Un testigo critica a la Guardia Civil por su “violento” interrogatorio

En la sesión de este lunes, que hace la número 75 del juicio de los ERE, también ha prestado declaración el que fuera interventor adjunto en la Consejería de Empleo entre los años 2003 y 2005 e interventor delegado en la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa desde 2005 a 2011, Ramón Gutiérrez de la Chica, quien ha asegurado que no tuvo conocimiento del "uso inadecuado" que se estaba haciendo de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas.

El testigo ha afirmado que "en ningún momento" recibió una orden de la Intervención General para que se "repararan" las transferencias de financiación al IFA/IDEA para el pago de las ayudas, y así ha explicado que cuando se levantó una retención de créditos de 38 millones de pesetas, entendió que se le estaba ordenando que continuara fiscalizando "de conformidad" dichas transferencias.

Ramón Gutiérrez de la Chica ha dicho que ratificaba su declaración ante la Guardia Civil, donde afirmó que se utilizó ese sistema para el pago de las ayudas a través del convenio marco de 2011 por un criterio de "oportunidad política" y ha señalado que está de acuerdo cuando dijo que hubo una "tramitación ilegal del gasto", aunque no podía precisar si eso se traducía en un menoscabo de fondos públicos.

El testigo, que al igual que el anterior ha dicho muchos momentos de su interrogatorio que no recordaba los hechos, sí que ha puesto de manifiesto que la Intervención General de la Junta ordenó en 2004 la retención de un crédito de 38 millones de pesetas y un tiempo después se le ordenó anular dicha retención, aunque no recibió información sobre cómo se había solventado la situación.

Sobre el convenio marco de 2001, ha reconocido que supo de su existencia con motivo de esa retención de créditos, pero ha comentado que "no tenía efectos económicos directos" porque requería de acuerdos específicos, los convenios particulares, de los que ha dicho tampoco tuvo conocimiento.

El fiscal le ha preguntado si las intervenciones delegadas en la Consejería y en el IFA eran "compartimentos estancos", que no compartían información, y el testigo ha afirmado que "no había relación porque la intervención delegada hacía la fiscalización previa y la de Control Financiero Permanente a posteriori".

En la fiscalización previa de las transferencias se comprobaba que el gasto se ajustaba a la aplicación presupuestaria, y el testigo ha asegurado que el interventor delegado "no era consciente" de que las transferencias de financiación servían para pagar ayudas que concedía la Dirección General de Trabajo.

Cuando se le ha insistido en la pregunta de que si no se le había notificado fehacientemente que las transferencias que fiscalizaba de conformidad servían para conceder esas ayudas, el testigo ha dicho que "ellos sabrán lo que estaba ocurriendo", en alusión a la Intervención General, pero él como interventor delegado no podía saberlo.

Además, ha indicado que "no había una aplicación presupuestaria adecuada par el gasto en la Consejería" de Empleo. El juicio continuará mañana con la declaración de nuevos testigos.