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El testigo número 1 del caso Arny será juzgado a partir del 19 de junio por matar a un antiguo compañero de cárcel

Crimen en Brenes

La Fiscalía pide 31 años de prisión para José Antonio Sánchez Barriga, el adolescente que denunció la supuesta red de prostitución en un club de Plaza de Armas, por un delito de homicidio y dos de tentativa

El acusado presuntamente acabó con la vida de su anfitrión con un calabozo y después intentó matar también a su esposa y a otro hombre durante una discusión en un domicilio de Brenes

La Fiscalía pide 31 años de cárcel para el testigo número uno del caso Arny por el crimen de Brenes

Imagen de archivo de José Antonio Sánchez Barriga. / D.S.

El testigo número uno del caso Arny, el entonces adolescente que denunció la supuesta corrupción y prostitución de menores en un club próximo a la Estación de Córdoba y dio origen a una de las causas más famosas de la Justicia en Sevilla, será juzgado a partir del 19 de junio por un jurado popular como presunto autor de otro crimen múltiple, el último de una trayectoria que ya incluye dos homicidios anteriores. El primero de ellos, cuando todavía no había cumplido la mayoría de edad. En esta ocasión, José Antonio Sánchez Barriga está acusado de haber matado a un hombre con quien había coincidido años antes en prisión y de intentar acabar con la vida de la esposa de esa víctima y de otro varón. La Fiscalía no le imputa asesinato, pero aun así solicita 31 años de cárcel para él: 15 por el homicidio de la primera víctima y 8 por cada intento de homicidio de las otras dos.

El juicio, según ha informado este viernes la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), comenzará el miércoles de la próxima semana con la constitución del jurado popular. El lunes 24 será el turno para las alegaciones previas de las partes y la declaración del encausado y de varios testigos. La vista proseguirá el martes 25 con más testigos y el miércoles 26 con la pericial de los forenses.

Los hechos ocurrieron en la tarde-noche del 5 de febrero de 2021 en un domicilio de Brenes. El día antes, Sánchez Barriga había estado trabajando allí quitando la verdina de la azotea por encargo de Juan Manuel A.F., a quien había conocido en la cárcel mientras cumplía una condena de 15 años por asesinar en 2004 a un anciano con quien había quedado para mantener relaciones sexuales. Aquella casa era propiedad de José V.D.

El día de los hechos, Sánchez Barriga regresó a la casa y cogió un calabozo, esto es, “una herramienta similar a un hacha que es utilizada para podar”. Así consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía. El instrumento estaba enterrado en la tierra. A continuación subió a la planta superior de la vivienda, donde las víctimas estaban viendo la televisión, y “nada más entrar” allí comenzó a discutir “de forma acalorada” con las tres “por motivos económicos y relacionados con las drogas”.

Sin solución de continuidad, “con ánimo de causarles la muerte” a todos, Sánchez Barriga golpeó en la yugular a Juan Manuel A.F. con el calabozo. El hombre se desplomó en la cama, arrodillado boca abajo y apoyado sobre los brazos. Mientras tanto, el acusado les exigía un dinero que habían cobrado los otros dos hombres “y la droga que tuvieran”, según la Fiscalía. Como no obtendría la respuesta que deseaba, “fue de nuevo” detrás de la primera víctima y volvió a propinarle otros “cinco o seis fuertes golpes” en la cabeza, siempre con el calabozo.

En ese momento, la mujer trató de frenar la agresión a su marido pero lo único que consiguió es que Sánchez Barriga le diese dos veces con el calabozo y le partiese una copa de cristal, todo en la cabeza, y también le registrase el bolso. Y para rematar su ataque, se dirigió por último a José V.D. y le asestó un “hachazo” en la cabeza.

Cuando salió por la puerta, el encausado dejó a Juan Manuel A.F. “fallecido en el suelo” como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico y otro cervical, ambos severos, y fracturas craneales, laceraciones encefálicas y seccionamiento de vasos del cuello y las venas yugulares externa e interna. Esa suma de heridas provocó una “lesión irreversible de centros nerviosos vitales” y un “shock hipovolémico”. En otras palabras, la víctima se desangró.

