"UGT-Andalucía es una organización centenaria dirigida por personas normales y honradas"

El juicio a parte de la antigua cúpula de UGT-Andalucía por un presunto fraude cifrado en unos 40 millones de euros correspondientes a subvenciones públicas para cursos de formación de trabajadores, quedó ayer visto para sentencia en la Audiencia de Sevilla. Después de casi cinco meses y casi una treintena de sesiones, el presidente de la Sección Tercera puso fin a una vista oral en la que se confrontaron la Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía y el PP-A con una quincena de defensas. La última en intervenir fue la del sindicato, que dejó un informe plagado de críticas a las “falacias” de las acusaciones y la actuación “abusiva, temeraria y ejercida con mala fe” de la Junta, así como consideraciones sobre la decencia de “una organización centenaria dirigida por personas normales y honradas que han sufrido muchísimo por este procedimiento”.

El letrado José María Calero desarrolló su informe a lo largo de algo más de media hora. “No existió ánimo de lucro en ningún acusado, ni voracidad defraudatoria”, indicó casi al principio en respuesta al empleo de esa misma expresión por parte de la Fiscalía. Anticorrupción pide siete años de cárcel para el ex secretario general Francisco Fernández Sevilla, el entonces tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín y el consejero delegado de Soralpe, Enrique Goicoechea, así como cinco años para la responsable del departamento de Compras Dolores Sánchez Montaño. También reclama que los cuatro primeros indemnicen a la Junta con 40.750.047,74 euros y que la quinta pague 4.288.707,74 euros. Y para cada uno, además, solicita multas de 50 millones.

“Las peticiones están cercanas a los 300 millones de euros”, calculó el abogado defensor, que lamentó su “absoluta falta de fundamento”. Ese argumento también le valió para los hechos objeto del juicio. “UGT jamás ha adquirido inmuebles con el dinero de las subvenciones y no ha ocultado ningún dato a la Junta porque asegura su contabilidad notarialmente”, afirmó. A continuación criticó las “falacias” difundidas (en su opinión) por la parte contraria respecto a “la caseta de Feria” y “los viajes al Caribe”. “Estas afirmaciones parecían buscar más el titular del periódico que la verdad material”, proclamó. “Si aquí hay una verdad incontrovertible, es que los cursos se celebraron”, replicó. “Fueron 87 de 88”, aseveró más tarde basándose en un informe de la propia Administración.

La defensa del sindicato prosiguió con una amplia y muy jurídica exposición de los “dos errores de fondo” que, en su opinión, había en los planteamientos de las acusaciones. El primero consistió en “suprimir del fraude la necesidad de que se altere sustancialmente el fin de la subvención”, que es “un elemento esencial” del delito enjuiciado. En este caso, contrapuso el abogado, UGT-A dedicó el dinero público a lo que debía.

El segundo, “equiparar conceptos no equiparables, como gasto no elegible con gasto fraudulento”, se comió un buen trozo del informe. El gasto elegible es el susceptible de ser subvencionado. “La clave del delito de fraude en subvenciones es que se esté alterando lo que el Estado quiere conseguir con la subvención. Si esa alteración no es sustancial, sale del ámbito penal y corresponde al administrativo”, alegó. Es decir, que no debería haberse juzgado en la Audiencia ni con peticiones de cárcel.

“Un gasto no elegible no es igual que un gasto fraudulento. Este argumento es muy atractivo. Si la Junta declara que un gasto no es elegible, es que tiene claro que no se destinó a la finalidad de la subvención, con lo que dice que es fraudulento. Nosotros estamos seguros de que la Audiencia no lo va a ver así y que se dará cuenta de esa falacia. Una cosa es que una factura no esté suficientemente explicada y otra, que se haya destinado a una cosa distinta”, reflexionó en alusión a la denuncia de que las facturas que UGT-A hacía elaborar a sus proveedores eran demasiado genéricas. “Una factura que genera incertidumbre, porque no se sabe bien qué pone, es un gasto no elegible pero no puede ser un fraude. Aunque la pericial judicial fuese irrebatible, sólo demostraría que los gastos fueron no elegibles. Una deficiente justificación [de la subvención] no es lo mismo que una malversación o un fraude”, añadió.

El informe acabó con otro varapalo a la Junta, para la que pidió expresamente que pague las costas (sus honorarios, en resumen) tras comprobar que la Administración se ha empeñado en exigir que el sindicato ayude a abonar la multimillonaria indemnización. “El letrado de la Junta ha perdido una buenísima ocasión de hacer lo que debería haber hecho”, señaló. Se refería a su petición, no satisfecha, de que el Gobierno andaluz retirase la acusación contra el sindicato tras el acuerdo alcanzado entre ambos en 2022 para que UGT pague casi 70 millones en varios años. “Si cada día se está pagando una cuota, la Junta está ya cobrando lo que está pidiendo”, reivindicó.