La veterinaria del Ayuntamiento deriva la responsabilidad de la inspección a la Junta

La inspectora veterinaria María José O. B. ha derivado la responsabilidad de las inspecciones de la empresa Magrudis, donde se detectó el mayor brote de listeriosis de España que ha causado cuatro muertos, a la Junta de Andalucía. En su declaración como investigada ante la juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, la funcionaria ha alegado que la "supervisión" no la hace el Ayuntamiento de Sevilla, sino que ha explicado que la Junta hace "anualmente una plan de inspección y otro de supervisión, y se lo presenta al Ayuntamiento", ha precisado María José O. B., según han confirmado a este periódico fuentes del caso.

La funcionaria, que sólo ha declarado a las preguntas de la instructora y de la Fiscalía y se ha acogido a su derecho a no declarar a las preguntas de las acusaciones particulares y de las defensas de los afectados, ha insistido en que el Ayuntamiento "no hace supervisiones y cuando de lo encarga la Junta, realiza una al año".

María José O. B. ha asegurado que el 14 de agosto de 2019 -cuando aún no se había declarado la alerta sanitaria por parte de la Junta- una compañera suya aconsejó que se limpiaran y desinfectaran las instalaciones de Magrudis porque "únicamente se habían recibido tres lotes" y se pensó que en lugar de listeria podría tratarse de un brote de salmonella, más propio del verano.

La inspectora veterinaria ahora investigada en la causa acudió el día 16 de agosto a la nave de Magrudis en el polígono industrial El Pino, y ese día es cuando los trabajadores, según ha dicho, empiezan a limpiar, y ella toma muestras de superficie en el carro del horneado de la carné mechada y del condensador de la sala de enfriar el productor, denominada sala de "abatidor de temperatura".

La investigada, que ha afirmado que se "enteró por la prensa" del brote de listeriosis, ha indicado que fue a Magrudis porque había que hacer "una inspección oficial" y ha reiterado que la supervisión esta programada. También ha dicho que el dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y su hijo Sandro -ambos siguen actualmente en prisión provisional- le "ocultaron" que habían estado elaborando chorizos, y cuando les preguntaron por esta cuestión, le respondieron que "únicamente habían hecho una prueba".

Por último, ha señalado que el plan de control de plagas estaba contratado en el año 2017, así como el plan de mantenimiento de las instalaciones y el de trazabilidad, al igual que el de mantenimiento de la cadena de frío y el de certificación sobre suministros y proveedores.