Carlos Lledó: "La sentencia del Supremo de los ERE no es la panacea que pondrá fin a las macrocausas"

El pasado 30 de julio se jubiló anticipadamente al cumplir los 60 años, después de impartir Justicia durante 35 años. El magistrado Carlos Lledó González estaba destinado desde 2008 en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, que ha presidido desde 2020. En esta entrevista, el veterano magistrado hace un repaso de su etapa en la judicatura, de los problemas actuales de la Justicia y anuncia que a partir de ahora seguirá vinculado al mundo del Derecho, ejerciendo la Abogacía en un despacho boutique que ofrecerá diversos servicios, incluido el asesoramiento a otros abogados.

-Es el cuarto magistrado que se marcha de la Audiencia de Sevilla en los últimos años… ¿a qué se debe esta diáspora en la Audiencia?

-En mi caso es una decisión personal meditada, en la que confluyen diversos factores. Uno es, sin duda, la sensación de haber recorrido ya un dilatado camino profesional y personal al que no le quedaba mucho recorrido; fíjate que me jubilo como Presidente de una Sección Penal de la Audiencia Provincial y es la última responsabilidad a la que se puede acceder por algo tan objetivo como es la antigüedad, a partir de ahí hablamos de cargos discrecionales, para cuya designación ya sabemos que no basta con aquello del mérito y la capacidad y hay que explorar otras sendas a las que nunca he estado dispuesto.

-¿La situación de colapso por las macrocausas tiene la culpa de esta suerte de diáspora que se está produciendo en la Audiencia?

-Como he dicho en otras ocasiones, el colapso de la Audiencia Provincial de Sevilla es la crónica de una muerte anunciada. Hace ya bastantes años que quienes ejercemos en este órgano veníamos avisando de lo que ocurriría, para lo que no hacían falta especiales dotes adivinatorias, pero los destinatarios de esas llamadas de atención no han querido o sabido interpretarlas ni anticiparse a lo que ya hoy es una triste realidad.

La incidencia que ello haya tenido en las decisiones de otros compañeros habría que preguntárselo a ellos, pero a mi juicio no puede ser casual que así haya ocurrido, abandonando voluntariamente un destino que, hasta hace no muchos años, era bastante codiciado. Me hablas de cuatro marchas de la Audiencia en poco tiempo, pero por lo que oigo de compañeras y compañeros, todo apunta a que van a ser otras tantas más en un breve plazo, lo que ya se acerca a la mitad de la plantilla de estas Secciones Penales. Alguien debería pararse a pensar sobre ello, analizar las causas y procurar respuestas ágiles y eficaces.

Las macrocausas en sí no son ni debieran ser un problema, si quienes tienen esa responsabilidad hubieran sido capaces de diseñar a tiempo sistemas adecuados y medidas excepcionales para afrontarlas; por ello, más que las macrocausas, el problema está de una parte en el resto del trabajo ordinario de la Audiencia, pues detrás de los restantes procedimientos hay ciudadanos que esperan hace tiempo respuestas en materias tremendamente delicadas y sin duda importantes para su vida y su futuro, a los que con esta situación se les ha hurtado su derecho a una respuesta en tiempo razonable, y de otra parte no podemos ignorar que hay una sensación generalizada en la Audiencia de abandono por parte de quienes debieran afrontar decididamente la respuesta a esa situación. La única respuesta institucional parece consistir en seguir exigiendo más a los únicos que reman hacia adelante, y es inevitable que eso produzca tal sensación de abandono e incluso decepción, con la percepción de que ya se desbordan incluso líneas de dignidad de forma muy injusta.

-¿Tiene arreglo lo de las macrocausas? Porque todavía quedan por llegar más de un centenar de procesos para ser enjuiciados en los próximos años.

