Coronavirus en Andalucía: Lorenzo del Río: "La Justicia tardará mucho tiempo en reducir el colapso por el Covid-19”

Una entrevista realizada de forma inusual, como los tiempos que corren. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, atiende a este periódico por correo eléctronico, dado el estado de alarma y el obligado confinamiento. Cuando se acaba de prorrogar la situación de alerta y con la Justicia limitada a los servicios considerados esenciales, Lorenzo del Río muestra su preocupación por el colapso que el parón de la maquinaria judicial acarreará a un servicio público en muchas ocasiones saturado y que necesitará, apunta el magistrado, un plan de choque cuando se vuelva a la normalidad.

–¿Cómo está afectando la crisis del coronavirus a la Justicia?

–Mucho, como a tantos otros servicios públicos. La Justicia no puede escapar a la paralización de actividades derivada del estado de alarma. Como es notorio, se ha decretado una suspensión general de todas las actuaciones judiciales programadas y de los plazos procesales, lo que ha supuesto suspender la mayoría, más del 90%, de señalamientos y actuaciones previstas, incluso la entrada de nuevos asuntos y recursos.

Ahora bien, ello no ha implicado el cese de la actividad judicial por completo, ya que hay servicios esenciales para la comunidad que debemos mantener, conforme al Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial del pasado 13 de marzo, como la prestación del servicio de guardia durante veinticuatro horas, el Registro civil, actuaciones con presos o detenidos, internamientos urgentes, medidas de protección de menores, juicios declarados urgentes por la ley y las medidas cautelares urgentes y preferentes, así como los procesos de EREs y ERTEs. En fin, cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicio irreparable.

–Hay ya funcionarios judiciales y fiscales contagiados, y se están desinfectando sedes judiciales, pero los sindicatos siguen reclamando medidas de protección. ¿Cómo cree que está la situación actual?

–Creo que va mejorando paulatinamente, pero es cierto que la sensación de insuficiencia de medidas de higiene y prevención ha sido generalizada en todo el colectivo judicial como también, por desgracia, en otros sectores (sanitario, policial, etc). Prueba de ello es que la correspondiente Dirección General de la Consejería de Justicia, después de comprobar que el material existente es escaso e insuficiente, acaba de anunciar la compra de 530 mamparas, más de 100.000 mascarillas y 3.000 litros de gel hidroalcohólico para repartir en las sedes judiciales andaluzas.

Afortunadamente, en el plano personal, no existe por el momento una incidencia importante de casos de coronavirus confirmados en las distintas provincias, aunque tampoco se han podido realizar los test convenientes ante la falta de recursos; se han detectado o comunicado síntomas o casos sospechosos que ha dado lugar a la desinfección de instalaciones y a la oportuna cuarentena del afectado.

–¿Ahora mismo sólo están funcionando "servicios esenciales" como los juzgados de guardia y las actuaciones urgentes?

–Efectivamente, salvo los Juzgados de guardia, Registro civil y asuntos urgentes e inaplazables previstos en los acuerdos del CGPJ, aunque a duras penas porque la dotación de funcionarios es tan ínfima que existen serias dificultades para prestar esos servicios por parte de los Jueces.

Nos esforzamos en prestar los servicios esenciales de justicia sin poner en riesgo la salud pública de operadores y ciudadanos en general.

–El CGPJ emitió la semana pasada un histórico comunicado en el que hacía un llamamiento a los jueces para que "cumplan su compromiso" para que los juzgados sigan abiertos y recordaba que los jueces son los "garantes últimos de los derechos de los ciudadanos"… ¿Es el momento de que los jueces arrimen el hombro? ¿Cómo cree que deben hacerlo?

–Yo no calificaría de histórico ese comunicado. Creo que responde a un malentendido, pues los jueces nunca se plantearon no prestar los servicios esenciales. Al contrario, siempre han expresado su compromiso y lo han demostrado de modo efectivo. Cabe recordar el comportamiento y profesionalidad que están demostrando en estos momentos críticos y el que tuvieron durante la anterior crisis económica, aunque no obtengan por ello reconocimiento social.

Los jueces nunca han dejado de arrimar el hombro. El día que lo hagan la Justicia no se sostendrá. De hecho, son los Jueces, quizás, los más empeñados en mantener a ultranza esos servicios esenciales en materia de justicia, y ahora, además, con una muy deficiente plantilla de funcionarios.

–¿Qué le diría usted a los jueces y magistrados andaluces en estos momentos?

–Pues lo que le acabo de comentar. Que sigan haciendo su trabajo, que prestan un servicio absolutamente necesario en estos momentos y que no desfallezcan ni adopten comportamientos miméticos a los que pueden observar a su alrededor, en los que se antepone cualquier consideración al deber profesional. Estoy hablando de responsabilidad, de un cumplimiento responsable del deber, proporcionado a las circunstancias, generales y singulares.

–¿No cree usted que la Justicia ha vuelto a llegar tarde a esta crisis, tras haber dejado en un primer momento en manos de cada juez la suspensión de los juicios, previa autorización de los TSJ y la confirmación del CGPJ, cuando aún no se había declarado el estado de alarma? ¿Se podía haber actuado de otra forma?

