Arranca la vista para decidir sobre el ingreso en prisión de cuatro ex altos cargos

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha dictado la sentencia en el denominado "procedimiento específico" de los ERE, ha iniciado sobre las 10:20 horas de este jueves la comparecencia solicitada por la Fiscalía Anticorrupción del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decidir sobre el ingreso en prisión de cuatro ex altos cargos de la Junta: los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, y los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y Juan Márquez.

Tanto Antonio Fernández como Francisco Javier Guerrero han sido condenados a siete años, once meses y un día de prisión y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, mientras que José Antonio Viera y Juan Márquez fueron condenados por los mismos delitos a siete años y un día de cárcel y 18 años y un día de inhabilitación absoluta.

No es la única condena para dos de los ex altos cargos, dado que la Audiencia de Sevilla condenó en mayo pasado a Javier Guerrero y Juan Márquez a penas de más de cinco años –cinco años y nueve meses a Guerrero y cinco años y tres meses a Márquez–, en relación con los pagos realizados por la Consejería de Empleo durante siete años, entre 2003 y 2010, por la contratación por la empresa Umax Informática y Consultoría de al menos 44 trabajadores algunos de los cuales estaban relacionados con sus "vínculos de vecindad y amistad", a través de un contrato con esta entidad en el que se prescindió “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, ya que se hizo de forma verbal”.

De los cuatro acusados a los que se reclamará en esa vista –que podría ser convocada para mañana mismo– el ingreso en prisión, únicamente Antonio Fernández y Javier Guerrero han pasado ya por la cárcel, dado que la juez Mercedes Alaya los envió a prisión provisional tras tomarles declaración. Javier Guerrero fue el primero de los investigados que pisó la cárcel, el 9 de marzo de 2012, cuando Alaya ordenó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, y permaneció privado de libertad hasta el 22 de octubre. Guerrero volvió a prisión el 22 de marzo de 2013, tras una nueva operación relacionada con el pago de las sobrecomisiones de los ERE y salió el 5 de junio de 2013. Hasta ahora, Guerrero ha pasado 303 días en prisión.

Por su parte, Antonio Fernández ingresó en prisión preventiva el 24 de abril de 2012 y salió en agosto de ese mismo año tras pagar los 450.000 euros fijados como fianza por la Audiencia de Sevilla.

El artículo 504 de la ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cuando hay una condena, la prisión provisional puede prorrogarse "hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia, cuando ésta hubiere sido recurrida".

El ex duque de Palma y su socio siguieron en libertad

La petición de la Fiscalía de plantear esta medida cautelar tras haberse notificado la sentencia obedece a un criterio establecido en la Fiscalía Anticorrupción cuando se ha producido una condena a determinados años de privación de libertad, como ocurre en este caso. Normalmente con penas de determinada relevancia se pide prisión, como ocurrió por ejemplo en el caso Nóos con el ex duque de Palma Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres, a los que se solicitó el ingreso en prisión eludibles bajo el pago de fianzas de 200.000 y 100.000 euros, respectivamente.

En este caso, la Audiencia de Palma de Mallorca decidió finalmente dejar a ambos en libertad provisional, si bien Urdangarín debía comparecer regularmente en un juzgado de Suiza, donde tenía fijada su residencia. La petición de la Fiscalía en el caso de los condenados de los ERE se centra en los ex altos cargos de la Consejería de Empleo, la que gestionaba las ayudas a través de un "sistema opaco", según la sentencia, que eludía la fiscalización previa de la Intervención mediante el "uso ilegal" de las transferencias de financiación.

La convocatoria de esta "vistilla" solicitada por la Fiscalía Anticorrupción ha obligado al ponente de la sentencia a interrumpir sus vacaciones. Después de notificar la sentencia, el pasado 19 de noviembre, Juan Antonio Calle Peña se marchó de vacaciones, dado que hasta ahora sólo había podido disfrutar de cuatro días en agosto mientras redactaba la voluminosa sentencia.

El tribunal ha ampliado de cinco a 40 días hábiles el plazo para anunciar y preparar el correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La Sección Primera ha tomado esta decisión dada la complejidad y la extensión de la sentencia, que tiene un total de 1.821 páginas.