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El guardia civil acusado de robar tabaco alega rencillas profesionales

Mairena del Aljarafe

La Fiscalía rebaja su petición para el agente y la retira contra otro acusado

El juicio quedó visto para sentencia en la Audiencia
Amanda Glez. De Aledo

15 de mayo 2019 - 15:03

El guardia civil de Mairena del Aljarafe acusado de participar en una operación para robar tabaco de contrabando negó este miércoles cualquier tipo de implicación y atribuyó su imputación a enemistades profesionales dentro del cuartel.

La Fiscalía de Sevilla rebajó deseis años y medio de cárcela cuatro años y cinco meses su petición para el agente, y retiró totalmente su acusación contra Manuel E.A., que fue juzgado por, supuestamente, usar los chalecos y placas que le facilitó el guardia civil para simular una operación de entrada y registro en un bar donde creían que se guardaba tabaco de contrabando.

El agente D.R.V., que pertenecía a la Policía Judicial de Mairena, explicó ante la Audiencia de Sevilla que es cierto que el 6 de mayo de 2016 compró en una tienda autorizada dos chalecos de la Guardia Civil y dos carteras porta-placa con el anagrama del cuerpo, pero negó haberlas entregado a otras personas para simular la entrada y registro.

Explicó que se dejó olvidada la bolsa con su compra en la tienda que regentaba la esposa del tercer acusado, Jaime S.A., y que durante el fin de semana intentó recuperarla pero el comercio estaba cerrado.

En cuanto al segundo delito que le imputa el fiscal, haber falsificado la orden de entrada y registro utilizando una citación real que le llegó de un juzgado de Sevilla, el agente explicó que ninguna de las convocatorias que llegaban al cuartel de Mairena era entregada a su destinatario, sino que eran apuntadas en el calendario por el compañero que esa semana hiciese labores de oficina.

Según su declaración, hasta ocho personas del cuartel pudieron tener acceso a la citación que recibió y precisó que tenía enemistades profesionales porque había denunciado a tres compañeros por malversación y amenazas.

Jaime S.A., acusado de participar en la falsificación de la orden de registro, también negó el delito y dio una explicación de por qué dicho documento judicial falso fue intervenido en la tienda de su esposa, metido en la misma bolsa que los chalecos y placas: su mujer se lo había encontrado cuando barría la entrada de la tienda, creyó que pertenecía al guardia civil y lo metió junto con las restantes pertenencias que se había dejado olvidadas.

Manuel E.A. negó haber recibido los chalecos y placas para simular el registro en compañía de otra persona que no ha sido identificada. Cuando la fiscal del caso retiró la acusación contra él por un delito de usurpación de funciones públicas, por el que le pedía dos años de cárcel, el tribunal le autorizó a levantarse y salir de la sala.

En cuanto al guardia civil, la Fiscalía rebajó de 4 a 2 años de cárcel su petición por falsificación pero mantuvo otros dos años por usurpación de funciones y añadió un nuevo delito de estafa, con una pena aparejada de 5 meses de prisión.

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