El caso Herrera, visto para sentencia: entre la “maquinación” de la RFAF y la "falta de pruebas”

El juicio a Eduardo Herrera, presidente de la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) entre 1986 y 2019, y su antiguo delegado en Huelva Félix Pérez Romón, ambos acusados de malversar una subvención pública del Consejo Superior de Deportes (CSD) para obras en los campos onubenses de La Orden y de apropiarse de unos 6.500 euros, quedó visto para sentencia este jueves tras una última sesión tensa y repleta de reproches. Algunos muy directos, como cuando Mercedes Alaya mandó callar al abogado de Herrera, y otros algo menos pero no mucho, como cuando los dos mismos protagonistas calificaron de “oscuro” el escrito de la fiscal. Es lo único en lo que coincidieron en los tres días de vista. También se produjo la inevitable colisión entre la versión de la acusación, que habló de “maquinación”, “partidas engordadas” y faltas al deber, y las defensas, que denunciaron la “falta de pruebas”.

No hubo novedades en las calificaciones definitivas. La Fiscalía apenas modificó la suya para incluir un apartado más del artículo que tipifica la falsedad en documento mercantil, pero sigue pidiendo la misma condena: cinco años de cárcel para Herrera, Pérez Romón y el hijo de este último por el citado delito en concurso con otro de malversación. Y las defensas mantienen que sus clientes deben ser absueltos. La del otrora presidente de la Federación Onubense de Fútbol (FFOF), como opción en caso de condena, solicitó que se le aplicase la atenuante muy cualificada de cuasi-prescripción.

La fiscal comenzó su informe con fuerza. “Existió una maquinación para apropiarse de tal subvención”, 78.895,65 euros que el CSD pagó a la Federación Española de Fútbol (RFEF), que esta transfirió a la Andaluza y que acabaron en Invergabe, una empresa administrada por el propio Pérez Romón que logró la obra tras imponerse a otras dos sociedades que en realidad, según sus propios dueños, ni siquiera se presentaron. “Se ha constatado la falsedad de dos de los tres presupuestos aportados desde Huelva a la RFAF”, indicó la representante de la acusación pública, que también destacó que los acusados “conocían de antemano el importe de la subvención”, fruto de un convenio CSD-RFEF para destinar el 1% de la recaudación de la Quiniela a obras en distintas regiones.

Como la presidenta del tribunal le dio un toque y le recordó que “la partida malversada se refiere a los postes parabalones” –trece palos para sujetar las redes tras las porterías y evitar así que los balones se embarquen–, la fiscal fue a lo concreto y recordó que, según la Guardia Civil, había ocho y los investigados se quedaron ese “exceso de facturación”, los 6.500 euros en que se valoraban los cinco postes presuntamente perdidos.

"Hubo un plan preconcebido para beneficiarse de la subvención. Sólo consta el abono de la primera factura a la FOF, por 41.000 euros, pero no la segunda, ni a la FOF ni a Invergabe", explicó la fiscal. “Aunque el señor Herrera afirme que no firmó el contrato de la obra, es indiferente, tenía conocimiento de los presupuestos y del contrato. Y es imposible que no conociera que Invergabe era una empresa de Pérez Romón. Había más que una relación de confianza entre ellos”, prosiguió la acusación, que recalcó el detalle de que el delegado onubense fue operado en una clínica de la RFAF cuando ya había dimitido. Después sentenció: “Ambos tenían el deber de controlar la correcta aplicación de la ayuda, pero no sólo no lo hicieron, sino que incluyeron partidas engordadas y se apropiaron de una parte”.

Adolfo Cuéllar (Zurbarán Abogados) tampoco se anduvo con rodeos en su exposición en defensa de Herrera. “Si el escrito provisional me parecía oscuro y confuso, el definitivo lo es todavía más”, lamentó. También criticó que el CSD no hubiese sido llamado a participar en el proceso pese a ser “el órgano perjudicado”, ya que “los caudales públicos” objeto del caso provenían de sus arcas. De hecho, un eje clave de su defensa es que la RFAF no administró ningún dinero público. “La delegación la tiene la RFEF. Es palmario que el CSD subvenciona y la RFEF es el subvencionado. Pero según el fiscal, el beneficiario es el que debe controlar la subvención”, argumentó.

“No es indicio de nada que la obra esté terminada cuando se firma el convenio; es lo lógico. Pocas veces se puede acusar a una persona con tal falta de pruebas”, continuó. “No consta el menor dato de que el señor Herrera contribuyera a la elaboración fraudulenta de los presupuestos; ni de que firmara el contrato de ejecución de obra; ni de que participara en la emisión de las facturas; ni de esa amistad íntima con el señor Pérez Romón; ni de que participara en esos beneficios de 6.500 euros”, enumeró. Además, “las facturas se pagaron, consta en las cuentas de la RFAF”. Y respecto a los parabalones... “Me parece increíble que hayamos estado tanto tiempo hablando de unos postes. No hay más prueba que lo que dicen los guardias civiles”, denunció.