Las seis claves del caso de los contratos de emergencia del SAS que investiga un juez

El juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla investiga desde junio pasado una querella del grupo parlamentario del PSOE en el que se acusa a dos ex directores gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de mantener durante dos años y medio las contrataciones de emergencia cuando ya se daba por finalizada la pandemia del Covid 19 y estos contratos debían de volver a tramitarse con los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). La denuncia se refiere en principio exclusivamente al expediente de contratación 110/2021, por el que el SAS autorizó la contratación de emergencia de servicios de asistencia sanitaria complementaria para estancias médicas por la sobrecarga de la red derivada de la pandemia por un importe inicial de 70 millones de euros pero que, no obstante, fue objeto de diversas prórrogas entre los años 2021 y 2022 hasta alcanzar el importe de 242.731.935,84 euros. En una ampliación de la querella, el PSOE ha apuntado contrataciones realizadas incluso en el año 2024.

Estas son las seis claves del caso:

1.Un posible perjuicio de 24 millones a las arcas públicas

Más de 24 millones de euros. Esta es la cifra del posible "daño" al erario público que la denuncia del PSOE atribuye al mantenimiento de los contratos de emergencia. La denuncia recoge que se causó un grave perjuicio a las arcas públicas porque, en primer lugar, se restringió y excluyó a concurrencia de las empresas del sector, "dañando gravemente a las empresas no seleccionadas a dedo, a las cuales no se les dio la menor oportunidad de optar a unas contrataciones de servicios públicos a que habrían tenido la ocasión de optar".

Y, en segundo lugar, el SAS contrató "sin negociar precios", por lo que la Administración fijó "el mismo precio para todas las empresas y para todos los contratos, cuando se demuestra que, de concurrir libremente en competencia, las empresas ofrecen significativas bajas a los precios de partida". Es aquí donde la querella cifra los daños para el erario público en más de 24 millones de euros, una cifra que los socialistas extraen de la siguiente conclusión, que documentan a través de una serie de contratos públicos anteriores en los que se aplicó el procedimiento ordinario de contratación y no el de emergencia: "Cuando se aplica la ley de Contratos del Sector Público y las empresas compiten entre ellas, la baja media sobre los precios de partida es siempre, como mínimo, del 10%".

De ahí que señale que ese 10% del "total indebido de contratación mediante emergencia", de esos más de 242 millones de euros, arroja una "presunta e indiciaria lesión al caudal público andaluz de más de 24 millones de euros", asevera la denuncia, que aporta algunos ejemplos del precio al que el SAS contrata cuando ha aplicado "rectamente la Ley de Contratos del Sector Público y comparándolo con los precios de contratación de emergencia".

2.Desde junio de 2021 no se podía contratar de esa forma

La denuncia considera que las prórrogas que se efectuaron de ese contrato son ilegales porque desde junio de 2021, de acuerdo con la instrucción 1/2021, de 18 de junio, de la dirección general de Contratación de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta, se había declarado el fin de la contratación de emergencia con motivo de la pandemia del Covid-19, por lo que "es imposible sostener que no haya sido posible arbitrar un procedimiento de contratación de los muchos que contiene la Ley de Contratos del Sector Público y que hubiere evitado adjudicar más de 242 millones de euros de contratos públicos a dedo y sin procedimiento durante dos años y medio, cuando la Administración sanitaria tuvo tiempo más que suficiente para, al menos, haber fomentado la concurrencia, la competencia y la fijación de los precios de los servicios públicos conforme a las reglas del mercado".

Y es que no fue hasta marzo de 2023, después de que se publicaran informaciones que apuntaban a que el SAS seguía contratando de emergencia a pesar de que esa instrucción de 2021 había puesto fin a la "era Covid", cuando el Gobierno andaluz, a través de su entonces portavoz -Ramón Fernández Pacheco-, anunció el 14 de marzo, en su comparecencia pública tras la habitual reunión del Consejo de Gobierno de los martes, el "cese y terminación de los acuerdos de emergencia".

3.La querella se dirige inicialmente contra tres gerentes del SAS

La querella del PSOE que investiga el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla se dirige contra tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los dos primeros, que firmaron las resoluciones que acordaban contrataciones de emergencia por un importe de más de 242 millones de euros, son Miguel Ángel Guzmán, que llegó a ser viceconsejero de Salud, y Diego Vargas, de quienes solicitan que sean citados a declarar como investigados por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y de pertentencia a organización criminal. Y en una ampliación de la querella, el PSOE ha incluido a la actual gerente del SAS, Valle García Sánchez, al estimar que las presuntas irregularidades se extienden incluso a contratos firmados durante este 2024. El juez ya les ha dado traslado de la querella a los tres y ha acordado que declaren con posterioridad.

La denuncia del grupo parlamentario socialista señala en principio a estos altos cargos del SAS, como presuntos responsables de esos cuatro delitos mencionados, pero insinúa que las responsabilidades pueden alcanzar a otros miembros del Gobierno del popular Juanma Moreno. "Aunque parece evidente que no sea posible mantener vivo durante dos años y medio un sistema paralelo de contratación pública a dedo, por más de 240 millones, sin el pleno conocimiento, consentimiento y aquiescencia de la más altas instancias del Gobierno de la Junta de Andalucía, no obstante ello y en el ejercicio responsable de la acción penal que nos hemos impuestos nos limitaremos a señalar, por ahora, como presuntos responsables directos de los hechos denunciados a Miguel Ángel Guzmán y a Diego Vargas, directores gerentes del SAS, firmantes de las resoluciones y de los contratos de emergencia a los que nos hemos referido en la denuncia", relata el documento que investiga el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.