–Quizás podríamos haber actuado de otra forma. Es posible que lo conveniente hubiese sido fijar directrices claras y generales desde el principio, pero creo que, pese a cierta desorientación los dos o tres primeros días, se ha reaccionado a tiempo y entre todos hemos reconducido la situación, pese a que, insisto, muchas de las variables no podemos controlarlas porque están en manos de otras instituciones (Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas, etc.).

En lo que sí sigue llegando tarde la Justicia es en el teletrabajo. Esta crisis sanitaria, social y económica, vuelve a poner de relieve la falta de modernización del poder judicial. Encuentra complicada justificación que se hayan tenido que paralizar los procesos cuando llevamos años implementando el uso de los medios digitales para mejorar la gestión y modernización de nuestros juzgados y tribunales, que, no olvidemos, es también un mandato legal.

Han quedado patentes nuestros límites y nuestra fragilidad, al contrario que otros sectores y profesiones que pueden trabajar "on line" con mucha mayor eficiencia. Una situación de emergencia como la que padecemos habría hecho mucho menos daño en el sistema judicial si se pudiera acudir con cierta normalidad a ese teletrabajo que permitiera a los funcionarios continuar con la tramitación de expedientes o actuaciones, y seguir avanzando por sus fases, que no ha podido acometerse lejos de la oficina y desde nuestras casas. Esa alternativa, hoy por hoy, es impensable e inviable con los actuales recursos telemáticos, donde los expedientes necesitan presencia física de los funcionarios en la oficina judicial. La incidencia, repito, habría sido mucho menor en otro contexto organizativo y tecnológico del que por ahora carecemos.

La Justicia no está preparada para ello y sólo cabe en este tiempo mantener la actividad de los asuntos urgentes y presenciales antes comentados y, con voluntad, ponerse al día en el dictado de sentencias y resoluciones pendientes y también, por qué no, aquellos asuntos que no necesitan vista ni trámite con las partes (esto ocurre singularmente en recursos ingresados en órganos colegiados). Todo lo demás se ha detenido prácticamente por completo, ni siquiera ralentizado.

–En Andalucía se han presentado ya casi 20.000 ERTE por fuerza de mayor durante el confinamiento obligado de la población, lo que probablemente tendrá una grave repercusión sobre la ya saturada jurisdicción social. ¿Está prevista alguna actuación urgente por parte de los órganos de gobierno de los jueces para tratar de paliar?

–Ahora mismo no, aunque será necesario arbitrarla. Nuestra principal preocupación es conocer cuanto antes los datos estadísticos y posible impacto judicial y previsible sobrecarga de registro por incidencias laborales de todo tipo (condiciones del cese, reclamaciones de cantidad, período de vigencia ERTEs, y otras derivadas); a continuación, contar con número de funcionarios suficiente para ir trabajando en su tramitación. Espero que en este momento esté a pleno rendimiento toda la plantilla funcionarial, porque no podremos hacerlo en las actuales circunstancias, ya que sólo está prevista la asistencia de un funcionario en cada una de las Salas o en cada uno de los órdenes jurisdiccionales en los Juzgados.

–¿Qué consecuencias cree que tendrá la paralización de la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales por la crisis del coronavirus?

–Pues muy graves, como en tantos otros sectores. Los daños colaterales del estado de alarma se notarán, y mucho, en la Justicia. La parálisis actual producirá un considerable aumento de la pendencia que tardaremos en absorber. Pero, no sólo esto. Cuando se normalice la actividad judicial, habrá que actualizar todo lo suspendido y paralizado, vendrá un enorme volumen de entrada de nuevos asuntos, ya preparados y que se quedaron pendientes de ingreso, habrá que revisar los señalamientos y vistas de todo tipo de jurisdicciones e intercalar todas las vistas suspendidas en un tiempo cercano, habrá una avalancha de nuevas demandas, en mayor medida en el ámbito civil y laboral, derivadas del enorme daño que el coronavirus está produciendo en la economía y en el empleo (impagos de deudas, despidos, ertes laborales, etc.).

–Se lo comentaba porque la lentitud es uno de las principales problemas de la Justicia, que puede verse agravado por la situación…

–Creo que a esto mismo responde la cuestión anterior. Vendrá más colapso judicial, más demoras, más retraso en obtener tutela judicial. Repito, tardaremos mucho tiempo en reducir la pendencia que va a acumularse. Mi preocupación es enorme por la responsabilidad añadida que nos espera por lo que no se ha podido hacer durante este tiempo de estado de alarma y por lo nuevo que vendrá.

Pero estoy convencido que todos cuantos integramos el servicio público de Justicia daremos ejemplo reforzado, devolviendo a la sociedad el esfuerzo y laboriosidad que ahora no hemos podido asumir en toda su extensión, y que sí han tenido que mostrar otros sectores y colectivos durante la crisis del coronavirus.

–¿La Justicia necesitará un plan de choque cuando se levante el estado de alarma?

–Sin duda alguna. Hace ya años que lo necesita. Imagínese ahora. Aunque, a mi juicio, el plan de choque hubiera sido mucho más eficiente si contáramos ya con una reforma profunda de la actual estructura y organización, cuya ineficacia era más que conocida, pero que la actual situación ha puesto de manifiesto de forma descarnada.

Hace falta que alguien dirija la Administración de Justicia, no puede continuar funcionando mediante las actuales estructuras paralelas, dirigidas y gestionadas, cada una de ellas, por Administraciones diferentes.