El secretario de Invercaria confirma que Pérez-Sauquillo nunca informó al Consejo de su subida salarial

El que fuera secretario del consejo de administración de Invercaria entre los años 2005 y 2016 ha asegurado este miércoles, en el juicio que se sigue en la Audiencia de Sevilla contra cuatro ex directivos de la sociedad pública andaluza de capital riesgo por los salarios y préstamos recibidos. que el presidente de la sociedad y principal acusado, Tomás Pérez-Sauquillo, no informó "nunca" al Consejo de Administración del incremento de su salario ni del que fuera director financiero Antonio Nieto.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que Pérez-Sauquillo, que tenía un salario de 108.182 euros en su contrato de alta dirección, "decidió enriquecerse a costa del patrimonio" de la sociedad y con "manifiesto abuso de las funciones que le correspondían", se incrementó de manera "notable e injusta" su sueldo, "con completo desprecio por los límites" de las leyes de Presupuesto y "sin más fundamento que el de enriquecerse de manera injusta a costa del patrimonio de dicha entidad pública". Así,cobró 142.552,44 euros en el año 2007; 152.006,37 euros en 2008 y 140.472,48 euros en 2009 "sin ningún motivo objetivo que justificase esos incrementos salariales" y a pesar de que las leyes de presupuestos sólo permitían una subida salarial del 2% para los empleados del sector público.

En la quinta sesión del juicio que se celebra en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha prestado declaración como testigo este miércoles Francisco Oyonarte, que fue secretario del consejo de administración de Invercaria entre los años 2005 y 2016, quien ha afirmado, a preguntas de la acusación particular que ejercer la sociedad de capital riesgo, que Pérez-Sauquillo no comentó "nunca" al consejo que se había incrementado el sueldo ni la subida salarial del director financiero, Antonio Nieto.

Según la Fiscalía, Pérez-Sauquillo contrató en 2006 a Antonio Nieto, a quien le unía un "importante vínculo personal" para que trabajara como técnico y todo ello "a pesar de conocer que carecía de la formación y de la experiencia necesaria", asignándole un salario bruto anual de 26.000 euros, que después se incrementó al nombrarle director económico-financiero de Invercaria, abonándole la sociedad 60.000 euros en 2007; 99.954,71 euros en 2008; 106.229,42 euros en 2009; y 75.098,18 euros en 2010 todo ello, igualmente, "sin ningún motivo objetivo que justificase esos incrementos salariales".

El testigo Francisco Oyonarte ha explicado que Invercaria tenía "total autonomía" en materia de contratación y salarios, pero "tenía que haber respetado la ley de contención presupuestaria" y también ha señalado, con respecto al director financiero, que Antonio Nieto "nunca pisó el consejo de administración", un hecho que le sorprende porque, según ha dicho, "no conoce ninguna sociedad donde las cuentas no vaya a presentarlas el director financiero".

Además, el testigo ha asegurado, como han hecho otras personas que han declarado en el juicio, que la agencia Idea, socio único de Invercaria, no conocía "ningún pormenor de la relación sociolaboral de Invercaria", ni de los salarios de cada trabajador, al tiempo que ha señalado que la asesoría jurídica de Idea no actuaba como asesoría jurídica de Invercaria.

El secretario del consejo de Invercaria ha añadido que en la agencia Idea se concedían préstamos personales a los trabajadores -a un interés cero- y había ayudas para el pago de los seguros de los automóviles, pero no sabe qué convenio se aplicaba a los empleados de Invercaria. Así, ha dicho que la única vez que llegaron asuntos relacionados con los contratos de Invercaria fue en el año 2011 cuando la entonces consejera delegada, Laura Gómiz, presentó un plan de reestructuración que incluía la reducción de la masa salarial, tal y como ha declarado a propia Gómiz en este mismo juicio.

Oyonarte ha subrayado que Pérez-Sauquillo se "jactaba" de que su relación era directamente con la Consejería y no con la agencia Idea, "la instrumentalidad era con la Consejería y no con la agencia", y eso se recogía en las propias actas del consejo de administración, ha indicado el testigo, que ha añadido que el presidente de Invercaria "despachaba" con el consejero de Innovación, Francisco Vallejo, o con el secretario general de la consejería.

Por último, ha dicho que en los informes de auditoría nunca se reflejó ninguna "salvedad o párrafo de énfasis" en creación con los préstamos concedidos al que fuera director de Promoción de Invercaria Juan María González, también acusado en esta pieza de la macrocausa de Invercaria.

Se superaron las restricciones presupuestarias

En la sesión de este miércoles también han comparecido los interventores de la Junta María Luisa Raya y Domingo Pérez, quienes realizaron el informe pericial para el juzgado que investigó el caso, y que han ratificado sus conclusiones, entre las que destacan que los salarios de Invercaria superaron las restricciones establecidas en las leyes de presupuesto, al sobrepasar el 2% de incremento permitido a los empleados públicos.

Los interventores han señalado que Invercaria estaba sometida a Control Financiero por parte de la Intervención de la Junta, lo que indica que no era analizada todos los años, aun así fue sometida a estos controles en 2012 -cuando estalló el escándalo- y hubo otros controles en materia de personal en 2013 y de 2014 a 2016. Entre las deficiencias detectadas, han señalado en cuanto a los incrementos salariales que no se disponía de la autorización de la dirección general de Presupuestos y que se "excedían" los límites autorizados en las leyes de Presupuesto de los distintos ejercicios. Los peritos han añadido que entre 2005, cuando se creó Invercaria, y el año 2012 no se sometió a la sociedad a Control Financiero porque no fue incluida en los planes de control.

Los expertos han señalado respecto a la posibilidad de reclamar esos salarios a los trabajadores que un informe del gabinete jurídico de la Junta de 2020 ha establecido que aunque las contrataciones sin el informe preceptivo puedan ser "nulas", no se puede reclamar a los trabajadores porque estos han realizado su prestación laboral, porque de lo contrario sería un enriquecimiento injusto para la Administración, dado que los trabajadores "no han incurrido en ninguna irregularidad" ni es imputable al trabajador que Invercaria no hubiera solicitado la autorización correspondiente a la Consejería de Hacienda en el caso de que se modificaran las retribuciones.

También han afirmado que las cuentas anuales de Invercaria estaban auditarás, si bien han precisado que "el auditor no entra en si esas retribuciones son legales o ilegales".

En cuanto a las horas extra, los peritos han indicado que en el año 2010 se introdujo como norma en el sector público que tenían que ser compensadas con descansos, además de que debían estar "justificadas y ser autorizadas previamente a hacerlas".