque van de un piso a otro", todo ello, propone, cuando haya ya una sentencia que acredite la actuación de estos okupas.

La última pregunta a José Vidal está clara. Después de todo lo que ha pasado, con las denuncias que ha recibido, ¿volverá a alquilar la casa? "Es de lo que vivo, la volveré a alquilar. Esto es suerte, me lo tengo que tomar así", concluye.