-¡Claro que tiene arreglo! Lo primero tiene que ser superar esa mentalidad cicatera que siempre se ha tenido con la Justicia, en la que ningún gobierno ha querido invertir de forma decidida, a veces con la complicidad de los propios órganos de gobierno del poder judicial, que se muestran comprensivos con esas políticas en lugar de ser reivindicativos. Tenemos que ser conscientes de que situaciones excepcionales requieren respuestas también excepcionales y las medidas de esa naturaleza cuestan dinero. Hace años los integrantes de las Secciones Penales de la Audiencia entendimos que era necesario un equipo permanente de tres magistrados que, a modo de relevo automático, asumieran el despacho de asuntos ordinarios de los tres compañeros que estuvieran celebrando el juicio de una macrocausa, con lo cual se habría logrado mantener el ritmo normal de trabajo y que siempre se estuviera celebrando, en paralelo, una de esas macrocausas; por razones que se me escapan pero que mucho me temo son puramente económicas, nunca se ha logrado esa sencilla reivindicación y se han escatimado los refuerzos, a lo que se suma la lentitud exasperante para cubrir bajas prolongadas o vacantes y situaciones similares.

Siempre me ha llamado la atención que un Presidente de Gobierno, sea nacional o autonómico, puede decidir un viernes crear un nuevo Ministerio o Consejería y al lunes siguiente ya te encuentras un edificio habilitado con su personal, medios materiales, sistema informático, etc. para comenzar a funcionar. No lo critico, me parece tan legítimo como encomiable, pero no acabo de entender porqué para crear una nueva plaza de Juez, no digamos un nuevo órgano judicial, deben pasar años y las promesas se eternizan. Si repasamos las Memorias de los últimos diez años del Tribunal Superior de Justicia, advertimos con desazón que se repiten miméticamente las mismas reivindicaciones, que ya parecen no pasar de un mero brindis al sol.

-Hay muchas expectativas en la decisión del Tribunal Supremo sobre determinadas macrocausas, como la de los ERE, por si pueden ayudar a agilizar la situación de la Audiencia de Sevilla. ¿Cuál es su opinión?

-Sin duda la respuesta del Tribunal Supremo tendrá una importante incidencia en el resto de las causas, por su autoridad y por la creación, en su caso, de Jurisprudencia vinculante, pero no podemos pensar que sea la panacea que ponga fin a las macrocausas. Ante todo, cada procedimiento versa sobre hechos distintos, y eso exige celebrar el correspondiente juicio, con toda su prueba –que no es poca en estos procesos-, para que el tribunal pueda estimarlos o no probados. Además, el papel que se imputa a cada acusado es necesariamente diverso en cada asunto, debe analizarse individualizadamente y han de tener todos ellos la oportunidad de defenderse adecuadamente con todas las garantías.

Sin embargo, es cierto que el Tribunal Supremo puede contribuir decisivamente a fijar una doctrina clara en aspectos netamente jurídicos, como una interpretación expansiva o restrictiva de la prevaricación administrativa, la eventual responsabilidad de terceros en delitos que sólo pueden cometerse por funcionarios públicos o el alcance de la proyección penal sobre sociedades mercantiles de capital público que, en principio, tratan de escapar de la rigidez del Derecho Administrativo. La fijación de esos elementos jurídicos afectará a las causas pendientes de enjuiciamiento en cuestiones muy dispares, desde reducir el número de cuestiones previas tan frecuentes en estos asuntos –facilitando así el juicio-, hasta conducir a un cierre anticipado de los procesos mediante la retirada de acusación o la conformidad de los acusados, lógicamente en función de cuál sea el signo de la respuesta del Alto Tribunal.

-El colapso de las macrocausas está retrasando el enjuiciamiento de otros procesos que no son tan mediáticos ni relacionados con los casos de corrupción, pero que también afectan a los ciudadanos, como los casos de violencia machista o los abusos sexuales… ¿Qué se puede decir a las víctimas?