Las otras dos víctimas sobrevivieron a la agresión pero no salieron precisamente bien paradas. El hombre sufrió una herida incisa en la región parietal izquierda de unos 6 o 7 centímetros, una fractura de ese mismo hueso, un hematoma ahí mismo y otro en el pie derecho y una última herida en el antepié. Tuvo que ser ingresado y operado y necesitó 40 días para recuperarse de todos los daños.

En cuanto a la mujer, acabó con un traumatismo craneoencefálico “de alto impacto” con fracturas en el hueso frontal y parietal derecho y otra herida incisa en el dedo índice de la mano derecha. También requirió de tratamiento quirúrgico y de sutura en las dos heridas craneales y en la mano. En su caso tardó dos meses en curarse, pero aun así le han quedado una cicatriz de cinco centímetros en la cabeza y otra en el dedo. Esta víctima, además, presenta un retraso cognitivo “importante”, del 50%, diagnosticado desde 2011.

El acusado tampoco está muy bien de la cabeza. Según enumera el fiscal, tiene “una serie de rasgos anómalos” que se traducen en un trastorno mixto de personalidad con “baja tolerancia a la frustración, tendencia a la agresividad, comportamientos primarios, patrón social desadaptado, conflicto con figuras que implican autoridad, escasa capacidad para sentir culpas y rasgos narcisistas”. Y por si todo eso no fuese suficiente, además es consumidor de drogas con épocas de abstinencia vinculadas a su estancia en la cárcel. En todo caso, la acusación pública considera que su drogadicción no condicionó su forma de actuar cuando atacó a las tres víctimas.

Sánchez Barriga, que permanece en prisión provisional desde el 6 de febrero de 2021, confesó los hechos a los policías que lo detuvieron, pero el fiscal no contempla esa atenuante en su calificación provisional. Sí plantea la de anomalía o alteración psíquica, al igual que la agravante de reincidencia por el crimen de 2004, en ambos casos aplicables a los tres delitos que le atribuye.

Además de los quince años de cárcel por la muerte de Juan Manuel A.F. y ocho por cada uno de los intentos de matar a las otras dos víctimas, la acusación pública también reclama que al presunto homicida se le prohíba acercarse a menos de 500 metros de ambas y de comunicarse con ellas durante un tiempo superior en diez años a la pena de prisión que se le imponga.

Drogas, el caso Arny y dos homicidios

José Antonio Sánchez Barriga todavía no tiene 50 años y casi la mitad de su vida la ha pasado en la cárcel. Delincuente desde joven, drogadicto y prostituto, la muerte por la que será juzgado en los próximos meses es la tercera que se le atribuye, aunque obviamente su fama proviene no de ese macabro palmarés, que también, sino de su papel como testigo principal en el caso Arny. Su declaración fue la base de aquel gran escándalo que hizo temblar a la Sevilla de los años 90 por la cantidad de famosos que fueron denunciados y enjuiciados. La mayoría, dicho sea de paso, fueron absueltos porque el jurado concedió la mínima credibilidad posible a quien entonces todavía era un adolescente.

Pese a su corta edad en aquel momento, Sánchez Barriga ya tenía antecedentes penales. En concreto había sido relacionado con un homicidio cometido cuando aún no había cumplido los 18 años. Y después del caso Arny volvió a ser castigado por robar a punta de navaja a unos turistas en el parque de María Luisa y a unos estudiantes en el Prado de San Sebastián. Todo ocurrió al mismo tiempo que a unos metros, en la Audiencia Provincial, se celebraba el juicio en el que él era el testigo número uno. Por esos atracos violentos fue condenado a cinco años de prisión que cumplió en la cárcel de Topas (Salamanca).

De allí salió en diciembre de 2003. A finales de marzo de 2004, lejos de reinsertarse, mató con una viga de hormigón a un anciano de 72 años con el que había acordado un encuentro sexual golpeándolo. Confesó el crimen y fue condenado a quince años de reclusión, una pena que acabó de cumplir en 2019.

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