El taxista arrestado por el fuego acusa a la Guardia Civil de detención ilegal

El taxista F. B. H., conocido como el Melli, que fue arrestado en mayo pasado como uno de los implicados en el incendio de los nueve coches de Cabify en Castilblanco de los Arroyos, nueve coches de Cabifyacusa a los agentes de la Guardia Civil de detención ilegal, una grave acusación que también denuncia la hermana del investigado, que fue interrogada por los agentes en unas dependencias del Ayuntamiento de la localidad y que, según asegura, la retuvieron en contra de su voluntad mientras supuestamente era presionada para que declarara.

La defensa del taxista, único detenido por el momento en relación con el incendio de los coches de la empresa de Vehículos de Transporte Concertado (VTC), ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, que mantiene abierta una macrocausa por la denominada mafia del taxi, en el que solicita que se deduzca testimonio ante lo considera una “arbitraria, por injustificada e innecesaria”, detención del taxista, así como por la “indebida prolongación” de su arresto y el “deliberado retraso en permitírsele la asistencia letrada”, por lo que considera que estas actuaciones policiales podrían ser constitutivas de un delito de detención ilegal.

El taxista alega que el pasado 30 de mayo fue interceptado “bruscamente” cuando circulaba con su vehículo por Castiblanco de los Arroyos por dos coches, siendo “cacheado” por los guardias civiles en la vía pública y en lugar situado junto a un bar con terraza, el restaurante Casa Macarena, en una actuación que considera “del todo injustificada e innecesaria” y que ocasionó el lógico alboroto entre el público concurrente en dicho establecimiento.

A continuación, el taxista fue esposado y conducido al cuartel de La Rinconada, pero no se dio aviso a su letrado hasta el día siguiente. “No se justifica por los agentes policiales la razón por la que mi defendido tuviera que ser detenido, ni mucho menos el modo en el que la detención se produjo, ni la causa por la que durante más de 24 horas se le mantuvo bajo custodia policial sin asistencia letrada”, asegura la defensa.

En el escrito presentado en el juzgado, la defensa propone la declaración de una serie de testigos, entre ellos los bomberos que acudieron a sofocar el incendio de los Cabify en la madrugada del 2 de mayo de 2017, y carga contra la investigación desarrollada por la Guardia Civil, a los que critica por su “intuitiva o visionaria” labor, con un “sesgo predeterminado” al relacionar “inexorablemente el incendio de los vehículos con el conflicto sociolaboral del taxi y las plataformas de alquiler de vehículos con conductor”.

Según la defensa, ese sesgo y el “rumbo predeterminado” de la investigación “contamina” el resto de las pesquisas desarrolladas hasta la fecha, que “al parecer se nutre de informaciones aportadas por fuentes vivas”, dice la defensa, citando el atestado policial, que critica las “carencias” de una investigación que, a su juicio, está realizada con “un mínimo esfuerzo” y una “pereza indagatoria”, en la que demás aprecia un “evidente esfuerzo sobresaliente por alterar la realidad de los hechos y comprometer” a este taxista en las premisas de la investigación. Por ello, la defensa también ha pedido que se cite a declarar a varios guardias civiles que han intervenido en la instrucción de estas diligencias y que la Guardia civil informe de las gestiones que está desarrollando en la búsqueda de otros sospechosos del incendio.

De otro lado, la hermana del taxista ha presentado una denuncia contra la Guardia Civil, que ya investiga el juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla, al considerar que también ha podido ser objeto de una retención ilegal por parte de los investigadores. En la denuncia, la mujer, que trabaja en el Ayuntamiento de Castilblanco, alega que en la mañana del 31 de mayo dos policías locales le comunicaron que había dos agentes de la Guardia Civil que querían entrevistarse con ella, por lo que entró en una oficina, donde se quedó a solas con los dos guardias, quienes, según la denunciante, fueron endureciendo el tono de sus palabras, mostrando una actitud “cada vez más chulesca y despectiva”, diciéndole que se marcharía de allí cuando “ellos dijesen”, al tiempo que la conminaban a que lo “confesara todo”, pues sabían de su participación y la de sus hermanos en los hechos.

La mujer, que al día siguiente contraía matrimonio, asegura que rompió a llora y pidió por favor a los agentes que la dejasen marchar, llegando casi “a suplicar”, porque no tenía nada que ver con los hechos. Estaba en “estado de shock” y deseaba marcharse pero los agentes, prosigue la denunciante, le comentaron que “de allí no se iba sin antes confesar todo lo que sabía”, relatando como uno de los funcionarios policiales puso su cara frente a la suya y le dijo en “tono amenazante” que si no les decía todo lo que sabía “de allí no salía”. También le dijeron que si no colaboraba la “llevarían ante el juez” y poco después la dejaron en libertad porque según el otro agente “su jefe había dicho que de momento la dejasen en libertad, que más adelante ya verían lo que hacían con ella”.

La mujer presentó el pasado 25 de junio una queja ante el Ministerio del Interior por la actuación de los guardias civiles, y ahora también ha presentado una denuncia en los juzgados por la actuación de los agentes, a los que acusa de “no decir la verdad acerca del modo en el que se desarrollaron los hechos” que ella ha relatado en su denuncia.