-Lo que quisiéramos decirles es que su asunto va a tener respuesta en un plazo razonable, pero desafortunadamente no se les puede garantizar. El esfuerzo que están haciendo las Secciones Penales de la Audiencia no es suficiente para paliar el retraso provocado por las macrocausas, y al hablar de éstas no me refiero ya sólo a las que tienen connotaciones políticas, sino a otros muchos procesos de una creciente complejidad, pues en los últimos años se ha producido también un cambio cualitativo en los asuntos cuyo conocimiento corresponde a la Audiencia, de manera que ahora se suceden estafas o alzamientos de bienes (hoy frustración de la ejecución) en complejos entramados empresariales, delitos fiscales o contra la Seguridad Social, otros contra la ordenación del territorio e incluso los delitos de tráfico de drogas se imputan ahora a grupos más o menos organizados, por no mencionar la compleja realidad de la violencia de género en que, en apenas unas horas, se deben compendiar muchos años de sufrimiento, de tal manera que a día de hoy lo extraño es encontrar un juicio que pueda celebrarse en una sola mañana y requieren diversas sesiones, con las consiguientes exigencias de tiempo y también de personal y salas de vistas adecuadas.

-Desde la Sala de Gobierno del TSJA se apunta que hay otras audiencias provinciales que también están saturadas, como la de Málaga. ¿Tienen fundamento las quejas de los jueces sevillanos o hay un exceso de quejas?

-Sería una temeridad por mi parte pronunciarme sobre otros órganos y territorios que no conozco en detalle, y tampoco querría sumarme a esa secular tradición de alimentar comparaciones más o menos odiosas o incluso enfrentamientos entre ellos. Pero lo que sí puedo decir es que, si algo hay, no es un exceso sino un defecto de quejas por parte de los Magistrados penales de la Audiencia de Sevilla, y si algo me reprocho es que posiblemente habríamos debido adoptar medidas más contundentes en defensa de los ciudadanos.

Basta repasar la entrada diaria de asuntos y las agendas de señalamientos de las Secciones Penales para comprobar que la carga de trabajo es inasumible en plazos razonables con el personal y órganos existentes, y resulta triste comprobar que el gran esfuerzo que se hace por Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia, Gestores, Tramitadores y funcionarios de Auxilio de esos órganos, desdoblando sesiones de señalamientos, prolongando los juicios durante mas días y horas incluso de lo que sería responsable, obtengan por toda respuesta que otros también están mal, lo que desde luego no es ningún consuelo y no podría serlo nunca tampoco para quienes como víctimas y acusados tienen su vida pendiente de un proceso.

A esto me refería antes con la falta de respaldo institucional y la sensación de abandono, pues no se puede seguir exigiendo más y más a quienes, de forma objetiva y acreditada, conforme a los propios baremos del CGPJ que ya de por sí son tacaños e irreales, están trabajando muy por encima de los que se consideran módulos razonables. Desde luego, yo no querría ser intervenido por un cirujano que lleve operando más horas de las que su naturaleza humana le permite realizar con la necesaria atención y concentración; pues el ciudadano tiene que ser consciente de que puede y debe exigir ser enjuiciado por Magistrados que no estén saturados y sobrecargados por encima de los límites razonables.

-El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, consideró hace unos meses que la situación había mejorado con la posibilidad de “desdoblar” las secciones penales al contar todas ellas con seis magistrados… ¿El problema está solucionado con estos refuerzos?

-Cualquier refuerzo o mejora es bienvenida, pero eso no quiere decir que sea suficiente. Actualmente las Secciones Penales cuentan con un Magistrado en comisión de servicios (con lo que ello supone de inseguridad de futuro al ser necesaria la renovación semestral) y otra Magistrada de Adscripción Territorial (que también puede ser trasladada en cualquier momento), compañeros que con su ardua dedicación han supuesto, sin duda, una leve mejoría en la sobrecarga de trabajo, pero de ahí a considerarlo suficiente va un abismo. De una parte, ignoro por qué nunca ha sido atendida esa petición de un equipo de tres Magistrados que puedan sustituir de inmediato a quienes estén celebrando una macrocausa. De otra, sólo dos Secciones cuentan con una plantilla de seis Magistrados, pues las otras dos siguen teniendo cinco, lo que hace aritméticamente imposible ese desdoblamiento.

