Procesados un proxeneta y un ojeador por prostituir a jóvenes de Argentina y Colombia que aspiraban a ser futbolistas

El juzgado de Ubrique (Cádiz) que ha investigado a varias personas por presuntamente traer a España a jóvenes procedentes de Colombia y Argentina a quienes prometían una carrera en el fútbol profesional para después obligarlos a prostituirse a través de una plataforma homosexual ha acordado procesar a dos de ellos. Se trata de un supuesto proxeneta, Juan Luis M.J., y un captador de jóvenes talentos futbolísticos, Daniel I.M., a quienes atribuye los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva y explotación lucrativa de la prostitución.

En un auto fechado el pasado 10 de abril, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Ubrique también decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones relativas a un tercer investigado, un prestigioso psicólogo deportivo, al entender que no ha quedado probada su participación en los hechos. "La mayoría de los jóvenes no ha tenido contacto alguno con él", afirma la magistrada.

Por el contrario, la titular del juzgado acuerda que las diligencias continúen por los trámites del procedimiento abreviado contra los otros dos investigados. Así, en relación a Juan Luis M.J., establece con carácter provisional era "el encargado de recoger" a jóvenes colombianos y argentinos "bajo la apariencia de facilitarles una trayectoria deportiva" pero, una vez que llegaban a España, se aprovechaba de su "situación de vulnerabilidad" y "los empujaba a mantener relaciones sexuales con otros varones a cambio de dinero", con lo que "obtenía un beneficio económico con dicha actividad".

Para alcanzar sus fines, el ya procesado utilizaba su móvil y el de los jóvenes "para concertar citas con los contactos homosexuales" a través de una plataforma denominada "Grindr-chat-gay" que gestionaba él mismo.

En cuanto a Daniel I.M., que está siendo defendido por la abogada Ofelia Liñán, también participaba en la llegada de las víctimas a España, "mantenía conversaciones" con los jóvenes y "les exigía el cumplimiento de las normas pactadas".

En junio de 2020, el mismo juzgado ya decretó prisión sin fianza para Juan Luis M.J. En el auto en el que ordenaba su ingreso en la cárcel, la magistrada explicaba que había cinco testigos protegidos, uno de ellos menor de edad, y que este encausado les quitaba su pasaporte, les retenía sus salarios y les cobraba el 50% de lo que ganaban en concepto de comisión cuando alguno de los jóvenes conseguía clientes por su cuenta.

El mismo auto indicaba que Juan Luis se aprovechaba del "interés" de los jóvenes “por venir a España y triunfar en el fútbol" y les hacía "falsas promesas incumplidas sistemáticamente desde que pusieron sus pies en España”. En cambio, todos eran “sacados de su contexto de seguridad" y terminaban en "una situación de desprotección y desarraigo que favorece el sometimiento al tratante y hace posible su explotación”. Un joven contó ante la magistrada que incluso viajó a Murcia para jugar en un equipo de Segunda División, algo que finalmente no ocurrió, lógicamente.

Según el atestado policial, los testigos protegidos negaron los hechos al principio “por pudor", pero en su segunda declaración reconocieron lo ocurrido. Uno alegó que había accedido a prostituirse “obligado por la situación de hambre que estaba pasando debido a la escasez de alimentos” que les proporcionaba Juan Luis M.J.

Los jóvenes vivían "aislados y hacinados" en una vivienda de la sierra de Cádiz y eran conducidos por el principal investigado a “zonas remotas, pinares y playas desconocidas para ellos, en ocasiones de difícil acceso y difícil retorno a su vivienda si tuviesen que hacerlo por su cuenta”.

Respecto a la "extrema vulnerabilidad” de los afectados, algunos llegaron a relatar que en sus países de origen habían participado en peleas callejeras a cambio de dinero o habían sufrido el asesinato de familiares a manos de paramilitares. Y ya en España recibieron las amenazas de los prestamistas colombianos que les habían dado el dinero para viajar a España y padecieron el “engaño evidente" de sus "captadores", así como "la constante intimidación" de los investigados, que "les reclamaban dinero a ellos y a sus familiares en Colombia”.

Todo ello, según los investigadores, “explica el miedo de las víctimas, su comportamiento errático y la reserva inicial mostrada en sus primeras declaraciones”.

Además de llevar a los jóvenes a los lugares concertados con los hombre que abusaban de ellos, Juan Luis M.J. también recibía encargos de clientes que le pedían que les llevase a sus domicilios “a uno de los jóvenes, incluso a veces dos”. También les reclamaba dinero por "gastos que arbitrariamente les imputaba”, sin contar que los chicos pagaban una mensualidad en concepto de alojamiento y manutención “para vivir todos hacinados en una vivienda" y recibían tan poca comida que muchas veces se la tenían que pedir "a los vecinos y a los servicios sociales”.

En el caso del único investigado que ya ha dejado de serlo, el auto de procesamiento señala que "la mayoría de los jóvenes no ha tenido contacto alguno con él" y que su papel simplemente era el de "seleccionador" en partidos organizados por la Fundación Funso Deporte, "sin que exista comunicación alguna desde que los jóvenes llegaron a España".