¿Y ahora qué? Quedan más de 150 juicios por celebrar y 500 imputados

Tras la primera sentencia de los ERE, la del denominado "procedimiento específico", la Audiencia de Sevilla todavía tiene por delante una ingente labor en la que, en principio, deberá pronunciarse sobre las más de 180 piezas en las que se dividió la macrocausa que continúan actualmente en fase de instrucción y en las que están imputadas más de 500 personas. Esto supone que, como mínimo, habrá otros 150 juicios por celebrar, de los cuales a fecha de hoy sólo está fijado su señalamiento uno de ellos: el de las ayudas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), cuya vista oral está señalada para septiembre de 2020 debido al colapso en que se encuentra la Audiencia de Sevilla por la acumulación de macrocausas.

En diciembre pasado, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, dictó un auto en el acordó el cierre de la causa matriz de los ERE, las famosas diligencias previas 174/2011 que la anterior instructora, Mercedes Alaya, abrió el 19 de enero de 2011. El cierre de estas diligencias permitió conocer por primera vez y con exactitud el número de piezas separadas de investigación en las que se ha desgajado finalmente la macrocausa y que asciende a 187 piezas, en las que había a esa fecha 507 personas investigadas.

El hecho de que se haya dividido la macrocausa en 187 piezas no implica que todas acaben en juicio, porque hay que tener en cuenta las investigaciones que han sido archivadas por diversos motivos, algunas de ellas al haber prescrito el delito y otras en las que la juez no ha apreciado indicios de la comisión de los delitos investigados. Esto hace que a fecha de diciembre de 2018, quedaran 146 "piezas vivas", es decir, las que continúan en fase de instrucción, mientras que las 41 restantes hasta esas 187 totales se corresponden con las acusas en las que ha finalizado la instrucción y se ha incoado el correspondiente procedimiento para su enjuiciamiento -una media docena- o las que han sido sobreseídas, que representan otras casi 40.

La Fiscalía Anticorrupción, en la denuncia que presentó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la juez Bolaños, aportaba otras cifras, y así reprochaba a la instructora que sólo había dictado cinco autos de procesamiento de las 182 diligencias previas que se han incoado por el juzgado desde 2016. Según la denuncia del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, la magistrada sólo ha dictado esos cinco autos de transformación de las diligencias previas en un procedimiento abreviado, lo que representa un 2,7% del total, mientras que habría dictado otros 48 autos de archivo (26,4%), y otras 129 piezas de los ERE están “en trámite o se han acumulado a otros procedimientos”, lo que supone el 70,8%.

Acyco, 2,9 millones en ayudas

Sea como fuere, lo único que está claro en principio es que tras la sentencia dictada ahora en la "pieza política" de los ERE, el segundo juicio de esta macrocausa no se celebrará hasta septiembre de 2020, cuando arranque la vista oral por las ayudas de 2,9 millones de euros concedidas a la empresa sevillana Aceitunas y Conservas (Acyco). El juicio se celebrará con los 12 procesados sentados en el banquillo, a pesar de que cinco ex altos cargos contra los que inicialmente se abrió juicio oral han sido excluidos sistemáticamente por otra Sala de la Audiencia en estas piezas para evitar el doble enjuiciamiento, después de que hayan sido juzgados por el denominado "procedimiento específico" de los ERE.

La magistrada de la Sección Tercera María Dolores Sánchez, ponente de este juicio, ha fijado un calendario de declaraciones para un juicio que se iniciará a principios de septiembre de 2020 y concluirá en marzo del año 2021. La vista oral se desarrollaría en principio en sesiones de lunes a miércoles, y no habrá sesiones de tarde, sólo por las mañanas. Las primeras tres sesiones (9, 10 y 14 de septiembre de 2020) se dedicarían a las cuestiones previas que puedan presentarse y, a partir de ese momento, la vista oral se suspendería para resolverlas, retomándose a continuación las sesiones del juicio el 8 de octubre, con la declaración de los procesados.

