El Constitucional también planea anular la condena al ex consejero de Empleo Antonio Fernández

Una nueva ponencia que se presentará al pleno del Tribunal Constitucional del próximo 2 de julio también planea conceder el amparo al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, al que la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo impusieron una de las mayores condenas por el delito de malversación: siete años y once meses de prisión. Fuentes del caso consultadas por este periódico han explicado que la ponencia de la vicepresidenta del tribunal de garantías, Inmaculada Montalbán prevé reducir la malversación en el caso de Antonio Fernández al periodo comprendido entre los años 2000 y 2001 y a un grupo de ayudas por un importe total de 5,5 millones que se desviaron a fines distintos y ajenos de la partida 31L, entre las que se encuentran la ayuda para los juegos del Mediterráneo de Almería o el pago de subidas salariales en el conflicto de la limpieza pública de Granada.

Al igual que ha ocurrido con el caso de la ex consejera de Hacienda Magdalena Álvarez, cuya condena a 9 años de inhabilitación ha anulado el Constitucional, y como ocurrirá en el caso de la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo -que fue condenada a seis años de prisión-, el tribunal de garantías puede anular la condena impuesta en su día por la Audiencia de Sevilla al ex consejero de Empleo Antonio Fernández.

Hasta ahora el tribunal de garantías ha avalado el uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, a través de la partida presupuestaria 31L en materia de la relacionales laborales, que se creó con la ley de presupuestos del año 2002 y, según las ponencias que han sido aprobadas, ese procedimiento no podía ser ilegal porque había sido aprobado por el Parlamento de Andalucía y ningún órgano judicial planteó una cuestión de inconstitucionalidad sobre esas sucesivas leyes de presupuestos en las que se incluían las partidas para el pago de las ayudas que por importe total de 680 millones se concedieron entre los años 2000 y 2009.

Sin embargo, el tribunal de garantías entiende que las ayudas que se concedieron en los años previos a la introducción de la partida 31L sí que se puede considerar que las ayudas no tenían un procedimiento y que se vulneró la ley de subvenciones, de ahí que las ponencias que se están sometiendo al pleno del TC planean acotar las posibles condenas a los años 2000 y 2001.

En el caso de Antonio Fernández, la ponencia propone estimar parcialmente el recurso de amparo del ex consejero, declarando la nulidad de la sentnecia de la Audiencia de Sevilla y la confirmación por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y retrotraer el proceso al momento anterior al dictado de la sentencia para que la Audiencia hispalense dicte un nuevo fallo.

De esta forma, la Audiencia de Sevilla tendría que dictar una nueva sentencia para Antonio Fernández, teniendo en cuenta el uso de los fondos del programa 31L que se emplearon para fines "distintos y ajenos" a los recogidos en las fichas presupuestarias del mismo. La sentencia de la Audiencia de Sevilla, dictada en noviembre de 2019, se refería, entre otros, al pago de 3.386.017 euros fueron abonados por el IFA a las empresas Tapsa y CICM por varias campañas de comunicación sobre Fomento de Empleo y divulgación del SAE; a un protocolo suscrita en 2002 por el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera para la cesión al sistema de emergencias 112 Andalucía de las dependencias correspondientes a la sexta planta del Pabellón de Italia; o a la finanación del programa de formación del voluntariado de los juegos olímpicos del Mediterráneo en Almería, por el que se abonaron otros 180.304 euros para la realización de cursos on line.

También se incluye la financiación de parte de las subidas salariales de trabajadores de las empresas FCC y Cespa como consecuencia de la suscripción del convenio colectivo en 2006, que puso fin a la conflictividad laboral de la limpieza pública de Granada; o la colaboración en la financiación de 16 muestras de artesanía y jornadas relacionadas con el empleo en los municipios andaluces entre los años 2002 y 2004, de los cuales 14 eran regidos por el PSOE, uno por el PA y otro por IU, en su mayoría en la provincia de Sevilla. También se incluye el pago de 1,1 millones para cursos de alta dirección de instituciones sociales entre los años 2004 y 2010.