El estado de salud de un acusado obliga a retrasar otra vez uno de los mayores juicios de droga del año en Sevilla

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tampoco ha podido comenzar este lunes uno de los juicios sobre narcotráfico más importantes del año. Son once hombres acusados de introducir cocaína en España desde Colombia a través de Málaga, camuflada en cargamentos de piñas, y entre ellos hay dos policías nacionales, un guardia civil y un escolta del Ministerio del Interior. La banda para la que presuntamente trabajaban fue interceptada en septiembre de 2022 con 365 kilos de la sustancia estupefaciente en una nave de Carrión de los Céspedes. Pero la vista oral, que ya fue aplazada en noviembre porque cuatro de los procesados tenían otro juicio en la Audiencia Nacional, ha vuelto a retrasarse por segunda vez.

El motivo en esta ocasión es la salud de uno de los encausados, que ha tenido que ser ingresado por problemas en un riñón. De todas formas, tras hablarlo con las partes en la misma sala, el tribunal ha acordado que el juicio comience este miércoles a las diez de la mañana. Y tampoco está descartada la opción de que exista un acuerdo previo que acorte la celebración de la vista, a priori señalada para más de una decena de sesiones. Los abogados de los once procesados, algunos de ellos de fuera de Sevilla, han quedado en reunirse este martes para discutir una posible conformidad.

Que exista consenso se antoja complicado, teniendo en cuenta la cantidad de acusados que hay y la envergadura de las penas que para ellos reclama la Fiscalía. En su escrito de calificación provisional, el Ministerio Público pide ocho años de cárcel para cada varón y una multa de 45 millones de euros. Siete de ellos, incluidos los agentes de la autoridad y el escolta, permanecen en prisión provisional desde el 17 de septiembre de 2022. Uno de los policías es un subinspector que en la época de los hechos formaba parte de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) en Sevilla. El otro ejercía en la Brigada de Seguridad Ciudadana. En cuanto al guardia civil, que tiene antecedentes penales, trabajaba en una Unidad de Seguridad Ciudadana en la provincia de Sevilla.

Droga de Colombia oculta en palés de piñas

La investigación fue fruto de la cooperación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas y la Fiscalía Nacional contra el Narcotráfico de Bogotá. Este organismo informó de que se iba a introducir cocaína en España en un contenedor que había zarpado el 19 de agosto de 2022 desde Buenaventura, el puerto más importante de Colombia, hacia Málaga. La carga era de dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas y mangos. La nave arribó a Málaga el 7 de septiembre. Dos días después, funcionarios policiales registraron el contenedor y localizaron la droga en el suelo, bajo palés con las cajas de piñas, pero dejaron que la banda siguiese con su plan.

El 14 de septiembre, siempre según la Fiscalía, el acusado Antonio S.G. recogió el contenedor y lo llevó a Sevilla. Durante ese trayecto, el subinspector, el policía y el escolta llevaron a cabo labores de “control y vigilancia” a bordo de un coche “para garantizar la seguridad del traslado y la recepción final de la droga” en una nave del polígono La Isla, en Dos Hermanas. Una vez allí, esos tres encausados circularon por los alrededores del almacén para cerciorarse de que no había nadie que pudiese frustrar la operación. Al día siguiente, la mercancía viajó hasta el polígono Novapark, en Carrión de los Céspedes, de nuevo seguida de cerca por los policías y el escolta efectuando “funciones permanentes de contravigilancia” hasta la descarga de la droga.

Fue entonces cuando la Policía irrumpió en el recinto. En ese momento, entre otros investigados, el guardia civil estaba “manipulando los bajos del contenedor con una pata de cabra en la mano”. Dentro había 365 paquetes rectangulares embalados en plásticos y film transparente. Cada uno contenía un kilo de cocaína. Según la Fiscalía, la droga habría alcanzado un valor de 14,4 millones de euros en el mercado si se hubiese vendido al por mayor. Y si hubiese sido al por menor, casi 38 millones.

El Ministerio Público acusa a todos los procesados de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño con la circunstancia agravante de “notoria importancia”, en referencia a la cantidad de droga intervenida.