El expresidente de la Federación Española de Tenis José Luis Escañuela será juzgado en una semana por presunta corrupción
Administración desleal y apropiación indebida
La Fiscalía de Sevilla pide cinco años de cárcel para él por supuestamente usar fondos de la fundación de la RFET para comprar los caramelos de la Cabalgata 2013 o pagar a su mujer un viaje al Abierto de Australia
También está acusado de abonar una estancia de cuatro días en París al director de un gimnasio de Sevilla y el director de la Fundación Antares para que asistiesen al torneo de Roland Garros
El tenis español se rebela contra Escañuela
La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla tiene fijado para el próximo 9 de abril el comienzo del juicio a José Luis Escañuela, presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET) entre 2009 y 2015, por presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida en la gestión de la Fundación del Tenis Español, con cargo a la cual habría sufragado sus compromisos como Rey Gaspar en la cabalgata de Reyes Magos de Sevilla en 2013, entre otros usos irregulares. La Fiscalía reclama que sea condenado a cinco años de cárcel y ocho de inhabilitación especial. Está previsto que el juicio dure seis sesiones.
Según el escrito de acusación, recogido por Europa Press, los hechos ocurrieron cuando Escañuela, el vicepresidente José Luis Terroba y la secretaria general María Aguilera también eran patronos de la RFET, creada en diciembre de 2009 con una aportación de 60.000 euros por parte de la propia Federación.
Según la Fiscalía, la Ley de Fundaciones 50/2002 determinaba que los tres cargos eran "gratuitos" y que "cualquier remuneración" que recibieran sería "contraria a la Ley", aunque se les podían reembolsar "los gastos debidamente justificados que el cargo les ocasione".
Sin embargo, "prevaliéndose de su cargo y con el fin de obtener un ilícito beneficio económico", los tres acusados "realizaron un uso indebido del patrimonio de la fundación, así como se hicieron para sí con cantidades que en modo alguno les correspondían", según el Ministerio Público.
La acusación relata expone que después de que la fundación recibiese de la RFET 174.395,89 euros en 2010 y 210.766,63 en 2012, Escañuela acometió diversos pagos "a costa del patrimonio de la fundación sin que conste justificación alguna y sin aprobación alguna por el patronato" de la entidad. Entre esos pagos figuran 37.740 euros fruto de un convenio firmado entre él y el Ateneo de Sevilla para actividades del cortejo real navideño, "ya que Escañuela había sido elegido como Rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes de Sevilla" de 2013. La Fiscalía también recoge otros 12.716 euros con cargo a la fundación de la RFET que se destinaron a la compra de caramelos para esa cabalgata.
También son parte de la causa los 9.554 euros que Escañuela presuntamente usó para viajar junto a su esposa al Abierto de Australia. Según la RFET, "no resulta acreditado que ese viaje se realizara en su condición de presidente", así que es "factible que se tratase de un viaje privado". De cualquier manera, su mujer carecía de cargo alguno en la RFET ni en su fundación y "en ningún caso deberían haberse utilizado los fondos" para pagar su viaje.
Con cargo a la fundación existe otro pago de 9.558 euros para un bufete "constituido como una sociedad limitada" de la que Escañuela era titular y 1.830 euros para una estancia de cuatro días en París con motivo del torneo de Roland Garros de la que disfrutaron el propietario del gimnasio Sato y el director de la Fundación Antares, dos personas que "nada tienen que ver" ni con la fundación ni la RFET.
El extenso escrito de la Fiscalía no acaba ahí. También señala que los tres acusados, "a pesar del carácter gratuito" de sus cargos de patronos de la fundación, se pusieron de acuerdo para concederse una "asignación mensual": Aguilera, secretaria de la fundación, obtuvo así 15.950 euros; Terroba, 3.382,10 euros; y Escañuela, 8.317,84.
En el caso también hay una partida de 125.711,69 euros que la RFET transfirió a su fundación, procedentes de un reintegro desde la universidad Pablo de Olavide, "sin que los acusados hayan podido justificar el destino final del traspaso de estos fondos".
Para la Fiscalía, estos hechos son constitutivos de un delito de administración desleal en su modalidad de gestión fraudulenta de patrimonio social y otro delito de apropiación indebida. Por ellos solicita para Escañuela cinco años de cárcel, ocho años de inhabilitación especial para cargos en fundaciones o entidades similares y una multa de 3.000 euros. Y para Terroba y Aguilera, cuatro años de prisión, siete de inhabilitación especial y 2.700 euros de multa en ambos casos.
También reclama que Escañuela restituya 90.103 euros a la fundación, que Terroba devuelva 33.382,10 euros y que Aguilera pague 15.950 euros, así como que todos ellos repongan solidariamente 13.683,37 euros a la Seguridad Social por "el indebido abono de la cuota patronal (por sus emolumentos)" y los 125.711,69 euros que abonó la Pablo Olavide "y cuyo destino se desconoce".
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