Los 44 policías locales afectados por el amaño de las oposiciones ganan tiempo

Los 44 policías locales de Sevilla afectados por la sentencia que obliga a repetir el examen de las oposiciones del año 2012 ganan tiempo. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado retrotraer las actuaciones para que se tramite de nuevo el incidente de inejecución de la sentencia que plantearon los agentes afectados.

La nueva tramitación del incidente de inejecución para que se ajuste a la legalidad vigente hace que los agentes ganen tiempo: de verse abocados a repetir el examen, que llegó a fijarse incluso para septiembre de 2023 -aunque la juez suspendió la repetición de la prueba ante el cambio de postura del Consistorio-, los afectados han podido comprobar que, casi un año después, pueden seguir desempeñando sus funciones, lo que complica a su vez que, cuando finalice el proceso, las oposiciones se repitan. Cuanto más tiempo pasa, y ya van más de 12 años desde que tuvieron lugar aquellas polémicas oposiciones, más se complica la posibilidad de ejecutar el fallo conforme a la jurisprudencia del Alto Tribunal, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico.

A lo largo de este procedimiento se han alegado hasta doce motivos para no cesar a los 44 policías locales afectados por la sentencia. En su recurso, el Consistorio insistió en los perjuicios económicos y para la seguridad ciudadana que supondría la destitución de los funcionarios y reiteró que lo "correcto jurídicamente" sería, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, indemnizar al opositor que desde el principio denunció el caso.

La defensa de un grupo de 14 agentes enumeró hasta una docena de motivos que afectan al servicio público y que originarían "graves e irreparables perjuicios a opositores y terceros de buena fe" que, a su juicio, imposibilitan la ejecución de la sentencia dictada y aconsejarían la inejecución del fallo, por lo que pide al TSJA que se acuerde la nulidad del auto del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 7 de Sevilla que rechazó el incidente de nulidad, al estimar que la decisión de la magistrada vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

La defensa señala como primer motivo el tiempo que ha pasado desde el nombramiento como funcionarios de carrera de los 44 policías locales -que tuvo lugar el 2 de Julio del 2013- y la fecha inicial de ejecución de la sentencia, año 2023, habiendo transcurrido más de 10 años y "pudiendo alargarse varios años más en función de la tramitación de la ejecución del fallo y los más que seguros recursos que puedan plantearse en el presente proceso de ejecución".

Además, alega que la pérdida masiva de 44 policías conlleva la consiguiente reducción de la seguridad pública, provocando inestabilidad en el empleo de las personas que llevan más de una década cumpliendo con su trabajo, argumenta la defensa, que recuerda que actualmente el Ayuntamiento dispone de 422 funcionarios menos de los que Sevilla precisa para su seguridad pública contando con una plantilla, "s.e.u.o, de 964 policías locales, de los cuales solo hay 590 en servicio activo operativos, 277 policías locales en funciones administrativas, y 134 mandos, número de efectivos muy inferiores a los que legalmente corresponde, debiendo descontar los 44 funcionarios afectados de los 590 de servicio operativo, por lo tanto quedarían mermada la plantilla operativa, la que da servicio en vía publica a 546 funcionarios a repartir en turnos".