La "reina" Melchor alega que la Junta "autorizó" el gasto en caramelos para la cabalgata

La que fuera directora gerente del Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades) entre los años 2006 y 2011 y ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) Ana María Orihuela Espinosa, ha defendido este martes en la Audiencia de Sevilla que la dirección general de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía "autorizó" que destinara 6.555,15 euros de las subvenciones recibidas para la realización de cursos a la compra de "regalos y caramelos” para la Cabalgata de Reyes Magos de Almonte de 2009, en la que había sido elegida para encarnar a la “reina” Melchor.

La acusada ha sido la primera en declarar de los cuatro acusados en este primer juicio que se celebra de la macrocausa de la formación que investigó la juez Alaya y en su declaración ha asegurado que realizó este gasto después de haber realizado una consulta a la entonces directora general para la Formación para el Empleo María José Lara, quien según la procesada le dio "autorización" para realizar ese pago para la cabalgata de Reyes, siempre que no se concediera como una subvención, por lo que Ana María Orihuela ha reconocido que cargó este pago al consorcio "previo permiso" de la directora general, ha insistido.

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto le ha preguntado en ese momento si consideraba razonable que se pagaran los caramelos para la Cabalgata de Reyes Magos de la localidad cuando había cursos de formación subvencionados que no sea habían dado. "Yo pedí permiso", ha respondido Ana María Orihuela, quien también ha admitido otros pagos con los fondos públicos para un desayuno de la cabalgata o gastos en publicidad y difusión del consorcio.

En este primer gran juicio por las presuntas irregularidades en la formación, se investiga la falta de justificación de 1.320.850 euros correspondientes a las subvenciones públicas que recibió este consorcio de formación ubicado en Almonte (Huelva), así como la contratación de familiares suyos y los pagos realizados a los mismos. En concreto, en este proceso están acusadas otras tres personas, entre ellas el hijo de la ex directora, Manuel Ramírez Orihuela, y un sobrino, Cristóbal Ojeda Orihuela, a los que contrató en el consorcio, además de una persona que realizó servicios veterinarios, Juan Francisco Millán, quien hoy no ha acudido al juicio por haber dado positivo en Covid.

A lo largo del extenso interrogatorio de la principal acusada, que se ha prolongado por espacio de varias horas, Ana María Orihuela ha rechazado los delitos continuados de prevaricación y malversación por los que se enfrenta a una petición de condena de seis años de cárcel, y ha derivado la responsabilidad hacia el que fuera administrador del consorcio y el jefe de estudios, llegando a afirmar que ella desconocía que había dos fórmulas para justificar las subvenciones que recibía Formades (una mediante la presentación de un informe de un auditor o con la presentación directa de los justificantes de los gastos).

En este sentido, ha indicado que el administrador le decía lo que tenía que firmar en relación a las justificaciones y "nadie" puso ninguna objeción, puesto que una vez justificado el 75%, recibían el 25% restante de la subvención por parte de la Junta. "Se justificaba todo", ha precisado la acusada, que ha dicho asimismo que "jamás" le dio orden al administrador de que se pagaran las facturas sin contar con las tres firmas que eran necesarias. "¡Lo juro por Dios!", ha exclamado Ana María Orihuela, que ha negado también su intervención en la contratación de su hijo y de su sobrino.

La ex directora de Formades ha insistido en que siempre se pedían tres presupuestos a la hora de realizar una licitación, pero ha señalado que estaban a la espera de que se publicaran los pliegos de condiciones, por lo que continuaban con las empresas que ya habían sido contratadas con anterioridad.

No tenía "ninguna relación" con su hijo

Con respecto a la contratación de su hijo para la realización de labores de mantenimiento, una tarea específica que la Fiscalía recuerda que “no se concretaba en contrato alguno y que no fue licitado”, también ha negado cualquier intervención. "No tenía ninguna relación con mi hijo, aunque no se lo crean ustedes", ha asegurado en relación a unos problemas familiares. Así, ha defendido que "jamás" le dijo al jefe de estudios que buscara a su hijo para este puesto, si bien de los tres presupuestos presentado el de su hijo era el más asequible, algo que según la acusada también comentó a la dirección general de Formación para el Empleo donde no plantearon ningún inconveniente a dicha contratación, según su testimonio.

Según la Fiscalía, el hijo “realmente no ofrecía servicios de mantenimiento como empresa, sino que simplemente tramitó su alta como autónomo”.

Sobre la contratación de su sobrino como vigilante de las instalaciones, la acusada también se ha desligado de la misma y ha dicho que fue el jefe de estudios quien habló con él sobre si quería hacer el turno de noche, una contratación que justifica en el aumento de la ganadería de las instalaciones, que en el año 2010 tenían entre 90 y 100 caballos.

En su declaración, la ex directora ha señalado que no le consta que "se hiciera nada mal" en relación con los cursos de formación que se impartían y aunque niega la existencia de delitos sí que ha admitido que se "siente culpable" por la gestión que se realizó con los pliegos de licitación que asegura que se solicitaron pero nunca se aprobaron.