Una sevillana reclama 160.000 euros al SAS por las secuelas de una intervención quirúrgica

Una sevillana reclama más de 160.000 euros al SAS por las secuelas de una intervención quirúrgica, dado que tras haber reclamado durante más de 14 meses pruebas médicas, se le diagnosticó necrosis en un hombro. Pilar sufrió un accidente no laboral en febrero de 2022, lo que le provocó una lesión diagnosticada por los facultativos especialistas del Servicio Andaluz de Salud del  Hospital San Juan de Dios del Aljarafe como “fractura del extremo proximal del húmero derecho a nivel de troquiter con gran desplazamiento”. 

Con fecha 2 de marzo de 2022, con carácter urgente, se realiza la intervención quirúrgica de la fractura del húmero con fijación interna estableciéndose en la misma una placa, sin  aparente incidente. Tras casi un mes después, se realiza la primera consulta post-operatoria para comprobar la evolución de la misma. En dicha consulta, la paciente menciona que el dolor persiste, sin reacción alguna por los facultativos del Servicio Andaluz de Salud. Referencia al dolor persistente que se vuelve a consignar en la siguiente cita de 3 de junio de 2.022.

Pero esta no es sola la "defectuosa asistencia sanitaria que ha recibido Pilar porque a lo  anterior hay que añadirle que, en nueva consulta de 5 de agosto de 2022, y tras cinco meses después de la intervención quirúrgica, la Doctora que la atiende observa, tras realización de radiografía de la zona afectada, una posible necrosis, detallando existir osteoporosis moteada. Sin embargo, ninguna de estas posibles complicaciones es informadas a paciente, ni se solicitan prueba posterior alguna para confirmar la existencia de estas patologías, limitándose la facultativa a indicar nueva fecha para la siguiente revisión", ha asegurado el abogado José Antonio Sires, que representa a la demandante.

Pasaron otros cuatro meses y en diciembre del mismo año, vuelve a acudir a consulta para referir dolor persistente en la zona afectada, causándole gran perjuicio para poder continuar con las sesiones de fisioterapia rehabilitadora. De nuevo, según el letrado, se ignora la posible aparición de necrosis en la zona, no realizando prueba alguna que pudiera establecer si existen dichas complicaciones post operatorias, limitándose a recetar una mayor cantidad de fármacos para poder soportar las sesiones de rehabilitación, ignorando el problema subyacente, y citándola de nuevo para continuar con la evolución.

No es hasta el 16 de junio de 2023, (un 1 año y dos meses) una vez realizada la prueba TAC, se confirma la existencia de necrosis en la cabeza humeral derecha con protrusión  intraarticular de tornillos de la placa humeral que condicionan usura en glena. "Esta lentitud en el proceso diagnóstico, consecuencia de ignorar sistemáticamente las muestras de dolor de la dicente, y de la falta de pruebas complementarias realizadas, provoca que Pilar se vea afectada por graves dolores, y que vea mermada sus capacidades físicas debido a las limitaciones de movilidad".

El letrado ha añadido que a todas luces, esta actuación por parte del Servicio Andaluz de Salud "sobrepasa" el concepto de “eficiencia sanitaria”, mostrando una "indiferencia absoluta con respecto a la situación del paciente, y, condenándolo a una vida lastrada por graves secuelas físicas". Pilar se encuentra, a día de hoy, en estado de Incapacidad Temporal de larga duración, al estar imposibilitada para realizar cualquier tarea física.

La documentación del expediente médico y antecedentes del caso se pusieron en manos del Bufete Sires Abogados, y tras el estudio se ha podido concluir que “el sistema sanitario no ha puesto a disposición del paciente todos los medios (nada sofisticados o costosos por cierto) que el estado de la ciencia permite y de los que dispone el sistema sanitario público sin duda para establecer el mejor diagnóstico", por lo que se ha presentado una demanda de responsabilidad patrimonial contra el SAS, solicitando un indemnización económica de (160.759,65 euros) la cual deberá ser objeto de actualización, devengando el interés legal desde la fecha de la reclamación hasta el día en el que se dicte la pertinente sentencia.