La recta final para la sentencia de los ERE

Después de diez meses de intensas deliberaciones sin parar, la sentencia de los ERE entra esta semana en su recta final para hacerse pública. La fecha clave es la del próximo sábado, 26 de octubre. Hasta ese día está liberado el ponente de la sentencia, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, quien ha estado literalmente encerrado en su casa durante todos estos meses analizando, deliberando y, ya en esta fase final, redactando un fallo que, según apuntó recientemente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, tendrá alrededor de un millar de folios o más. Duplicará en extensión a la sentencia del procés, que hemos conocido esta semana y que tenía 493 folios.

Indudablemente la sentencia de los ERE es mucho más compleja que la del procés, donde la principal cuestión a resolver era si los hechos enjuiciados encuadraban en el delito de rebelión o el de sedición, por el que finalmente se ha decantado el Tribunal Supremo. En los ERE se debaten cuestiones muy técnicas sobre las que en determinados aspectos no existe jurisprudencia, lo que ha llevado incluso al tribunal a tener que consultar artículos doctrinales.

El hecho de que el próximo 26 de octubre finalice la liberación del magistrado que presidió el juicio de los ERE no implica que la sentencia vaya a conocerse de manera inmediata e incluso en el periodo electoral que está a punto de iniciarse el 1 de noviembre.

Para empezar, habrá que saber si efectivamente la voluminosa sentencia está realmente acabada para ese día, puesto que aunque está muy avanzada pueden quedarle todavía algunos flecos que impidan que esté disponible para esa fecha. El propio Lorenzo del Río reconoció tras entrevistarse con Juan Antonio Calle Peña y con las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez, que el ponente va a esforzarse para “intentar” que la sentencia estuviera lista en esa fecha.

Si llegado el 26 de octubre, la redacción de la misma no está finalizada, caben varias posibilidades. La primera, que el ponente comunique al TSJA que necesita una nueva prórroga, que podría ser de un mes de duración o menos, algo que podría acordar directamente Lorenzo del Río y luego someter a su aprobación ante la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz, dado que esta semana no hay reunión de este órgano.

Pero también cabría otra posibilidad: Que no se solicite nueva prórroga y Juan Antonio Calle Peña –que aún no ha disfrutado este año de sus vacaciones– se reincorpore a su puesto en la Sección Primera el lunes 28 de octubre. A partir de ese momento, ya no estaría liberado y volvería a celebrar juicios y a recibir ponencias de causas y recursos, una labor que tendría que compaginar con el remate de la sentencia de los ERE. Sin embargo, al no disponer de esa dedicación exclusiva a la redacción de la sentencia, como ha tenido en estos diez meses, la notificación de la misma podría retrasarse algunas semanas más.

De esta forma, se cumpliría la regla no escrita que muchos jueces consideran de no interferir en los procesos electorales como el del 10 de noviembre, puesto que indudablemente el resultado de esta sentencia tendrá una amplia repercusión en la política española, aunque no tanto como la de la Gürtel, que provocó la moción de censura que acabó echando de la Moncloa a Mariano Rajoy.

La suerte que correrán los 21 ex altos cargos de la Junta que durante un año se sentaron en el banquillo, entre ellos los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se conocerá en breve.

Es evidente que la sentencia incluirá condenas, pero lo que todavía es una incógnita es hasta dónde situará el tribunal la posible responsabilidad en el caso de los ERE, si tocará a los ex presidentes o se quedará en los niveles inferiores de la Administración y si se circunscribirá a la Consejería de Empleo, responsable de la concesión de las ayudas bajo sospecha, o se ampliará a otras consejerías como Economía e Innovación, de la que dependía la agencia IDEA, que gestionaba el pago de esas ayudas.