Además, la falta de seguridad sobre la permanencia de esos refuerzos y la lejanía de las fechas libres en que deben hacerse los señalamientos impiden una programación fiable, y al hacer dobles señalamientos se corre el riesgo de que, llegado el momento, uno de ellos haya de ser suspendido por no haber Magistrados suficientes.

Finalmente, hay un dato sociológico innegable y es que quienes estamos en el órgano colegiado de nivel provincial somos, evidentemente, los miembros de más edad de la carrera judicial, por lo que no son infrecuentes bajas por enfermedad y otras incidencias que limitan una ya insuficiente plantilla; tanto es así, que esos dos Magistrados que acabo de mencionar a duras penas han servido para paliar mínimamente diversas bajas y vacantes de titulares de la Secciones Penales, por lo que más que un refuerzo han sido en su mayor parte un paliativo temporal de situaciones sobrevenidas.

-Se marcha tras 35 años en la carrera judicial… ¿Qué diferencias hay entre la Justicia que se encontró cuando inició su trayectoria a la de ahora?

-En lo personal hay una diferencia abismal, pues cuando ingresé no tenía una sola cana y ahora casi no recuerdo de qué color era mi cabello. Bromas aparte, aquello era una Justicia mucho más vocacional y, si me permites el término, artesanal; cuando miro atrás me pregunto cómo podríamos trabajar sin ordenadores y sin las bases de datos de legislación y Jurisprudencia, que supusieron una revolución en el modo de acceder a la normativa y resoluciones judiciales; también entonces teníamos una relación mucho más cercana entre compañeros y entendíamos, de forma posiblemente equivocada, la profesión como un verdadero sacerdocio, que nos llevaba a sacrificar ocio e incluso familia en pro del trabajo.

Pero más allá de los recuerdos personales, quizá la mayor diferencia se encuentre en lo que se ha dado en llamar la politización de la Justicia y la judicialización de la Política. En mi personal opinión, el cambio del sistema de elección de vocales del CGPJ en 1985 fue un auténtico virus troyano que ha ido infectando todas las ramas del Poder Judicial, descubriendo los políticos los beneficios que les podía reportar su control sobre el órgano llamado a defender la independencia judicial y que ostenta también el poder disciplinario sobre los jueces, hasta tal punto de que las propias asociaciones entonces existentes cayeron en la tentación de promover su inclusión en dicho órgano como demostración de poder.

El propio Tribunal Constitucional pecó de ingenuo al sostener la constitucionalidad del nuevo sistema siempre que no se pervirtiera hasta ser una mera reproducción de las mayorías parlamentarias, que es lo que fue desde el principio. Los políticos no sólo han estado encantados de ejercer ese control, sino que incluso han presumido de ello, por ejemplo haciendo público el nombre del futuro Presidente que, con la ley en la mano, sólo habría de depender del voto de los Vocales. No se diga que los políticos no tienen interés alguno en controlar el CGPJ y, con ello, nombramientos tan relevantes como los Magistrados del Tribunal Supremo y algunos del Tribunal Constitucional, porque de ser así no se explica que siempre haya defendido este sistema el partido que está en el poder y lo haya denostado quien se encuentra en la oposición. Eso sí, quienes siguen defendiendo ese sistema parecen, además, inmunes a los avisos y llamamientos de Europa y, más en concreto, del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa.

La modificación del sistema de elección para volver a un modelo netamente constitucional se me antoja un paso imprescindible para garantizar la independencia judicial y tratar de reconstruir esta maltrecha justicia; afortunadamente parece que en ello hay ya consenso entre todas las asociaciones judiciales (y hay que reconocer que el Foro Judicial Independiente ha sido la única que lo defendió desde sus orígenes) y también entre diversas fuerzas parlamentarias (salvo, claro está, quienes ostentan el Gobierno, que no quieren cambiar las reglas de juego cuando les toca disfrutarlas).

-¿Cuáles han sido el mejor y el peor momento que ha vivido en su etapa como juez?

