El Constitucional retrasa la excarcelación de Antonio Fernández y Jesús Rodríguez Román

El caso de los ERE

Son los dos últimos ex altos cargos que siguen en prisión tras la anulación de las sentencias por parte del tribunal de garantías, que en este caso no ha anticipado el fallo a la Audiencia de Sevilla

El ex consejero Vallejo sale de prisión tras anular el Tribunal Constitucional su condena

El Constitucional estima los recursos de amparo de Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Jesús María Rodríguez Román

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández, en el juicio de los ERE.
El ex consejero de Empleo Antonio Fernández, en el juicio de los ERE. / efe

La excarcelación de los dos últimos ex altos cargos que siguen en prisión por el caso de los ERE se retrasa por el Tribunal Constitucional. El ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, permanecen privados de libertad a pesar de que la corte de garantías estimó parcialmente el pasado miércoles sus recursos de amparo, al igual que sucedió con los ex consejeros Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, que quedaron en libertad ese mismo día, si bien Martínez Aguayo disfrutaba desde junio del tercer grado penitenciario que le permitía sólo tener que regresar a dormir en el Centro de Inserción Social (CIS) Luis Jiménez de Asúa.

Fuentes del caso explicaron ayer a este periódico que los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla no recibieron durante la jornada del miércoles ni en la de ayer jueves la comunicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha estimado parcialmente los recursos de amparo de estos ex altos cargos y ordenaba dictar una nueva sentencia, por lo que los jueces no han acordado la excarcelación de Antonio Fernández, que cumple condena en la prisión de Puerto III, y de Jesús María Rodríguez Román, que está en Sevilla-I.

En cualquier caso, las fuentes consultadas han mostrado su extrañeza por el hecho de que, a pesar de que todos los recursos de estos ex altos cargos se resolvieron el mismo día, se haya anticipado sólo el fallo de unos ex altos cargos y de otros no, lo que hace pensar que el Alto Tribunal se haya planteado notificar directamente el contenido de la sentencia, una vez que esté publicada, algo que podría producirse hoy.

Tras las sentencias del Tribunal Constitucional que han dado un vuelco al caso de los ERE, ordenando anular las condenas por los delitos de prevaricación y malversación de caudales público por los que fueron condenados en el juicio del denominado "procedimiento específico" o "pieza política" de la macrocausa, la Audiencia ha ordenado la excarcelación ya de tres ex altos cargos: los ex consejeros Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, y el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

El ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.
El ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román. / josé angel garcía

Estos ex altos cargos habían sido condenados a penas de entre seis y casi ocho años de prisión -en el caso de Antonio Fernández, al que se impuso la máxima condena-, y llevaban privados de libertad desde diciembre de 2022, en el caso de Carmen Martínez Aguayo, y de enero de 2023, el resto de los ex altos cargos. El ex consejero Francisco Vallejo criticó el pasado miércoles, a su salida de la cárcel de Sevilla-I, que se había "comido un año y medio de cárcel sin una sola prueba".

Las sentencias del tribunal de garantías, que cuentan con un voto particular de los magistrados del ala conservadora, han venido a declarar que se han vulnerados los principios de legalidad penal y de presunción de inocencia, destacando que los órganos judiciales han realizado una interpretación y aplicación imprevisible del delito de malversación (art. 432 CP), prohibida por el derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE).

En la mayoría de los casos la exoneración de la condena no es total -como sí sucede en el caso del ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar-, sino que hay algunas excepciones en las que la corte de garantías no ampara a los recurrrentes: se trata de la disposición de fondos públicos para fines distintos a los previstos en el citado programa 31 L; esto es, las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis; y también algunas modificaciones presupuestarias que se hicieron al margen de este programa presupuestario.

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