Seis hombres y tres mujeres en el jurado de los padres del bebé maltratado

Seis hombres y tres mujeres componen el jurado popular que va a juzgar a los padres del bebé de sólo seis meses que murió en el hospital Virgen Macarena el 17 de junio de 2017, hechos por los que la Fiscalía de Sevilla ha reclamado la condena de prisión permanente revisable para el padre, Bryan Steven R. G., por un delito de asesinato, mientras que la madre, Ruth F. G. se enfrenta a 18 meses prisión delitos de abandono de familia y maltrato.

La Audiencia de Sevilla ha seleccionado este lunes a los nueve miembros del jurado -más los dos suplentes- que a lo largo de esta semana enjuiciaran a ambos progenitores, en una vista oral que está dirigida por la magistrada de la Audiencia Mercedes Alaya, conocida por su etapa como instructora de las macrocausas y con este va a celebrar su cuarto juicio con jurado popular.

Hasta ahora, en Sevilla sólo se ha acordado la cadena perpetua en el caso de Enrique Romay Reina, que fue condenado por asesinar e intentar violar a una mujer en marzo de 2017 en la localidad de Pilas. La Fiscalía también pidió esta pena para el violador del Parque de María Luisa, pero la Audiencia rechazó imponérsela en una sentencia que fue luego confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público atribuye a Bryan Steven R. G. –que actualmente tiene 22 años– un delito de asesinato, por el que reclama la prisión permanente revisable, así como un delitos de abandono de familia y otro de maltrato, por los que pide otra condena 18 meses más de cárcel.

La Fiscalía recuerda que el bebé fue prematuro y pesó al nacer, en diciembre de 2016, sólo 1,1 kilos, por lo que quedó ingresado en la UCI del hospital Virgen Macarena. Tanto el padre como la madre, Ruth F. G. –de 21 años–, durante este primer ingreso, que se prolongó durante varios meses, “con desprecio a sus deberes como padres, mostraron total despreocupación en el proceso de seguimiento de las enfermedades y de recuperación del recién nacido, sin acudir a las visitas de acompañamiento y entrenamiento en cuidados”, y tuvieron además un “constante comportamiento agresivo y disruptivo con los médicos, personal y otros pacientes del hospital”, precisa la Fiscalía.

Entre marzo y abril, el niño siguió ingresado y los padres, continúa el Ministerio Público, “aparentemente mostraron una actitud más colaboradora con los cuidadores de su hijo, acudiendo con regularidad y atendiendo todas las peticiones de contacto”. Esto hizo que los trabajadores sociales del hospital bajaran “el nivel de alarma por la desprotección familiar”, aunque se cursó la notificación de maltrato a los servicios sociales el 11 de abril.

Desde el 8 de abril hasta el 12 de junio de 2017, el bebé, Ian Steven, estuvo bajo la responsabilidad exclusiva de sus padres, quienes “con dejación de sus obligaciones, no le procuraban los cuidados necesarios: le daban de comer a su antojo, dejándolo en alguna ocasión más de 12 horas sin comer”, y la madre le “retiró el suplemento de hierro y la leche especial prescrita por los facultativos”.

Los padres, que vivían de ocupas, fumaban porros en presencia del niño “sin importarle que le pudieran afectar” y no acudieron a nueve citas de control médico,“todo ello para que no se detectase la ausencia de cuidados debidos, los signos de desnutrición del niño, que perdía peso progresivamente”.

El Ministerio Público relata que en el mes de mayo de 2017, el acusado, al intentar que el bebé se tomara el biberón y como no paraba de llorar,“de forma agresiva, le apretó la cabeza con una de sus manos y con la otra le presionó las mandíbulas, provocándole hematomas en la cara”. Como seguía llorando, zarandeó al bebé, mientras la madre, que presenció la agresión, “no hizo nada por impedirlo y tampoco lo llevó al médico para curarlo”.

El calvario que, según la Fiscalía, sufrió el pequeño tuvo su trágico final el 12 de junio de 2017. Ese día, sobre las 14:00 horas, Bryan Steven R. G., se quedó a solas con el niño puesto que Ruth había ido a ver a su hermana. Fue entonces cuando el joven, “con ánimo de causarle la muerte a su hijo, quien no tenía capacidad alguna de defensa dada su corta edad, o en todo caso, sin importarle que se muriera, apretando su cabeza, la chocó violentamente contra una superficie lisa y dura no determinada, al tiempo que lo zarandeaba de forma brusca y acelerada”.

El traumatismo craneoencefálico severo le provocó una triple fractura craneal, y luego llegó al domicilio una amiga de la pareja, quien ante las manifestaciones del padre diciéndole que el niño se había atragantado, “lo auxilió y llevó con él al niño al hospital”, donde falleció varios días después debido al traumatismo craneoencefálico severo y al deterioro neurológico por la “brutal agresión del acusado”.

A continuación se presentó en el domicilio una amiga de la pareja, que antes las manifestaciones del acusado respecto a que el bebé se había atragantado, lo auxilió y llevó al hospital, donde se comprobó que tenía tres fracturas craneales que le provocaron la muerte cinco días después, el 17 de junio.Antes de la presunta agresión, los acusados recibieron la visita de dos testigos de Jehová, que permanecieron en la vivienda con ellos hasta aproximadamente las 13:30 horas. Le enseñaron al niño, que estaba “tranquilo en la cuna, despierto y sin lesiones físicas visibles”.

El padre sigue en prisión desde el 15 de junio de 2017, mientras que la madre, que fue encarcelada el día 26 de ese mismo mes, quedó en libertad provisional el 15 de marzo de 2018.