En este sentido, los socialistas explican que será finalmente la investigación penal la que determine, en su caso, "la eventual concurrencia de otros distintos autores directos, mediatos, cooperadores necesarios, cómplices o encubridores de la presunta trama delictiva descrita, pues, sin duda, los graves hechos expuestos no podrían haber sido cometidos por una sola persona sin la cooperación y auxilio de muchas otras".

4.Un "colosal fraude" y "despilfarro" de los fondos públicos

"Los contratos de emergencia no eran más que un colosal fraude que escondía una contumaz voluntad de contratar a dedo a las empresas que se elegían por criterios desconocidos y opacos". Esta es una de las principales conclusiones a la que llega la denuncia presentada por el PSOE-A, en la que los socialistas aseguran que mediante estas contrataciones urgentes y amparadas en la pandemia del Covid-19 se ha producido un "despilfarro de dinero público por el abuso de la contratación de emergencia".

Los denunciantes señalan que pese a que desde junio de 2021 la Consejería de Hacienda había puesto fin a las contrataciones de emergencia, el SAS continuó utilizando este procedimiento de adjudicación que elude la libre competencia durante dos años y medio, y en este sentido pone como ejemplo que en mayo de 2023 sólo en Sevilla se realizaron "adendas a dedo, sin negociar precio, sin procedimiento, por importe de más de 30 millones de euros".

5.Dos informes jurídicos avalaron las prórrogas

El Gobierno andaluz considera que la denuncia del PSOE-A sobre los contratos de emergencia del SAS es un caso de lawfare o judicialización de la política, y para ello esgrime dos informes jurídicos de los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que avalan las prórrogas de esas contrataciones que se realizaron entre 2021 y 2022. Estos dos informes fueron emitidos con fechas 28 de diciembre de 2021 y 11 de agosto de 2022 por la letrada del SAS, justo antes de la primera y la segunda prórrogas del contrato del expediente 110/2021, que pasó de un importe inicial de 70 millones a los 242 millones que se estableció en la última prórroga, que tiene fecha del 31 de diciembre de 2022.

En el primer informe -que tiene una extensión de ocho folios- se explica que la resolución del director gerente del SAS del 20 de enero de 2021 autorizó la contratación de emergencia de servicios de asistencia sanitaria complementaria para la realización de procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas por sobrecarga de la red propia derivada de la pandemia, por importe de 70 millones y que tenía como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2021. La letrada señala en primer lugar que esa resolución se dictó al amparo del real decreto que declaró el estado de alarma para contener la propagación del Covid, pero esa situación finalizó el 9 de mayo de 2021, por lo que "la referida norma en el momento de la emisión de este informe ha perdido su vigencia".

La posibilidad de prórrogar ese contrato de emergencia se enmarca "a modo de justificación", según precisa el servicio jurídico, en que "se están tramitando expedientes para la contratación de la asistencia sanitaria complementaria de ámbito provincial que se encuentran en distintas situaciones pero cuya formalización no será posible con fecha 1 de enero de 2022, con el fin de dar satisfacción a la necesidad existente en relación al objeto de estas contrataciones". Y añade que el artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) habilita un mecanismo que permite la prórroga de los contratos siempre que se den varios requisitos como que el retraso en la tramitación del nuevo expediente no esté motivado por la Administración y que exista un "interés público probado para no interrumpir la prestación" de esa contratación.

Por todo ello, el informe concluía que este contrato de emergencia es "susceptible de prórroga en base a las previsiones del artículo 29.4" hasta que "se formalice la nueva licitación, de modo que no se cause perjuicio para el interés público", si bien establecía un límite temporal máximo para esa prórroga de nueve meses.

Tras ese informe, el gerente del SAS dictó una resolución, con fecha 30 de diciembre de 2021, que acordaba la prórroga ese contrato (110/2021) hasta el 30 de septiembre de 2022 y ampliando el importe a 125 millones.

El segundo informe de la letrada de la Administración sanitaria se dictó con fecha 11 de agosto de 2022, cuando estaba a punto de finalizar la prórroga anterior y en el mismo se especificaba que ese dictamen ese emitía "sobre la posibilidad de ampliación de la contratación de emergencia de servicios de asistencia sanitaria complementaria a usuarios del SAS durante la licitación y hasta la adjudicación de los nuevos contratos". La propia letrada comienza explicando en ese dictamen, que a diferencia del anterior tiene una extensión de sólo tres folios, que la "petición de informe se hace en términos muy generales y por tanto el informe jurídico a emitir por esta asesoría jurídica responderá a este condicionante".

6. El PSOE quiere repetir el modelo de investigación de los ERE

La acusación popular que ejerce el PSOE en la investigación abierta por las presuntas irregularidades en los contratos de emergencia del SAS quiere repetir el esquema que se siguió en la macrocausa de los ERE, donde se requirió el auxilio de una unidad policial de élite, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investigó los hechos; y de expertos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que elaboraron los informes periciales que sirvieron de base para corroborar las acusaciones. Ese modelo que funcionó en el caso de los ERE es el que ahora se plantea en la denuncia presentada en el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, donde los parlamentarios del grupo socialista han solicitado al instructor que encomiende la investigación a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial, de un lado, y que se encargue la realización de los informes periciales a los interventores de la IGAE, de otro.

La denuncia justifica el encargo de la investigación policial a la UDEF ante la "trascendencia y relevancia de los hechos denunciados" que, según precisa, "necesitan investigadores especializados en casos de corrupción". Su misión sería la de elaborar un atestado para la "averiguación" de los hechos y la "identificación de los posibles autores de los mismos", si bien en la querella en la que ampliaron la denuncia ya se situó inicialmente el foco sobre los ex directores gerentes del SAS Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, tal y como adelantó este periódico.