El juez vuelve a citar para el 2 de abril al ex visecretario general del PSOE-A Rafael Velasco

El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana ha vuelto a citar a declarar como investigado el próximo 2 de abril al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco, en relación con la investigación que se inició en el año 2016 sobre cuatro ayudas de la formación concedidas a la empresa Aulacen Cinco.

El magistrado había citado a Velasco para el pasado 27 de febrero, y también citó como investigado al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que actualmente está en prisión cumpliendo condena por el caso de los ERE, y a los ex directores generales de Formación María José Lara González, Manuel Brenes Rivas y Manuel Jesús García Martín.

El instructor ha citado a declarar a un total de diez investigados los días 2 y 23 de abril. Entre los imputados figuran además Antonia M. L., esposa de Rafael Velasco, que aparece como representante legal y administradora única de la empresa Aulacen 5; y sus hermanas Rafaela -evaluadora en los cursos de formación subvencionados- e Inmaculada -docente en los cursos de formación subvencionados-; y Pedro Velasco, hermano del ex dirigente socialista y que figura como docente en los cursos. Todos comparecerán el 2 de abril. Para el día 23 de abril, el magistrado ha citado al ex consejero Antonio Fernández, quien declarará a través de videoconferencia desde prisión, y a los ex directores generales de Formación.

El juez pidió recientemente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que aporte los atestados elaborados en relación a los denominados "entramados empresariales" de varios investigados en la causa de formación, como el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda -ya fallecido- y Rafael Velasco.

También ha ordenado que se realice una consulta telemática sobre el mantenimiento o cese de la actividad económica de la empresa Aulacen Cinco, que recibió cuatro subvenciones de la Dirección General de Formación por importes de 82.593 euros, 41.296,5 euros, 41.296,5 euros y 28.752,30 euros entre los años 2006 y 2009, respectivamente.

En total, Aulacen Cinco habría sido beneficiaria "injustamente de una continuada disposición de fondos públicos procedentes de la Junta de Andalucía" que asciende a 193.938,30 euros, que fueron otorgados "al margen de la legalidad vigente, prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en claro perjuicio de la generalidad de empresas -en especial, de las del mismo sector de actividad- y desempleados, privándoles de concurrir a su concesión acreditando las condiciones y requisitos habilitantes de su percepción; con desprecio de elementales normas de procedimiento en la gestión de fondos públicos, y con incumplimiento de la disciplina de concesión, control, pago y justificación de subvenciones dirigidas a la Formación para el Empleo".