El tirón de orejas de la Fiscalía al Ayuntamiento de Sevilla por los obstáculos del carril bici

Una denuncia de un usuario sobre la presencia de un árbol en medio del carril bici de Sevilla ha motivado la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de Seguridad Vial de Sevilla, en la que incluso se llegó a reclamar una abundante documentación al Consistorio sobre las actuaciones que está desarrollando para corregir o señalizar los desperfectos de una red en la que hay más de 100.000 desplazamientos al día. La investigación del fiscal de Seguridad Vial, Luis Carlos Rodríguez León, ha sido finalmente archivada pero ha supuesto una auténtica llamada de atención a la Administración local para que inspeccione, revise y mantenga en condiciones adecuadas una red de carriles bici que tiene una extensión de 200 kilómetros. El fiscal advirtió a Urbanismo, al abrir la investigación, de que si no se actuaba para corregir o señalizar correctamente los obstáculos se podría incurrir incluso en un delito contra la Seguridad Vial del artículo 385 del Código Penal, que establece penas de entre seis meses y dos años de prisión para quienes originen un grave riesgo para la circulación "colocando en la vía obstáculos imprevisibles" o "no restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo".

Las actuaciones del Ministerio Público se remontan al pasado 18 de julio, cuando el fiscal de Seguridad Vial, Luis Carlos Rodríguez León, dictó un decreto por el que acordaba la apertura de unas diligencias de investigación tras recibir la denuncia de un usuario, licenciado en Derecho y criminólogo, que había presentado una queja/reclamación en la Fiscalía General del Estado por la presencia de un obstáculo en el carril bici de Sevilla que podía generar precisamente un riesgo para la circulación. En este caso, se trataba de la presencia de un árbol en el carril bici, aunque no es el único ya que son varios los árboles, farolas y otros elementos que invaden la red de carriles bici de Sevilla.

La Fiscalía señalaba en el decreto, al que ha tenido acceso este periódico, que la conducta delictiva que recoge el artículo 385 del Código Penal requiere un dolo directo -habla de quien coloca, derrama, muta, sustrae o anula la señalización-, si bien "omitir llevar a cabo al actividad de subsanación genera el dolo eventual que le hace responsable del resultado". Y añadía que no debe olvidarse que en estos delitos "no es necesario el resultado" -por ejemplo que se produjera un accidente grave-, ya que "se anticipan las barreras de protección, castigando simplemente la generación de grave riesgo (peligro abstracto)".

En el caso denunciado, prosigue el fiscal, la situación de peligro afecta "tanto al que origina el riesgo mediante la colocación de obstáculos, como al que con conocimiento de la situación de riesgo omite restablecer la seguridad de la vía" -en alusión a los servicios municipales- y "los obligados pueden estarlo por disposición de la ley (así, los funcionarios encargados del servicio correspondiente) o en virtud de una relación contractual (contratos de mantenimiento de la vía)".

La finalidad que se persigue es la de evitar la producción del resultado del peligro, el menoscabo de la seguridad vial, y recuerda que el propio precepto del Código Penal conmina a restablecer la seguridad en el tráfico "cuando haya obligación de hacerlo", por lo que, a juicio del fiscal, resulta fundamental saber "sobre quién pesa este deber y ante qué situaciones se puede exigir su observancia".

Urbanismo y las empresas contratistas

En el caso denunciado, según el Ministerio Público, "subyace una situación especial de dependencia personal, principalmente derivada del desempeño de una profesión o de las obligaciones más básicas que corresponden a la administración pública. Esta situación se da con los encargados municipales de urbanismo y seguridad vial en relación a las vías públicas propias de su municipio y, en general, sobre los organismos públicos titulares de las vías, o las empresas privadas que devienen en concesionarias o adjudicatarias por contrato público. En estos casos la responsabilidad nacerá cuando, informados de la situación de peligro objetivo que afecte a la vía, o siendo conocedores de ésta por cualquier otro medio, incumplan su deber de restablecimiento de la seguridad".

Si la administración titular de la vía -ya sea estatal, autonómica, provincial o local- exige "bajo sanción un comportamiento acorde con la seguridad vial para cualquier ciudadano, hemos de reclamar para aquélla un plus de motivación para el cumplimiento de las obligaciones jurídicas derivadas de su estatus. A las administraciones se les debe exigir mayor fidelidad y diligencia en la protección de la seguridad en el tráfico, porque sobre esta función erige sus extraordinarias potestades", argumentaba el fiscal.

Con este razonamiento, el fiscal ordenó la apertura de la investigación, al considerar que los hechos denunciados podían integrarse en el artículo 385.2 del Código Penal, por cuanto "existe una responsabilidad de la Administración titular de la vía de restablecer la seguridad de la misma, cuando ésta se vea afectada por una situación generadora de grave riesgo, a los efectos de comprobar si concurren todos los requisitos que legal y jurisprudencialmente se exigen".

En su decreto, el fiscal reclamó al Ayuntamiento la entrega de un "informe detallado", que debía presentarse en 20 días, sobre la situación en la que se encuentran los carriles bici de Sevilla. Luis Carlos Rodríguez León reclamó en ese informe que el Consistorio diera respuesta a las siguientes cuestiones:

1. Diseño de construcción y obstáculos de cualquier tipo que se encuentren en la superficie que los delimita. Téngase en cuenta que, aunque la queja se refiere a un lugar concreto, la seguridad de la vía afecta a la totalidad del carril bici de la ciudad.
2. Tipo de señalización y estado de cada una de ellas.
3. Documentación sobre las actuaciones de mantenimiento/conservación que se han realizado sobre las mismas desde su instalación.
4. Identificación del técnico responsable de mantenimiento.
5. Se adjunte copias de las quejas o reclamaciones que se hayan recibido en el departamento competente sobre el estado de los carriles bici, y copia de las respuestas y resoluciones que se hayan dictado y medidas adoptadas.
6. Cuanta documentación se estime necesaria sobre el asunto objeto de esta investigación.

La resupuesta del Ayuntamiento al fiscal

Y el Ayuntamiento, según ha explicado a este periódico el fiscal de Seguridad Vial, respondió al requerimiento, enviando un informe en el que puso de manifiesto inicialmente que la construcción de los carriles bici se remonta al año 2007 y que en la mismo no sólo interviene Urbanismo, sino que en ocasiones otras entidades o empresas constructoras habían participado en la ejecución de la obra en algunos tramos que, por ejemplo, pasaban por urbanizaciones de reciente construcción.

Además, el Consistorio alegó que no había recibido ninguna queja o reclamación sobre el obstáculo situado en el carril bici que figura en la denuncia. El fiscal destacó que, una vez que se recibieron las explicaciones de los responsables municipales, decidió archivar la denuncia. No obstante, las actuaciones iniciadas por la Fiscalía de Seguridad Vial han supuesto un importante toque de atención a la labor de inspección sobre la red de carriles bici de la ciudad que corresponde al Ayuntamiento de Sevilla y a la obligación que la Administración tiene de corregir de inmediato aquellos elementos que puedan suponer un peligro para la seguridad de los usuarios y, en su caso, de la señalización de ese riesgo.