En esta profesión hay momentos muy duros y con frecuencia, tras algunos juicios singularmente dramáticos, es inevitable llevarte a casa el sufrimiento de las víctimas, con una carga emocional que resulta difícil superar. En los levantamientos de cadáver impactaba también encontrarte con familiares del fallecido que descubrían lo ocurrido en ese preciso momento y se desbordaban emocionalmente sin que tú pudieras hacer nada; recuerdo, y todavía me emociono al hacerlo, una ocasión en que, tras acostar a uno de mis hijos, me avisaron para un levantamiento y, al llegar, me encontré con la muerte súbita en su cuna de un niño de edad parecida a mi hijo y que vestía exactamente el mismo pijama con que acababa de dejarlo en casa…

El ejercicio como Juez también me ha dejado buenos momentos, quizá los mas importantes los que tienen que ver con la inquebrantable amistad tejida con no pocos compañeros.

Por supuesto, ha habido incluso momentos divertidos y anécdotas que todavía que me hacen sonreír al recordarlas, pero de eso sabe mucho quien me entrevista desde la publicación de su legendario libro De Juzgado de Guardia… Y por aquello de creer en lo que hacemos y en la función del Derecho Penal, recuerdo con especial satisfacción algunas visitas de antiguos “clientes”, y ha sido mas de uno, que tras cumplir su condena vinieron a comentarme su reinserción y la normalización de su vida e incluso a agradecer la condena como punto de inflexión para ese cambio.

- Tengo entendido que, al igual que han hecho otros compañeros suyos, su jubilación anticipada no significa que vaya a colgar la toga…

-Colgaré la toga de Juez, de la que siempre estaré orgulloso, pero el Derecho se lleva dentro y es imposible abandonarlo para siempre, así que efectivamente, además de recuperar tiempo para mi gente, la idea es no desconectarme y seguir vinculado a lo jurídico, aunque sea desde otra perspectiva.

-¿Qué destacaría de esa nueva andadura?

-La verdad es que he recibido algunas ofertas, todas ellas interesantes y que sin duda agradezco, pero soy consciente de que el ejercicio puro y duro de la abogacía es muy complicado, por lo que mi idea es hacer algo distinto, que suponga un reto personal y profesional pero que resulte a la vez ilusionante.

-¿Cómo será ese nuevo bufete? ¿Será eso que ahora se denominan despacho boutique?

-Se trata de una idea novedosa en la que cuatro despachos consolidados, con gran experiencia y especializados en distintas áreas de ejercicio, ponen todo eso en común para ofrecer un servicio integral a sus clientes que abarque todos los ámbitos posibles, sin por ello perder cada despacho su propia individualidad e idiosincrasia.

-¿A qué tipo de clientes se dirige?

-Como digo, el proyecto al que me han ofrecido incorporarme se podría definir como una asistencia jurídica integral para personas físicas y empresas, ofreciendo respuestas desde el ámbito civil, mercantil y societario hasta el fiscal y tributario, pasando por el apasionante mundo del derecho administrativo, también el deportivo y, por supuesto, abarcando igualmente la esfera penal. Y todo ello sin perder la esencia del despacho artesano y la atención y seguimiento personales.

-También servirá para asesorar a otros abogados o despachos… ¿Esta faceta es novedosa o ya hay algún antecedente?

-Esa es una idea que tenemos para ofrecer un servicio que resulta novedoso en nuestro ámbito territorial, pero que ya funciona con éxito en otras capitales. Se podría denominar la “segunda opinión”, concebida como un servicio exclusivo para Letrados y despachos –que serían los auténticos clientes y destinatarios-, de tal forma que aquel profesional que no tenga tiempo para abordar en profundidad un asunto, que no cuente con experiencia en ese concreto ámbito y quiera ganar en seguridad o que simplemente pretenda contrastar sus ideas e impresiones con otra opinión profesional fundada, pueda contar con un detallado informe en que se aborden tanto los aspectos sustantivos como los procesales, incorporando no sólo las normas aplicables sino también doctrina y Jurisprudencia seleccionada, además de valorar las diferentes alternativas e incluso estrategias, de tal manera que sea una completa guía documentada que le facilite la llevanza del asunto, al tiempo que mantiene y consolida la confianza de su propio cliente.