Popeye contra Cañito: un homicidio por encargo en Sevilla acaba con una condena mínima porque el sicario no fue al juicio

Un “peligroso” delincuente francés afincado en La Algaba y apodado Popeye, que se enfrentaba a una posible pena de casi veinte años de cárcel por encargar la muerte de un narco de Los Pajaritos, traficar con heroína y hachís y tener una pistola y una táser, aceptó ayer en la Audiencia de Sevilla una condena de tres años y medio de prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. En la sustanciosa rebaja de la pena tuvo mucho que ver que el sicario, el hombre al que contrató para matar al otro, no compareció en el juicio. Sin un testigo de tanto peso específico (fue él quien denunció todo ante la Policía), el Ministerio Público tuvo que retirar la acusación por el delito principal, el de proposición para cometer un homicidio.

Los hechos que relataba la Fiscalía, que no pudieron quedar acreditados en esa parte fundamental del “encargo” de matar a un tercero, comenzaron en el verano de 2021. A.T., alias Popeye, se citó el 15 de julio con B.C. en un bar de Los Pajaritos. El motivo de esa reunión era su “propósito de poner fin a la vida del conocido en el argot delincuencial como Cañito”, líder de una banda de narcos de Madre de Dios. Popeye, según la acusación, estaba “determinado a encontrar alguna persona que llevara a cabo tal objetivo en su lugar”. Es decir, que buscaba un sicario para matar a su supuesto rival “a modo de represalia” por otros hechos, en concreto la muerte de un amigo precisamente en la barriada de Los Pajaritos en mayo. Popeye “conminó” a B.C. a “quitar de en medio” a Cañito y le entregó una pistola Unique.

En aquel momento, el presunto sicario no rechazó la macabra propuesta por el “fundado temor” hacia quien lo había contratado y el miedo a sufrir “cualquier daño tanto en su persona como en la de sus familiares” si le decía que no. “Era consciente de la fama violenta y peligrosa que rodeaba a su interlocutor”, destacaba la Fiscalía. Sin embargo, finalmente optó por no ejecutar el homicidio a pesar de las “continuas presiones” de Popeye “para que culminase la tarea”. Es más, el 26 de julio acudió a una comisaría y denunció todo.

Casi tres meses después, a mediados de octubre, el acusado volvió a quedar con B.C. para “aparentemente congraciarse con él” a pesar de que había visto que “no se ejecutaba la tarea” de matar a Cañito. En aquella segunda reunión, celebrada en un bar de la avenida de San Lázaro, cambió de tercio y dio a su interlocutor “una bolsa con una sustancia de color marrón” que, según le dijo, era droga. En efecto eran 380 gramos de heroína. También le comentó que la podía vender a 50 euros el gramo. Obviamente, tenía el “claro propósito de enriquecerse mediante su venta a terceras personas en el mercado ilícito”, apuntaba la Fiscalía. El otro varón, de nuevo, no sólo no vendió esa sustancia sino que el 18 de octubre regresó a la comisaría y volvió a denunciar lo que acababa de pasar.

Para entonces ya había en marcha un dispositivo de seguimiento del procesado que había empezado a funcionar desde la primera denuncia. Durante esas tareas, Popeye fue visto conduciendo “de forma cotidiana” por La Algaba una motocicleta aunque carecía de permiso para llevar un vehículo así. Este hecho, que sí fue reconocido por el investigado en el juicio, es la razón de su condena por un delito contra la seguridad vial.

El día después de que B.C. entregase la heroína en la comisaría, la Policía registró la vivienda de Popeye en La Algaba. Allí encontró chalecos, placas y carteras con la serigrafía de la Guardia Civil, 620 euros procedentes del tráfico de drogas, una táser (“arma prohibida”, recuerda la Fiscalía) y por supuesto droga. Según el recuento provisional, eran 3,2 kilos de heroína y 39,1 gramos de resina de cannabis.

El desenlace del caso tiene poco o muy poco que ver con el que podría haber sido si la Fiscalía hubiese dispuesto del testigo clave para hacer bueno su escrito de calificación provisional, en el que solicitaba diecinueve años y medio de cárcel para el acusado por cuatro delitos: nueve años por proposición para cometer homicidio, ocho años y medio por el delito contra la salud pública agravado por la “notoria cantidad” de la droga intervenida, dos años por tenencia ilícita de armas y una multa de 5.400 euros por un delito contra la seguridad vial. A esas penas había que sumar otra astronómica multa de 200.000 euros por el narcotráfico. Tras la conformidad se redujo en casi un 80%.

Fruto de ese acuerdo entre la defensa y la Fiscalía, la Sección Séptima impuso a Popeye tres años por el tráfico de drogas (rebajado en varios grados al retirar la agravante de “notoria cantidad”), seis meses por la tenencia ilícita de armas y una multa de 2.160 euros por el delito contra la seguridad vial. En cuanto a la multa por el delito contra la salud pública, quedó fijada en algo menos de 13.000 euros.

El origen de todo: el asesinato de un marroquí

El hecho inicial que derivó en este intento de homicidio por encargo ocurrió el 14 de mayo de 2021 y fue la muerte de un ciudadano marroquí que recibió una paliza en la calle Lebreles, en la barriada de Madre de Dios. Salvado allí mismo por un policía que lo reanimó, falleció sin embargo dos semanas después en el hospital. A principios de julio, el Grupo de Homicidios detuvo a uno de los presuntos autores, un varón que pertenecía a la organización de Cañito, pero acabó siendo puesto en libertad por falta de pruebas. El propio Cañito llegó a presentarse ante la Policía, pero igualmente resultó imposible imputarle el crimen, que hoy sigue sin resolverse. Unos días después, los agentes del Grupo de Atracos averiguaron que una persona había recibido el encargo de matar a un hombre, esto es, Cañito, y que había decidido no materializar el homicidio a pesar de las amenazas de muerte que recibió si no ejecutaba el plan. Este varón, B.C., era amigo del hombre que falleció por la paliza en Madre de Dios. La investigación siguió adelante y provocó la detención de Popeye, que en aquel entonces era un completo desconocido para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a pesar de estar bastante controlado por las autoridades de su país de origen, Francia. De hecho, ni su círculo más próximo conocía la vivienda de La Algaba donde pernoctaba.