El fiscal reprocha a los acusados que crearan un sistema "totalmente opaco" que eliminó los mecanismos de control

La Fiscalía Anticorrupción ha reprochado este lunes a los 21 ex altos cargos procesados en el juicio de los ERE que crearan un sistema "totalmente opaco" para la concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas que eliminó "todos los mecanismos de control legalmente establecidos". De la misma forma, la Fiscalía entiende que se ha producido un "daño efectivo, real y cuantitativamente muy importante de menoscabo de fondos públicos".

El fiscal delegado de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga ha subrayado, al continuar la exposición del informe definitivo de la acusación pública, que entre los hechos que consideran probados está que los ex altos cargos imputados crearon un sistema "totalmente opaco", sustraído al común de los ciudadanos y que escapaba al conocimiento y control de la Intervención General de la Junta de Andalucía, un sistema que según ha recordado el fiscal uno de los encausados ha definido como un "procedimiento específico".

El representante del Ministerio Público ha añadido que la Junta de Andalucía estableció un sistema complementario propio para la concesión de las ayudas para los trabajadores afectados por procesos de reestructuración empresarial y para ello acudió, según el fiscal, al régimen de la "subvención excepcional".

En 1999 y para dar una "respuesta ágil" a esos procesos que afectaban a empresas significativas, decidieron que el IFA anticiparía el pago de las ayudas, pero cuando se produjeron los primero reparos por parte de la Intervención a las ayudas a los ex trabajadores de la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa), se acudió a la firma del convenio marco de 17 de julio de 2001, suscrito entre el ex consejero y ex viceconsejero de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, respectivamente.

El fiscal ha precisado que si hubo una "decisión política" de conceder las ayudas con un "sistema propio", esos reparos de la Intervención suponían un retraso para la concesión, por lo que, a su juicio, dar una respuesta "ágil y más rápida" a la concesión de dichas ayudas "se consiguió eliminando todos los mecanismos de control legalmente establecidos". "Las ansias de agilidad y rapidez trastocaron el sistema legalmente establecido", ha aseverado el delegado de Anticorrupción.

En la creación de ese sistema, el fiscal se ha referido a una modificación presupuestaria del 18 de abril del año 2000, que creó la partida de transferencias de financiación al IFA/IDEA, cuyo primer efecto consistía en que "no se podía identificar al destinatario final" de la ayuda.

También ha señalado el fiscal que Empleo llevó hasta en tres ocasiones a la Comisión General de Viceconsejeros -conocida como el consejillo- un proyecto para regular las ayudas, pero nunca más se introdujo en el orden del día ni se elevó por tanto al Consejo de Gobierno de la Junta.

Sobre las transferencias de financiación, el fiscal Manuel Fernández Guerra ha dicho que su finalidad era "financiar la actividad de la entidad" y ha reiterado en que "no se debió ni utilizar ni consentir el uso" de dichas transferencias para el pago de las ayudas, y también ha señalado que los expedientes debieron ser sometidos a fiscalización pero no fue posible porque era "imposible su control" por la Intervención, dado que el control de las transferencias se limitaba a "extremos muy sencillos y tasados", como es la comprobación del crédito.

Y esa falta de control, ha proseguido, era "conocida" particularmente por los directores generales de Trabajo y del IFA/IDEA, así como por los viceconsejeros y consejeros de Innovación, Economía y Hacienda, ha sostenido.

El fiscal también ha subrayado que el director general de Presupuestos y el consejero de Hacienda tenían conocimiento de que las transferencias se estaban utilizando inadecuadamente, sabiendo que la Dirección General de Trabajo seguía dando las ayudas "sin el paraguas de un expediente de subvención excepcional".

Ante la "gravedad de los hechos", el fiscal ha defendido que se tendría que haber cambiado la forma de actuar para exigir el retorno de los fondos públicos e impedir que siguieran saliendo "de forma ilícita" en los próximos años. Así, ha señalado que al no haber revisado por parte de los encausados todos los expedientes de las ayudas, una vez detectadas las deficiencias en la muestra que fue analizada por la Intervención, supone para la Fiscalía una "constatación de un daño efectivo, real y cuantitativamente muy importante de menoscabo de fondos públicos".

Ninguno de los 270 expedientes de subvenciones se anotó en el sistema informático Júpiter de la Junta, ni en la base datos de subvenciones, ha dicho el fiscal, que ha concluido que las "18 deficiencias graves" que se detectaron al revisar una muestra de 20 expedientes en el año 2004 determina la "total nulidad" de los mimos, puesto que los expedientes carecían de los trámites necesarios y los fondos "nunca debieron salir" de la Tesorería de la Junta, por lo que ha concluido en que hubo un "riesgo cierto de menoscabo de fondos públicos".

Los encausados, ha continuado el fiscal, permitieron que el sistema siguiera funcionando y no ordenaron el inicio de los expedientes de reintegro de los fondos públicos, y en los años siguientes "nada hicieron para cambiar el sistema y poner fin al uso de las transferencias de financiación y al déficit en IDEA".

El fiscal ha reconocido que con la llegada de Juan Márquez a la dirección general de Trabajo en su etapa hay "más apariencia de formalidad" en la tramitación de las ayudas -se encargaron varios dictámenes jurídicos sobre cómo se concedían las ayudas-, pero se mantuvieron las deficiencias detectadas en los informes de la Intervención general de la Junta.

El engaño al Parlamento

En su informe, el fiscal ha vuelto a poner de manifiesto el engaño al que fue inducido el Parlamento de Andalucía, según las tesis de al acusación, al afirmar que en los presupuestos no se encuentra "ninguna referencia" a que es el IFA/IDEA el que paga las ayudas que concede la Consejería de Empleo, sino que se utilizan "expresiones genéricas" para decir que este instituto es el que se encarga de la "materialización del pago".

Según el fiscal, en los expedientes de modificaciones presupuestarias de la partida 31L ni de manera directa o indirecta o sugerida se podía inducir que el IFA sólo se encargaba del pago de las ayudas, sino que se podía creer que se trataba de una "actividad propia" del Instituto. "Es evidente que el Parlamento no podía saber nada", ha dicho Egocheaga, que ha agregado que en la información contenida en la cuenta general de la Junta no se podía detectar el "uso inadecuado" que se estaba dando a las transferencias de financiación.

Déficit presupuestario en el IFA

El fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra también ha considerado "plenamente acreditado" que la Consejería de Empleo contrató frente a terceros "obligaciones sin la necesaria cobertura presupuestaria" y ha reprochado a los encausados que "nada hicieran" para eliminarlo, lo que genero unas deudas con las compañías aseguradoras de las pólizas que, según ha puntualizado, a fecha 31 de diciembre de 2011 ascendían a más de 592 millones de euros. El fiscal se ha preguntado qué hizo Empleo ante ese déficit, a lo que ha respondido que "no hizo nada hasta el ejercicio 2010".

También ha considerado acreditado que los informes de la Intervención sobre la agencia IDEA no fueron trasladados a la Cámara de Cuentas de Andalucía, ni tampoco remitidos al Parlamento ni a la oficina de control presupuestario.