De 16 años de cárcel a apenas 4: el acuerdo de dos proxenetas que secuestraron y prostituyeron a una mujer durante la Feria

Una pareja de proxenetas que secuestraron a una mujer, la encerraron en un piso de Triana y la obligaron a prostituirse durante la Feria de Abril de 2022 ha aceptado una condena de cuatro años de cárcel, también asumida por la Fiscalía, que poco o nada tiene que ver con la gravedad de los cargos y de las penas que inicialmente solicitaban para ellos tanto la acusación pública como la particular. De hecho, es una cuarta parte de los dieciséis años de prisión que al principio pedía el Ministerio Público. Este desenlace tan beneficioso para los acusados ha hecho que el juez les haya instado a "tomar conciencia del esfuerzo" que suponía alcanzar y dictar esa sentencia y que les haya espetado: "Esto no va a volver a suceder".

La rebaja de las condenas ha sido de tal envergadura que, por ejemplo, la Fiscalía empezó acusándolos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en concurso con un delito de prostitución coactiva y reclamando por ello ocho años de cárcel, mientras que al final, tras acordarlo con las defensas, ha eliminado el primer delito y la pena por forzar a la víctima a prostituirse ha sido de apenas un año de cárcel. Es decir, una octava parte de la solicitud inicial. También pedía cinco años por detención ilegal que se han quedado en dos años; tres años por robo con violencia que han acabado siendo un año; y una multa de 1.080 euros por un delito leve de lesiones por el que finalmente abonarán 270 euros.

En todos los casos, la Fiscalía y la acusación particular han acordado aplicar la atenuante muy cualificada de reparación del daño. Antes del juicio, cada investigado consignó en el juzgado la parte de la indemnización que a su vez pactaron con la víctima: 6.000 euros los dos principales encausados, 2.500 euros otra parte y 500 euros la cuarta implicada. Como todas las partes estaban de acuerdo y los acusados han mostrado su conformidad, el juez ha dictado sentencia firme en la misma Sala.

Los hechos, que han sido enjuiciados por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, ocurrieron en abril de 2022 en un bajo de la calle Pisuerga que José H.G. había alquilado unos meses antes "con la intención de dedicarlo al ejercicio de la prostitución". El 15 de abril, este acusado coincidió con la víctima, que sufría dificultades personales y económicas, y "con la intención de aprovecharse de ella" le ofreció una habitación en ese inmueble por 150 euros al mes. Ella pensó que se trataba de un simple alquiler, pero una vez allí supo de las "auténticas intenciones" del acusado y de Raquel S.F., que dirigía el negocio y "liquidaba semanalmente" con José H.G.

Fue entonces cuando "la encerraron en una habitación, la ataron de pies y manos" y, aprovechando la cercanía con el Real de la Feria y la gran afluencia de visitantes que allí acudían, ofrecieron sus servicios sexuales "durante cuatro o cinco días". Los otros dos acusados, Virginia B.R. y José Luis G.M., también frecuentaron el piso y agredieron a la víctima "por pura diversión", según constaba en el escrito de la Fiscalía. La condena para estos dos últimos se reduce a la susodicha multa de 270 euros.

Transcurridos los primeros días, Raquel S.F. permitió a la mujer ir a ver a su novio, pero cuando José H.G. lo supo, fue "rápidamente" a buscarla y la "introdujo a la fuerza" en su coche antes de que la pareja siquiera pudiera reaccionar. De vuelta en el inmueble de la calle Pisuerga, el acusado reforzó el control de la víctima y ordenó a su cómplice "que le fuese enviando fotos" de ella. El encierro terminó el 26 de abril cuando la mujer convenció a Raquel S.F. de que la dejara ir a un cajero para sacar una cantidad de dinero que a su vez le había exigido José H.G. y, aprovechando la salida, se presentó en la comisaría más cercana y denunció lo ocurrido. Desde el día siguiente permanecen en prisión provisional los dos proxenetas.

Además del perjuicio físico que sufrió, la víctima no ha recuperado las pertenencias que los acusados le quitaron cuando la retuvieron contra su voluntad, todas valoradas en unos 2.500 euros.

Tras imponer las respectivas condenas a los acusados e informarles de que también deberán respetar una orden de alejamiento respecto de la mujer durante quince años, el presidente del Tribunal se ha dirigido a los cuatro y les ha dicho: "Espero que tomen conciencia del esfuerzo que hemos realizado todos, desde las acusaciones a sus abogados y este tribunal, para enjuiciar estas conductas suyas. Esto no va a volver a suceder". Los dos principales procesados han repetido que "no sucederá otra vez" y otro se ha mostrado "arrepentido".