![Manuel Chaves y José Antonio Griñán, durante una sesión del juicio de los ERE](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E)
Un testigo critica a la Guardia Civil por su “violento” interrogatorio
Juicio de los ERE
El ex interventor delegado en Empleo Carlos González ha afirmado que “no pueden ser los salvadores del mundo”
El ex interventor delegado en Empleo Carlos González Laguillo ha criticado este lunes, en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, el interrogatorio que le hizo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha tildado de “tenso y dialécticamente violento”.
El testigo, que fue interventor delegado en la Consejería de Empleo entre los años 2001 y 2003, ha explicado a preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción que la declaración que prestó fue “un poco tensa”, le preguntaban como si estuviera imputado a pesar de que declaraba como testigo, y por ello ha concluido diciendo que el interrogatorio fue “dialécticamente violento y con cierta presión”.
Carlos González ha defendido la labor del interventor delegado en una consejería y así ha subrayado que esta figura “no es una policía de investigación”. “No podemos pretender ser los salvadores del mundo”, ha dicho en cuanto a que si las transferencias de financiación reunía los requisitos, su obligación era fiscalizarlas.
El testigo, que ha respondido a muchas preguntas diciendo que no recordaba los hechos por el tiempo que ha transcurrido, también ha dicho que si hubieran tenido que revisar todos los documentos con detalle, estarían “todavía por la Edad Media”. Así, ha comentado que no recuerda el convenio marco de 17 de julio de 2001 por el que se concedían las ayudas, ni los convenios particulares que se suscribían para cada subvención.
Como interventor delegado en la Consejería de Empleo, ha asegurado que no le correspondía a él la fiscalización y el seguimiento del gasto, algo que según ha precisado correspondía al órgano receptor, en este caso el IFA/IDEA.
Preguntado sobre si apreció un menoscabo de fondos públicos, el testigo ha explicado que en aquel momento el concepto que se usaba no era precisamente éste puramente técnico, sino que se aludía a un “mal uso de los créditos”, aunque ha reconocido que ese mal uso pudiera ser que causa el menoscabo de fondos públicos, ha apostillado.
El ex interventor ha agregado que “desconocía” si el IFA entre sus competencias tenía algunas de actividades complementarias del programa presupuestario 31L. “En lo que se gasta el IFA lo desconozco y no me corresponde hacerle el seguimiento”, ha añadido, dado que el control de las ayudas correspondía a los interventores dedicados a Control Financiero Permanente.
En cualquier caso y a preguntas de las defensas, el testigo ha insistido en que tenían la “apariencia de legalidad” en las ayudas, dado que se trataba de un sistema reglamentado. Sobre si advirtieron de alguna sospecha de ilegalidad, ha afirmado que puede asegurar que “en aquel momento en absoluto”.
El interventor delegado en Empleo nunca recibió una orden para "reparar" las transferencias
En la sesión de este lunes, que hace la número 75 del juicio de los ERE, también ha prestado declaración el que fuera interventor adjunto en la Consejería de Empleo entre los años 2003 y 2005 e interventor delegado en la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa desde 2005 a 2011, Ramón Gutiérrez de la Chica, quien ha asegurado que no tuvo conocimiento del "uso inadecuado" que se estaba haciendo de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas.
El testigo ha afirmado que "en ningún momento" recibió una orden de la Intervención General para que se "repararan" las transferencias de financiación al IFA/IDEA para el pago de las ayudas, y así ha explicado que cuando se levantó una retención de créditos de 38 millones de pesetas, entendió que se le estaba ordenando que continuara fiscalizando "de conformidad" dichas transferencias.
Ramón Gutiérrez de la Chica ha dicho que ratificaba su declaración ante la Guardia Civil, donde afirmó que se utilizó ese sistema para el pago de las ayudas a través del convenio marco de 2011 por un criterio de "oportunidad política" y ha señalado que está de acuerdo cuando dijo que hubo una "tramitación ilegal del gasto", aunque no podía precisar si eso se traducía en un menoscabo de fondos públicos.
El testigo, que al igual que el anterior ha dicho muchos momentos de su interrogatorio que no recordaba los hechos, sí que ha puesto de manifiesto que la Intervención General de la Junta ordenó en 2004 la retención de un crédito de 38 millones de pesetas y un tiempo después se le ordenó anular dicha retención, aunque no recibió información sobre cómo se había solventado la situación.
Sobre el convenio marco de 2001, ha reconocido que supo de su existencia con motivo de esa retención de créditos, pero ha comentado que "no tenía efectos económicos directos" porque requería de acuerdos específicos, los convenios particulares, de los que ha dicho tampoco tuvo conocimiento.
El fiscal le ha preguntado si las intervenciones delegadas en la Consejería y en el IFA eran "compartimentos estancos", que no compartían información, y el testigo ha afirmado que "no había relación porque la intervención delegada hacía la fiscalización previa y la de Control Financiero Permanente a posteriori".
En la fiscalización previa de las transferencias se comprobaba que el gasto se ajustaba a la aplicación presupuestaria, y el testigo ha asegurado que el interventor delegado "no era consciente" de que las transferencias de financiación servían para pagar ayudas que concedía la Dirección General de Trabajo.
Cuando se le ha insistido en la pregunta de que si no se le había notificado fehacientemente que las transferencias que fiscalizaba de conformidad servían para conceder esas ayudas, el testigo ha dicho que "ellos sabrán lo que estaba ocurriendo", en alusión a la Intervención General, pero él como interventor delegado no podía saberlo.
Además, ha indicado que "no había una aplicación presupuestaria adecuada par el gasto en la Consejería" de Empleo. El juicio continuará mañana con la declaración de nuevos testigos.
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