Las dos magistradas de los ERE volverán el 15 de enero a los juicios ordinarios

Las dos magistradas que han formado parte del tribunal de los ERE, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, tendrán que volver el 15 de enero de 2019 a intervenir en los asuntos ordinarios que ingresen en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, con lo que tendrán que compaginar la tramitación de estos casos con las deliberaciones relacionadas con el juicio contra los 21 ex altos cargos de la Junta procesados en la vista por el denominado “procedimiento específico” de los ERE. El tercer juez, el presidente de la Sala, Juan Antonio Calle Peña, como ponente del proceso y encargado de redactar la voluminosa sentencia que contendrá a buen seguro centenares de folios, estará liberado precisamente hasta que se dicte la resolución, algo que en principio tardará muchos meses y que podría retrasarse hasta el otoño del año 2019.

Las dos magistradas que tendrán que compaginar las deliberaciones con los asuntos ordinarios habían pedido a sus compañeros de la Sección Primera -que cuenta además con un refuerzo de dos jueces de lo Penal en comisión de servicio ante la avalancha de macrocausas que están a la espera de enjuiciarse en la Audiencia de Sevilla- que tuvieran al menos 45 días para poder deliberar con tranquilidad sobre los aspectos nucleares del juicio de los ERE, pero al final apenas dispondrán únicamente de un mes desde que acabó ayer la vista y con unas fiestas de Navidad en medio, en la que los magistrados además suelen tomarse algunos días de asuntos propios, como ocurre en muchos trabajos.

La cuestión es que ante un juicio de estas características los tres magistrados no sólo tienen que deliberar sobre muchos aspectos, sino que además deben “estudiar” muchas de las cuestiones sobre las que tienen que pronunciarse, dado que se trata de un juicio que ha versado sobre materias de una gran complejidad técnico-jurídica y además en el mayoría de los casos se trata de asuntos “auténticamente novedosos” desde el punto de vista del Derecho y en los que en muchos casos no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que pueda aplicarse con facilidad o de manera automática a esta macrocausa, según han explicado fuentes del caso.

Los jueces ya han comenzado a deliberar sobre algunas cuestiones del juicio que podían abordar antes de que éste quedara visto para sentencia y a lo largo de la vista oral han tomado muchas notas, incluso uno de los jueces ha completado cinco libretas y 300 folios con las notas que ha ido cogiendo de los más de 120 testigos que han declarado, de las propias declaraciones de los acusados, y de la ratificación de los informes periciales.

Casi todas las cuestiones sobre las que debe resolver el tribunal son de índole jurídica, como por ejemplo si las irregularidades advertidas por la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) son exclusivamente “irregularidades administrativas”, como han sostenido los distintos interventores que han declarado en el juicio que no apreciaron menoscabo de fondos públicos, o son infracciones delictivas.

También deben pronunciarse sobre aspectos presupuestarios y contables muy específicos pero desde la perspectiva jurídica, como la legalidad o ilegalidad de las transferencias de financiación utilizadas para el pago de las ayudas a través del IFA, la fiscalización de esas ayudas, o incluso sobre la impugnación de la pericial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que han planteado la mayoría de las defensas, al considerar que se trata de una “pericial jurídica” que esta vedada por la ley y que supone, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el “asesinato alevoso del principio iura novit curia"iura novit curia, un aforismo latino que significa que el juez conoce el Derecho.

La sentencia del caso Nóos se conoció ocho meses después

La complejidad técnica conllevará que se tarde mucho tiempo en estructurar y organizar una sentencia que, precisamente por esas dificultades y por el elevado número de procesados, no podrá notificarse con toda probabilidad hasta después del verano de 2019. Según fuentes del caso consultadas por este periódico en el caso Nóos, que condenó a Iñaki Urdangarín entre otros tenía con una complejidad aparentemente mucho menor y un número inferior de acusados (17), la Audiencia de Palma tardó ocho meses en dictar la sentencia, que tiene fecha del 17 de febrero de 2017, cuando el juicio -que se celebró durante más de cinco meses frente al año que ha durado la vista de los ERE- había concluido en junio de 2016, y a su vez el Tribunal Supremo resolvió los recursos en junio de 2018.

En el caso Malaya, cuyo juicio se prolongó durante casi dos años –se inició el 27 de septiembre de 2010 y finalizó el 30 de julio de 2012-, la Audiencia Provincial de Málaga tardó más de un año en poner la sentencia, anunciada en principio para julio de 2013 pero que al final se retrasó hasta octubre de ese mismo año. Claro que en este caso el número de acusados era muy superior al de los ERE, dado que fueron juzgadas 86 personas relacionadas con la corrupción vinculada al ayuntamiento de Marbella y su asesor de urbanismo.

Por su parte, la Audiencia de Navarra tardó cinco meses en dictar la condena de los cinco miembros de la denominada Manada por la violación de los Sanfermines, un caso que suscitó una enorme expectación mediática, circunstancia que también concurre en el juicio de los ERE.

Todos estos extremos permiten apuntar a que la sentencia por el denominado "procedimiento específico" de los ERE no podrá notificarse hasta el otoño de 2019.