La auditora de la Cámara de Cuentas afirma que los expedientes de las ayudas eran "la anarquía"

La gestión de las ayudas en la Dirección General de Trabajo era caótica. La auditora de la Cámara de Cuentas Nuria Mendoza Domínguez, que coordinó el informe de fiscalización sobre las ayudas sociolaborales y a empresas concedidas por la Junta en el periodo 2001-2010, ha asegurado este lunes en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE que los expedientes de las subvenciones concedidas por la dirección general de Trabajo eran “la anarquía”, porque cada expediente era “distinto del anterior” y planteaban “muchas anomalías”, y además el procedimiento empleado para la concesión era “tan anormal” que lo hacía “todo confuso”.

La testigo, que desde finales de 2011 coordinó el equipo de seis personas que durante meses estuvo estudiando las ayudas una vez que estalló el escándalo de los primeros intrusos detectados en el ERE de Mercasevilla, ha destacado entre las irregularidades que apreciaron en el muestreo que “no había ninguna comprobación de los requisitos” para la concesión de las ayudas, y así ha concretado que de los 102 expedientes de ayudas que examinaron, prácticamente la mitad, en 50 casos, no tenían “ningún documento, mientras que en sólo seis expedientes de esos 102 había solicitud de la ayuda, y en otros 46 había un “protocolo o acuerdo” para su concesión. Aunque sólo se analizaron esas 102 ayudas, el muestreo realizado abarcaba más del 90% del crédito concedido en ese periodo por la consejería de Empleo a través de las transferencias de financiación de la partida 31L, conocida popularmente como el fondo de reptiles.

Nuria Mendoza ha añadido que después de diez años concediéndose este tipo de ayudas, a su juicio queda patente que las mismas “no revisten un carácter de urgencia, no tenían sentido”, por lo que ha concluido que estas ayudas “tenían que haber sido objeto de una regulación específica”, tanto las sociolaborales como las que se otorgaron a empresas en crisis.

Además ha aseverado que las ayudas “no respondían en absoluto a ningún criterio”, no estaban vinculadas a ningún marco legal –no se plantearon examinarlo al amparo de las órdenes del Ministerio de Trabajo de 1994 y 1995, ha precisado a preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción-, y a la hora de analizarlas lo hicieron bajo el “paraguas que había entonces para las subvenciones excepcionales”. “Como no había orden, no había requisitos, los requisitos estaban en cada ERE en cuestión”, que incluía asimismo un “pacto social”, ha destacado.

La auditora ha añadido que todos los informes de la Cámara de Cuentas se envían al Tribunal de Cuentas y en caso de que se detecte un caso de indicios de posible “responsabilidad contable” la obligación de los auditores consiste en solicitar un informe al gabinete jurídico de la Cámara.

La testigo ha precisado que no recibieron “absolutamente ninguna directriz” a la hora de realizar el informe, en el que “no hubo ningún tipo de interferencia” por esta labor que tuvo hasta cuatro consejeros de la Cámara como encargados.

También ha relatado cómo se dio traslado del borrador del informe, que estaba preparado el 6 de marzo de 2012, a la Consejería de Empleo porque estaban previstas unas elecciones autonómicas en fechas inminentes -fueron el 25 de marzo- y el consejero quería conocer el informe previamente. En cualquier caso, entre el borrador del informe, el anteproyecto del mismo y el informe definitivo no hubo “modificaciones de fondo”. La auditora ha agregado que hubo “variaciones en el cuerpo” en el documento pero no en las conclusiones ni de forma sustancial.

Así, ha detallado que el equipo de auditoría solicitó dos informes al gabinete jurídico y el Pleno de la Cámara encargó otro sobre la “totalidad” del informe dada la “complejidad” que tenía el mismo, algo de lo que la testigo no tiene constancia de que se haya hecho con anterioridad pero que justifica porque nunca se había hecho un informe “tan complejo”, en el que la Consejería de Empleo llegó a efectuar 109 alegaciones.

La testigo sí ha reconocido que entre el borrador y el informe definitivo se hicieron algunos cambios, como por ejemplo sustituir la expresión “fraude de ley” en relación con la utilización de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas, que se sustituyó por la del “uso inadecuado” de las transferencias; o también se cambió que algunas de las actuaciones realizadas conllevaban una presunta “responsabilidad penal”, que fue eliminada porque entendían que a la Cámara sólo le correspondía pronunciarse sobre la posible responsabilidad contable, no la penal.

Entre las conclusiones más destacadas, el informe alerta de que las ayudas se concedieron “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido” para la concesión de las subvenciones.

La testigo ha relatado asimismo que hubo una parte de las ayudas que el IFA/IDEA “pagó contra su propio patrimonio y después fue la consejería de innovación la que financió esas ayudas”, se pagaron con transferencias de financiación de la Consejería de Innovación, que no era la gestora de la partida 31L, ha puntualizado.

Por último, ha señalado que la Intervención General de la Junta no estaba obligada a reclamar los expedientes de las ayuda concedidas año tras año, y ha afirmado que la encomienda de gestión del año 2010 estaba contabilizado el gasto pero “se tramitó mal y hubo un error en la fiscalización previa del expediente”.