Un grupo de 33 policías afectados por las oposiciones plantea que se indemnice al denunciante para no ser cesados

Un grupo de 33 policías locales de Sevilla afectados por la sentencia que obliga a repetir el caso práctico de las oposiciones del año 2012 han presentado un "incidente de ejecución" en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7, en el que plantean la imposibilidad material de ejecutar la sentencia con el cese de todos estos agentes y que se indemnice al denunciante por parte del Ayuntamiento, dado que el cese de los funcionarios once años después de que lograran sus plazas supone "una brecha para la seguridad en la ciudad" y además acarrearía la "muerte civil" desde el punto de vista económico y familiar.

Según han confirmado a este periódico fuentes judiciales, la defensa de estos 33 agentes, representados por el sindicato mayoritario de la Policía Local, ha reiterado el incidente de ejecución que planteó antes de que se cumpliera el plazo voluntario para la ejecución de la sentencia por parte del Ayuntamiento de Sevilla y la juez de lo Contencioso-administrativo número 7 no se ha pronunciado sobre la misma, a la espera de recibir el informe del Consistorio sobre por qué no se ha ejecutado todavía el fallo.

En el escrito, el abogado de estos 33 agentes alega que once años después de aquellas oposiciones se han producido una serie de circunstancias y actos administrativos que "hacen que la sentencia resulte inejecutable en los términos señalados en la misma", y en este sentido explica que cuatro de los agentes afectados han realizado una permuta de sus plazas por la de otros agentes en las provincias de Málaga y Cádiz, tratándose estas permutas de actos administrativos "firmes y no afectados por el fallo de la sentencia", con lo que en caso de que fueran cesados se estaría afectado de forma directa a funcionarios que nunca han sido parte del proceso selectivo y tampoco han sido partes en el proceso, argumenta la defensa.

De la misma forma, advierte que otros tres agentes han promocionado durante estos años a oficial de policía y hay otros agentes que padecen alguna enfermedad que podría provocar su exclusión de las oposiciones si se anula su nombramiento y se retrotrae el proceso para que vuelvan a presentarse al examen práctico, dado que la bases de la convocatoria no han sido afectadas por la sentencia.

También alegan que la composición y el nombramiento del tribunal es un acto previo que no se ha impugnado y, por tanto es firme, dándose la circunstancia de que uno de los miembros de aquel tribunal ya se ha jubilado, por que lo resulta imposible que aquel tribunal calificador pueda "plantear y corregir un nuevo supuesto práctico". Y alega asimismo que se daría la paradoja de que los aspirantes en el año 2023 tendrían que examinarse con un temario "obsoleto y derogado del año 2008".

Casi 50 agentes menos en una plantilla mermada

Pero el argumento central de la defensa de esos agentes se centra en los problemas que plantea el cese de los más de 40 policías locales en una plantilla "ya de por sí mermada por las jubilaciones anticipadas y la falta de efectivos", a lo que hay que añadir la falta de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, y teniendo en cuenta que estas plazas no se podrían cubrir de forma inmediata con personal interino.

Esto provocaría que durante años habría una "brecha de seguridad en la ciudad, ya que será imposible disponer de los agentes suficientes para cubrir los cuadrantes de turnos y mantener los servicios que la Policía Local ha de prestar obligatoriamente por ley".

La defensa plantea una cuestión de relevancia y es que, según señala, de los agentes afectados en estas oposiciones "sólo 13 de ellos estuvieron encausados en el procedimiento penal", mientras que sobre el resto "nunca hubo el más mínimo atisbo de duda sobre su participación en las pruebas selectivas", por lo que "en ningún momento se ha dudado sobre la corrección del nombramiento" de estos funcionarios que, sin embargo, se ven afectados por el fallo de la sentencia y su posible ejecución, asevera.

Además de los problemas de seguridad, los agentes alegan que la ejecución de la sentencia y su cese como funcionarios policiales significaría la "muerte civil" desde el punto de vista económico y familiar de todos los agentes que obtuvieron plaza en estas oposiciones, causando unos "gravísimos perjuicios de ejecutarse la sentencia dadas las cargas familiares, hipotecas, préstamos personales, etc... a los que se ven sometidos" tras estos más de 11 años.

Al tener que realizar un nuevo "caso práctico" -como obliga la sentencia- se encontrarían "en situación de desigualdad respecto del resto de aspirantes que podrían presentarse y que pueden llevar años de preparación de academias", lo que colocaría a estos agentes en una "situación de desventaja" sobre el resto pues, prosigue, "el ejercicio de la función policial nada tiene que ver con la preparación y estudio de un caso práctico".

El precedente de unas oposiciones en Málaga

Estos agentes citan un precedente en un caso de unas oposiciones de la Policía Local de Málaga del año 2002 respecto al nombramiento de 94 agentes, en el que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró "no ejecutable" su propia sentencia dictada en noviembre de 2009.

Según el auto del TSJA, la ejecución de esa sentencia "provocaría un sacrificio desproporcionado en la medida en que se produciría una merma considerable en la actual plantilla de la Policía Local y por ello a la seguridad ciudadana".

El Alto Tribunal andaluz consideró entonces "no ejecutable en sus propios términos la sentencia" y, en consecuencia, determinó que era preciso "indemnizar a los recurrentes y en la actualidad ejecutantes en la cantidad que se determine una vez se abra y resuelva el correspondiente incidente".

La defensa pide por tanto a la juez que declare la sentencia como "inejecutable" y en su caso acuerde "fijar la compensación económica a abonar al actor por la Administración demandada".

Esta misma semana, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, recordó que los servicios jurídicos están preparando ya el informe que ha solicitado la juez sobre por qué no se ha ejecutado la sentencia que obliga a cesar a los 44 agentes y añadió que "con ese informe que se envíe se hará lo que diga la jueza".