Un sindicato denuncia que muchos secretarios judiciales se oponen al teletrabajo de los funcionarios

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha denunciado este lunes que muchos letrados de la Administración de Justicia -los antiguos secretarios judiciales- están informando negativamente para que no se conceda a los funcionarios de los órganos judiciales de Sevilla la posibilidad de teletrabajar, "ni siquiera en régimen semipresencial" mientras que, "paradójicamente, algunos de estos secretarios judiciales, trabajan en remoto en su casa, desde donde han emitido el informe desfavorable para el teletrabajo de funcionarios".

En algunos informes emitidos por algunos secretarios, denuncia el sindicato, se esgrimen "argumentos tan espurios, para impedir el teletrabajo, como que los funcionarios tienen que despachar con los jueces y secretarios, una labor que puede realizarse perfectamente por escrito en remoto, como tiene previsto el propio sistema en el expediente digital; otros de los argumentos más habituales suele ser el relativo a la atención a profesionales y público. Sin embargo, esta atención se debe realizar mediante cita previa, y el régimen de teletrabajo se presta de forma semipresencial, es decir, que los funcionarios combinan el trabajo en remoto con la presencialidad algunos días de la semana, por lo que podrían desarrollar la atención directa en esos días de trabajo presencial a quienes tuvieren concertada la cita previamente".

Dice el sindicato que el teletrabajo es una modalidad de trabajo que, "les guste o no a los secretarios judiciales, ha venido para quedarse. No sabemos con certeza el tiempo que tendremos que convivir con el virus que nos ha modificado la vida, las costumbres, las normas sociales y de higiene, la forma de relacionarnos y, por supuesto, también, la forma de trabajar", añade.

Desde STAJ denuncian que los secretarios judiciales "tengan el poder de entorpecer la modernización de la Justicia o impedir el acceso de los funcionarios al teletrabajo cuando éstos cumplen los requisitos que exigen las instrucciones del Ministerio o las Comunidades Autónomas con competencias transferidas. No puede dejarse al arbitrio y capricho de este colectivo lo que en este momento, más que nunca, es una necesidad vital, no ya en el favorecimiento de la productividad en la tramitación de los procedimientos judiciales, sino en beneficio de los propios trabajadores en materia de conciliación de la vida familiar y laboral, y en materia de salud, ante la posibilidad de rebrotes de coronavirus".

Por tanto, en el contexto actual que vivimos, "debemos estar preparados para que, en caso de nuevas crisis sanitarias, la Justicia no se vea paralizada en perjuicio de los derechos de los ciudadanos y una de las herramientas que evita esa parálisis es, precisamente, el trabajo en remoto de los funcionarios de esta Administración y la implantación definitiva del expediente digital".