El Supremo tumba las querellas contra los magistrados progresistas del Constitucional que ampararon a Chaves y Griñán
El caso de los ERE
El Alto Tribunal inadmite las querellas de Vox y Hazteoir por prevaricación al considerar que las sentencias dictadas respetaron los principios de "legalidad penal y separación de poderes"
El Tribunal Constitucional desmonta el caso de los ERE
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El Tribunal Supremo ha tumbado las querellas presentadas por Vox y Hazteoir.org contra el ala progresista del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, Cándido Conde-Pumpido, a los que atribuían un delito de prevaricación por haber dictado las sentencias que ampararon a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros ocho ex altos cargos que fueron condenados por el caso de los ERE. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que inadmite las querellas presentadas contra los siete magistrados progresistas de la Corte de Garantías que, a su vez, anularon la sentencia del Supremo que había ratificado las condenas de prisión e inhabilitación impuestas a los ex altos cargos. Toda una carambola jurídica: el Supremo avala la actuación de los jueces del Constitucional que corrigieron una sentencia del propio Supremo. Otra curiosidad, en la Sala que ha tumbado la querella ha intervenido la magistrada Susana Polo García, una de las dos jueces que emitieron un voto particular en el que culpaban a la mayoría de la Sala de haber dado un "salto al vacío" para condenar a los ex altos cargos ajenos a la Consejería de Empleo, como el propio Griñán.
Ahora, el Alto Tribunal inadmite las querellas de Vox y Hazteoir al considerar que las sentencias dictadas por la Corte de Garantías respetaron los principios de "legalidad penal y separación de poderes". En concreto, el Supremo rechaza las querellas al entender que el criterio adoptado por el Constitucional se resuelve "de manera argumentativa, sustentada en términos de legalidad constitucional, atinente al principio de legalidad penal que consagra el artículo 25 de la Constitución Española, así como al principio de separación de poderes; con observancia de un método interpretativo jurídico conforme a pautas asumidas". Todo ello, aseveran los jueces, hace que "en modo alguno cabe concluir que se trate de una radical y nuda arbitrariedad".
De la misma forma, para los magistrados tampoco se puede inferir de esas sentencias del Constitucional que concurra el elemento subjetivo del dictado de una resolución injusta "a sabiendas" de su injusticia. Vox y Hazteoir consideraban que la admisión a trámite de los recursos de amparo de los ex presidentes andaluces y los otros ex altos cargos suponía una "extralimitación en las funciones del Tribunal Constitucional y una invasión en las conferidas a los tribunales penales, a quienes compete la interpretación de los tipos penales, siendo el último y autorizado intérprete de los mismos la Sala Segunda del Tribunal Supremo".
La vinculación con el PSOE
Además, acusaban al ala progresista de la Corte de Garantías de haber obviado, tanto en la admisión como en la resolución de los recursos de amparo, "las garantías de imparcialidad e independencia judicial, habida cuenta de su vinculación más o menos directa con el PSOE, al que pertenecían también los recurrentes en amparo con el que estaban directamente vinculados, siendo además el partido que sustentaba el Gobierno autonómico bajo cuyos mandatos sucesivos se realizaron los hechos objeto de la referida causa de los ERE de cuyas condenas emanan los respectivos recursos de amparo".
Los querellantes añadían que los miembros del TC contra los que se dirigía el proceso se habían extralimitado en las funciones legalmente encomendadas al Constitucional "en clara invasión de la interpretación de la norma penal sustantiva que compete a los órganos de la jurisdicción penal y, señaladamente, al Tribunal Supremo, desnaturalizando el recurso de amparo al convertirlo en una segunda casación sobre la subsunción de los hechos probados en la norma penal sustantiva". Sobre esta aspecto, la Sala Segunda del Supremo recuerda que las resoluciones del TC "no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado" (artículo 4.2 de la ley orgánica del TC), algo que, añade, "no supone el otorgamiento de carta blanca al Tribunal Constitucional para resolver sin atenerse jurídicamente a la cuestión, pero sí estrecha los contornos en los que puede desenvolverse el examen de la injusticia que determine su subsunción en el delito de prevaricación. Precisa sobrepasar de manera patente la mera ilegalidad y contradicción con el Derecho, la imposibilidad de sostenerse mediante algún método aceptable de interpretación de le ley; en definitiva, resoluciones y sentencias que no observaren la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, sino que se trate, pura y simplemente, de producto de su voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad".
No sólo acusaban a los miembros progresistas de haber resuelto los recursos de manera "estandarizada", sino que además los culpaban de "elaborar una injusta doctrina sobre los elementos objetivos del tipo de injusto del delito de prevaricación que da cobertura legal a una trama criminal perfectamente descrita y analizada por el Tribunal Supremo y facilitar la impunidad de los condenados vinculados con el PSOE con el que los magistrados querellados tienen vinculación más o menos directa o con cuyo apoyo fueron designados miembros del Tribunal".
Sobre la supuesta vinculación con el PSOE, el Supremo destaca que "con independencia de la opinión negativa que pudiere merecer el sistema de designación y renovación de los miembros del Tribunal y la evolución de su aplicación y del debate público sobre la politización de la institución, con independencia incluso de que pueda propugnarse su modificación legal, no cabe duda de que todos y cada uno de los magistrados, querellados y no querellados, fueron designados de conformidad con ese sistema y sus prescripciones legales, a propuesta de las cámaras donde tienen su representación mayoritaria los partidos políticos citados, del Gobierno o del Consejo General del Poder Judicial".
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