El TSJA libera seis meses al juez de los ERE para acelerar la sentencia

Seis meses más para centrarse en la redacción de la sentencia del denominado “procedimiento específico” de los ERE. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que preside Lorenzo del Río, acordó en su reunión del pasado martes, liberar totalmente de otras ponencias al magistrado de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla Juan Antonio Calle Peña durante seis meses, con la finalidad de que pueda acelerar la redacción de la sentencia que afecta a los 21 ex altos cargos procesados, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Esto implica que, como mínimo, la sentencia de los ERE no estaría lista hasta el mes de septiembre, pero tal y como apuntaron recientemente a este periódico fuentes del caso, la complejidad de las materias que deben ser analizadas, el elevado número de procesados y la falta de liberación de las otras dos magistradas, puede hacer que el fallo no se conozca hasta el mes de diciembre, un año después de que acabara el juicio.

De hecho, la Audiencia de Mallorca, que tardó un año en dictar la sentencia del caso Nóos, tiene unas normas de reparto que establecen que la deliberación y redacción de una sentencia puede prolongarse por el mismo tiempo que duró la vista oral, por lo que extrapolando estas normas al caso de la Audiencia de Sevilla, el tribunal podría disponer de un año completo para esta labor.

La Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz ha adoptado, no obstante, algunas medidas para tratar de acelerar el proceso de deliberación y redacción de la sentencia de esta macrocausa. En este sentido, se ha acordado que las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez estén exentas de recibir asuntos de nuevo ingreso –como por ejemplo la resolución de recursos de apelación– y de la asistencia a juicios. Se trata de una liberación parcial del reparto “durante el plazo concreto y en forma que determine y proponga el presidente de la Audiencia de Sevilla”, Damián Álvarez, de manera que “puedan compatibilizar ágilmente su labor con la deliberación y redacción de la macrocausa de especial complejidad y antigüedad de la pieza política de los ERE”, precisa el acuerdo del TSJA.

Los magistrados añaden que “debe procurarse que este procedimiento pueda estar en fase de firma y notificación a las partes en momento temporal conectado con el vencimiento del plazo concedido de exención total del ponente”, es decir, en los próximos seis meses, plazo que vence en septiembre. La falta de liberación de las dos magistradas que intervinieron en el juicio de los ERE había motivado, por ejemplo, que un mes después de que hubiese acabado la vista oral –el 17 de diciembre de 2018–, los tres magistrados del tribunal sólo se habían podido reunir personalmente en una ocasión para deliberar sobre algunos de los numerosos puntos que deben ser abordados antes de redactar el fallo.

El ponente del caso Mercasevilla también estará liberado un mes

La liberación de los magistrados del juicio de los ERE no es sólo la única decisión adoptada por la Sala de Gobierno del TSJA con respecto a la Audiencia de Sevilla, puesto que otro magistrado, en este caso Francisco Gutiérrez, de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, también ha sido liberado totalmente de recibir nuevas ponencias durante “un mes”, con la finalidad de que pueda redactar la sentencia del caso por el delito societario de Mercasevilla, en el que hay 14 acusados.

Este juicio quedó visto para sentencia el pasado 14 de febrero y ahora el TSJA ha concedido un mes al magistrado ponente para la redacción de la sentencia que, en principio, podría conocerse en el mes de abril.

La Fiscalía de Sevilla mantiene en este caso la petición de una condena de 24 años de prisión y 40 años de inhabilitación absoluta para el que fuera director general de Mercasevilla Fernando Mellet, a quien atribuye junto a los otros 13 acusados delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil, en relación con un supuesto perjuicio causado a la sociedad que ascendería a un total de 449.164,74 euros.