Profesoras de Sevilla impulsan una "Universidad sin Censura” sobre la prostitución

Profesoras de la Facultad de Derecho de Sevilla se han unido al movimiento #UniversidadSinCensura en el que 20 universidades españolas reivindican la libertad de expresión sobre el trabajo sexual, tras la suspensión de un acto en A Coruña por presiones de colectivos abolicionistas.

Una de las impulsoras en la Facultad de Derecho de Sevilla es Blanca Rodríguez Ruiz, profesora de Derecho Constitucional, que el 9 de noviembre organizará unos Diálogos en torno al trabajo sexual.

Forman parte del movimientos profesoras, catedráticas e investigadoras de 20 universidades españolas, que han programado actividades a lo largo de todo el curso 2019-20. En Sevilla se han adherido también la Facultad de Antropología, que el 22 noviembre debatirá sobre las “violencias institucionales y simbólicas sobre las trabajadoras sexuales“, y la Universidad Pablo de Olavide, que el 3 de diciembre organizará un encuentro sobre las “perspectivas sobre el trabajo sexual y los derechos“.

En Andalucía, la Universidad de Granada tratará el 28 de noviembre sobre las ordenanzas municipales y el trabajo sexual, la Facultad de Humanidades de Almería debatirá sobre el modelo abolicionista sueco, la Universidad de Jaén abordará el 14 de febrero la prostitución como rehén de la trata, y la Universidad de Córdoba tratará el 6 de marzo sobre “la respuesta del Derecho al fenómeno de la prostitución”.

Este movimiento surgió cuando a principios de septiembre la Universidad de A Coruña suspendió una charla sobre trabajo sexual alegando “el fuerte rechazo, el acoso y la crueldad que estamos experimentando sobre este tema en las redes sociales, la información errónea que distorsiona la realidad y los comentarios recibidos que nos hacen predecir la imposibilidad de garantizar la seguridad del debate o su calidad académica“.

Poco antes, activistas abolicionistas habían denunciado la charla en las redes sociales, afirmando que formaba parte de una estrategia del “lobby proxeneta”.

Ahora, un conjunto de profesoras, catedráticas e investigadoras han firmado el manifiesto titulado “Por el derecho a debatir en la Universidad en todas partes”, donde aseguran que la suspensión fue un riesgo para la libertad de expresión.

En un comunicado, las promotoras afirman que “si bien la prostitución en nuestro país no recibe sanción penal, tampoco se considera actividad laboral, de tal modo que las personas trabajadoras del sexo están desprovistas de derechos y de herramientas jurídicas para, por ejemplo, combatir el estigma que acompaña a la actividad”.

Teniendo en cuenta el debate en el seno del feminismo en torno a estas cuestiones y lo ocurrido en A Coruña, estos encuentros “parten de la convicción de que en los debates públicos de toda sociedad democrática se han de poder ofrecer y representar los argumentos de las distintas posiciones, y han de incluir la voz de las personas trabajadoras sexuales que reclaman respeto y derechos”.