Más de la mitad de los policías afectados por la filtración de las oposiciones se da de baja por motivos de salud

Más de la mitad de los 44 policías locales afectados por la "filtración" de la oposiciones de la Policía Local del año 2012 se ha dado de baja en cascada por motivos de salud, después de que el pasado lunes trascendiera que el Ayuntamiento de Sevilla ha informado a la juez encargada de ejecutar la sentencia que cesará a los agentes en el mes de septiembre.

Según han confirmado a este periódico fuentes del caso del grupo de policías locales que están obligados a repetir el caso práctico de aquellas oposiciones, 25 agentes han causado baja laboral por motivos de salud en los últimos días, debido a las consecuencias psicológicas derivadas del anuncio del cese y a la presión a la que están sometidos, teniendo en cuenta de que la mayoría de ellos desarrollan su labor frente al ciudadano, lo que generaba aún más tensión si cabe.

Así, una buena parte de estos agentes está destinada en la Unidad de Motos la Policía Local, donde se han registrado alrededor de siete bajas, mientras que otros tantos agentes se encuentran de permiso o disfrutando de las vacaciones, lo que no impide que también puedan causar baja cuando tengan que reincorporarse. Algunas de estas bajas, en las que se alega principalmente una profunda depresión derivada de la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la obligación de repetir el caso práctico de las oposiciones de 2012, se solicitaron con anterioridad a la contestación que ha dado el Ayuntamiento a la juez de lo Contencioso-administrativo número 7 de Sevilla en relación a la ejecución de la sentencia y a la destitución de estos funcionarios.

El hecho de que los agentes permanezcan de baja por motivos de salud no impediría, en su caso, que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, lleve a cabo el anunciado cese de estos 44 agentes -en realidad son algunos menos porque cinco de ellos permutaron su plaza y ahora pertenecen a las policías locales de localidades de otras provincias- el próximo mes de septiembre, puesto que el Ayuntamiento lo que está haciendo en este caso es acatar la sentencia dictada por los tribunales, han apuntado otras fuentes consultadas por este periódico.

En el informe remitido al juzgado de lo Contencioso-administrativo número 7 de Sevilla por el jefe de servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento, al que tuvo acceso este periódico, se justificó el retraso del cese de los agentes hasta después del verano para causar el "menor daño posible" al servicio de la Policía Local.

En concreto, el dictamen señala lo siguiente al respecto: "Con la intención de causar el menor daño posible a la prestación de sus servicios por parte del cuerpo de la Policía Local de Sevilla, y también a los afectados por la sentencia 51/20 que participaron de buena fe y que, en principio, fueran ajenos a las filtraciones que se hubieron producido, desde el servicio de Recursos Humanos entendemos que podría demorarse también hasta el mes de septiembre, antes en todo caso de la repetición del examen, el cese efectivo de la relación de servicios que une con el Ayuntamiento de Sevilla a los policías cuyo nombramiento ha sido judicialmente anulado".

Ahora, la baja de más de la mitad de los agentes afectados por las oposiciones amenaza precisamente con perjudicar la prestación de servicio porque, como en el caso de la Unidad de Motos, al estar los agentes de baja esto implica que habrá menos funcionarios de patrulla, con el consiguiente perjuicio en la organización de los turnos de trabajo, que tendrán que reorganizarse.

La ejecución del fallo es "compleja y prolija"

El Consistorio reconoció además que la ejecución de esta sentencia es "más compleja y prolija que la de otras resoluciones jurisdiccionales, tanto por la naturaleza de los actos administrativos parcialmente anulados, como por el tiempo (más de diez años) transcurrido desde que se dictaron". A esto añadía la "incidencia directa" que en la ejecución de la sentencia han tenido las elecciones municipales del 28-M, destacaba el informe municipal, que explica que el cambio de gobierno con la llegada del nuevo alcalde popular, José Luis Sanz, "ha afectado a los órganos competentes para la ejecución de la sentencia".

En cualquier caso, el Ayuntamiento recordó que hay dos informes -uno de Recursos Humanos y otro del letrado-jefe de la Asesoría jurídica municipal- que presentan un "alto grado de coincidencia" en lo que respecta a la ejecución de la sentencia, y precisaba que el pasado 29 de junio, el delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Recursos Humanos dictó una resolución para "excluir a 18 policías afectados" por la sentencia del proceso para la provisión de 17 plazas de "oficial" de la Policía Local, una exclusión que se fundamenta "no sólo en la ejecución directa de la referida sentencia, sino también en la necesidad de impedir que se pueda dificultar la posterior ejecución completa de esta última".

El informe del Ayuntamiento subraya que el aspecto "nuclear" de la ejecución de la sentencia es "sin lugar a dudas, la repetición del ejercicio práctico de las oposiciones en condiciones de igualdad y con respeto estricto a los principios de mérito y capacidad", y añade que es precisamente en la repetición del examen en lo que se está trabajando actualmente en el servicio de Recursos Humanos, para lo cual hay que nombrar un nuevo tribunal calificador no sólo por cuestiones de oportunidad, sino también de necesidad, ya que "buena parte de los integrantes del tribunal original ya no tienen la condición de funcionarios de carrera", algunos incluso se han jubilado ya.

En segundo lugar, precisaba, hay que buscar una sede adecuada para la realización del examen teniendo en cuenta que podrían concurrir hasta 250 aspirantes y, eventualmente, tramitar el contrato administrativo necesario para su utilización, además de notificar individualmente a cada uno de ellos.

Estas consideraciones, unido al periodo estival en el que no encontramos, llevan al Ayuntamiento a estimar que "la repetición del caso práctico podría llevarse a cabo a finales del próximo mes de septiembre".

La juez requirió al Ayuntamiento para que "siga efectuando gestiones" para ejecutar el fallo

Tras el informe remitido por el Ayuntamiento, la juez de lo Contencioso-administrativo número 7 de Sevilla, Muria Marín, dictó una providencia en la que reconoce que el Ayuntamiento hispalense ha iniciado las actuaciones para el "cumplimiento de la sentencia" y, en este sentido, requirió al Consistorio para que "siga efectuando gestiones con el mismo fin de cumplimiento, debiendo informar a este juzgado del resultado de las mismas".

Antes de que se produjeran estas últimas actuaciones, un grupo de 33 policías locales de Sevilla afectados por la sentencia que obliga a repetir el caso práctico de las oposiciones del año 2012 presentaron un "incidente de ejecución" en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7, en el que plantean la imposibilidad material de ejecutar la sentencia con el cese de todos estos agentes y que se indemnice al denunciante por parte del Ayuntamiento, dado que el cese de los funcionarios once años después de que lograran sus plazas supone "una brecha para la seguridad en la ciudad" y además acarrearía la "muerte civil" desde el punto de vista económico y familiar.

Según han confirmado a este periódico fuentes judiciales, la defensa de estos 33 agentes, representados por el sindicato mayoritario de la Policía Local, reiteró recientemente el incidente de ejecución que planteó antes de que se cumpliera el plazo voluntario para la ejecución de la sentencia por parte del Ayuntamiento de Sevilla y la juez de lo Contencioso-administrativo número 7 no se ha pronunciado sobre la misma, a la espera de recibir el informe del Consistorio sobre por qué no se ha ejecutado todavía el fallo.