La Fiscalía denuncia a la ex cúpula de CCOO y UGT-A por apropiarse de 6,7 millones

La Fiscalía de Sevilla ha presentado una denuncia por presuntos delitos de malversación contra la anterior cúpula andaluza de CCOO y UGT, acusada de no reintegrar a la Junta de Andalucía lo recaudado por la gestión de las residencias Tiempo Libre entre 2003 y 2006.

En su denuncia remitida a los juzgados de Sevilla, a la que tuvo acceso este periódico, la Fiscalía precisa que el cálculo final de la Guardia Civil ha situado las cuantías presuntamente apropiadas en 4.025.433 euros por parte de CCOO y 2.699.365 euros en el caso de UGT.

Los denunciados son Julio Ruiz (1992-2004) y Francisco Carbonero (2004-2017), ex secretarios generales de CCOO; Juana Mancilla (2000-2004),ex secretaria de Servicios de este sindicato; y su sucesora Maribel Hernández (2004-2008).

Por parte de UGT, son denunciados Manuel Pastrana (1998-2009), ex secretario general, y Federico Fresneda (2002-2008), ex secretario de Administración.

Los ex directores generales de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera son acusados de un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión ya que “estaban obligados a requerir a los sindicatos a fin de que ingresaran el dinero procedente de la gestión de las residencias en las arcas públicas o, en el supuesto de no hacerlo, iniciar la vía ejecutiva”.

La adjudicación de plazas en esas residencias de vacaciones, titularidad de la Junta de Andalucía, era gestionada en un 80% por las organizaciones sindicales y en un 20 % por la Administración andaluza.

Explica el fiscal Luis Martín Robredo que las centrales recaudaban directamente de los usuarios el importe de su periodo de estancia e ingresaban el dinero en sus cuentas particulares. Según el decreto que lo regulaba, podían quedarse con el 20% del total obtenido en concepto de gastos de gestión, pero debían ingresar el 80% restante a la Junta.

USO recurrió contra la exclusividad de CCOO y UGT

Como consecuencia de un recurso del sindicato USO, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y luego el Tribunal Supremo en junio de 2005 anularon esa exclusividad de los sindicatos mayoritarios y la Junta les comunicó que cesaban en la gestión de las residencias.

En la correspondiente liquidación resultó entonces un saldo a favor de la Junta de 3.235.126 euros por parte de CCOO y de 1.859.821 euros respecto a UGT.

El entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero notificó a los secretarios generales de CCOO y UGT, en julio de 2006, el importe de esa liquidación pero los sindicatos “desoyeron de manera contumaz los requerimientos de pago de las cantidades que retenían indebidamente“.

Los tres ex directores de Trabajo “no hicieron nada para conseguir que los representantes legales de los sindicatos ingresaran, bien voluntariamente o bien de forma ejecutiva, las cantidades que adeudaban” pese a “estar obligados a ello por su cargo y sus funciones“.

Como consecuencia de su inacción prescribió administrativamente el derecho a reclamar a las centrales sindicales de las cantidades adeudadas.

Sin embargo, la Fiscalía entiende que el delito no se encontraría prescrito dada la penalidad que tiene señalada y lo dispuesto por el Código Penal vigente cuando se produjeron los hechos referido a los plazos de prescripción.

Los hechos mencionados podrían ser constitutivos de un delito continuado de malversación de caudales públicos por parte de los responsables sindicales, todos ellos máximos responsables del área de Finanzas y Organización, aunque la Fiscalía abre la posibilidad de valorar como causa de extinción de la responsabilidad criminal la prescripción con respecto a Javier Guerrero, Juana Mancilla y Julio Ruiz.