El secretario general de Facua eleva hasta 10 años de cárcel la petición de condena para Francisco Serrano

Hasta diez años de cárcel. Laacusación popular que ejerce el secretario general de Facua,Rubén Sánchez, ha presentado un nuevo escrito de conclusiones provisionales en el que solicita una condena de hasta diez años de cárcel para el ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano, en relación con la ayuda de 2,5 millones que recibieron del Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de pellets en Niebla.

En el nuevo escrito que ha presentado el abogado Francisco Tejado Vaca, que representa a Rubén Sánchez, esta acusación atribuye delitos de fraude de subvenciones o alternativamente de estafa al ex líder de Vox, por los que pide cuatro años o cuatro años y medio de cárcel, respectivamente; mientras que por un delito de apropiación indebida reclama una condena de cuatro años más de cárcel y otros seis meses por un delito contable.

La acusación de Rubén Sánchez reclama asimismo el pago de una multa de 9.956.000 euros y, en el caso de impago de la misma, pide otro año de arresto sustitutorio. Además solicita el pago de otra multa de 6.000 euros. Para los socios de Serrano, Enrique Pelegrín y Francisco Javer López Ballesteros, solicita unas penas similares por estos delitos.

En cuanto a los hechos que recoge en el nuevo escrito de conclusiones provisionales, la acusación popular señala que los tres acusados se "concertaron" en el año 2016 con el propósito de obtener, sin tener la debida solvencia, un préstamo Reindus, cuya importe (2.489.000 euros) se ha "destinado para fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets en la localidad de Niebla". Para ello, constituyeron la entidad Biowood Niebla, que tuvo el comienzo de operaciones el 30 de marzo de 2016, constituyéndose con un capital social de 1.245.000,00 euros, por la entidad Serrano Abogados de Familia, a través de su representante, Francisco Serrano.

La aportación de fondos propios al capital social de la entidad afirmaron en la escritura de constitución que la realizaron Serrano abogados y Pelegrín Díaz, y que, además de 7.000 euros en metálico, aportaban "un secadero rotativo (que valorada en 742.800 euros) y tres granuladoras (que valoraron en 495.200 euros), y que nada se adeudaba por su adquisición”. El notario dejó consignada en la escritura pública que dejaba "unida" a la matriz las facturas de compras, pero lo cierto es que "realmente lo que dejó unidas fueron facturas proforma, ya que la maquinaria, ni la habían adquirido, ni nunca la adquirieron

con posterioridad".

Con estas facturas proforma, continúa, "se pretendió dar imagen de solvencia y de poseer unos fondos propios inexistentes que facilitasen acceder a la subvención del préstamo Reindus. Algo que no hubieran conseguido, si no se hubiese recogido en la escritura, dicha mención", concluye.

A dicha consideración de "aparentar solvencia para la obtención del préstamo antes referido llegaron ya que así se les había informado a los acusados por la entidad Ecobanca que fue la que asesoró, y guió, en todo el proceso llevado a cabo para la constitución de los sociedad, y para la obtención del referido préstamo".

La acusación recuerda que el informe elaborado por el Ayuntamiento onubense de Niebla determina que en la actualidad "sólo se ha ejecutado la Nave Principal, en un importe de 512.229,51 euros y el Edificio de oficinas por un importe de 142.621,52 euros", y de hecho la fábrica está sin acabar, de acuerdo con las fotografías del informe.

Una vez que se recibió el crédito, el 29 de diciembre de 2016, en los siguientes días "comienzan las disposiciones para fines no comprendidos" en la ayuda. Así, se destinan parte a un préstamo de 200.000 euros a un cliente del despacho de Serrano "que estaba necesitado de financiación", préstamo que ha sido devuelto. Otros 1,3 millones fueron a parar a un fondo de inversión y se hicieron otros préstamos al periódico XYZ de Serrano, entre otras disposiciones.

En octubre de 2017, Serrano vendió su participación en Serraba a Enrique Pelegrín, un acuerdo que "supone a su vez una serie de reconocimientos de deudas por Serraba a Francisco Serrano que son pagadas con cargo al Reindus, pagos de pólizas de crédito, y un acuerdo de exoneración de responsabilidad por la gestión del préstamo".

Por último, la acusación de Rubén Sánchez indica que por parte del Ministerio de Industria y por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se ha "intentado conseguir la recuperación de los fondos prestados, inclusive incoando esta última expedientes de derivación de responsablidad a los acusados, y no lo han conseguido".