La demora en el inicio de la vista oral se debe al colapso que tiene la Audiencia de Sevilla por las diversas macrocausas y las causas de especial complejidad que se tramitan en las Secciones Penales, hecho que los propios magistrados ya vienen denunciando desde hace tiempo y que han elevado incluso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La pieza de Acyco fue la tercera que se elevó para su enjuiciamiento, en noviembre de 2017, por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, una vez finalizada la instrucción. En esta causa, que consta de 12 tomos, el juez de refuerzo Álvaro Martín dictó en noviembre de 2016 el auto de apertura de juicio oral, una decisión que se produjo antes de que la Sección Séptima de la Audiencia fijase su criterio respecto a que los ex altos cargos imputados en la "pieza política" no podrían ser enjuiciados posteriormente en ninguna de las pieza.

La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de conclusiones provisionales, reclamó una condena de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para el ex consejero Antonio Fernández por un delito de prevaricación continuado, mientras que por otro delito de prevaricación y falsedad documental solicita otros cuatro años y medio de prisión. En total, Fernández se enfrenta si la Sala no acuerda su exclusión a 12 años y seis meses de cárcel sólo por la ayuda a Acyco.

La misma pena se solicita para el ex viceconsejero Agustín Barberá, mientras que el ex director de Trabajo Javier Guerrero se enfrenta a una condena de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por un delito de prevaricación continuado. La Fiscalía también reclamaba por el ERE de Acyco otros ocho años de cárcel para el ex director de IDEA Miguel Ángel Serrano; cuatro años y medio para el ex director Juan Márquez y seis años en el caso del también ex director Daniel Alberto Rivera; mientras que para la presidenta de la empresa Acyco, Encarnación Poto, reclama una condena de 14 años de prisión.

Hasta seis años de cárcel

En cuanto a las indemnizaciones, la Fiscalía Anticorrupción solicita que los acusados indemnicen solidariamente a la Junta con 2.951.410,84 euros, el importe total de las ayudas concedidas.

La Junta de Andalucía, que sí ejerce la acusación particular en esta pieza de los ERE –en el procedimiento específico pidió el archivo y quedó fuera del juicio-, reclama por las ayudas a Acyco una condena de seis años y medio de cárcel para el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, otros cinco años y medio para el que fuera director general de Trabajo Javier Guerrero, y tres años en el caso de su sucesor Juan Márquez, mientras que ha exculpado a otros tres ex altos cargos: el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

En cuanto a los hechos que se recogen en el escrito de calificación de la Fiscalía sobre Acyco, el Ministerio Público relata que Aceitunas y Conservas contaba en el año 2003 con 161 trabajadores e inició en marzo de ese año un ERE ante la delegación de Empleo para la extinción de 35 puestos de trabajo por circunstancias productivas y de organización, optando por la fórmula de las prejubilaciones y creando los trabajadores una asociación denominada "3 de julio" para formar parte de la póliza que se suscribió posteriormente y en la que intervino la entidad Vitalia.

El entonces director de Trabajo Javier Guerrero y la presidenta de Acyco, Encarnación Poto, suscribieron el 26 de julio de 2003 un protocolo de colaboración que no estuvo precedido de la tramitación de expediente administrativo alguno ni de solicitud. La Fiscalía detalla que todos los encausados eran "conocedores de que había prescindido del procedimiento legalmente establecido, pues no se había presentado por la empresa Acyco ni por ninguna otra persona solicitud formal alguna para recibir la ayuda, no se había presentado por la empresa ninguna declaración de ser beneficiario de otras subvenciones o ayudas con el mismo fin, no se realizó por la dirección general de Trabajo informe o memoria acreditativa de la finalidad pública o razones de interés social o económico, así como la existencia de normativa reguladora".

El Ministerio Público añade, finalmente, que "todos los encausados eran conocedores de que ni desde la dirección general de Trabajo ni desde la agencia IDEA se iba a hacer seguimiento alguno del cumplimiento del plan de inversiones y de futuro al que se hacía mención en el convenio firmado entre la empresa y la dirección general en el mes de octubre de 2003".

En el ERE de Acyco fueron incluidos dos intrusos, Andrés Carrasco Muñoz, "amigo de la infancia" de Guerrero, y el que fuera alcalde de San Nicolás del Puerto, Domingo Martínez Castillo, ya fallecido, quienes recibieron de la póliza suscrita para los trabajadores de Acyco las cantidades de 113.480,72 euros y 109.572,19 euros, respectivamente. Para el intruso Andrés Carrasco la Fiscalía ha solicitado una condena de seis años de prisión.